ALEJANDRO TARRE 1 SEP 2015
@alejandrotarre
La
crisis entre Venezuela y Colombia nos recuerda la brecha que puede existir
entre lo que alguien pretende ser y lo que es. El chavismo siempre se ha vanagloriado
de defender a los más pobres. Pero el gobierno de Nicolás Maduro ordenó hace
poco la cruel deportación de más de 1.000 colombianos, incluyendo niños. A
muchos de los deportados les robaron sus pertenencias durante los desalojos y a
otros les demolieron sus hogares. Pululan reportes de refugiados expulsados,
niños separados de sus padres y hasta abusos sexuales a mujeres.
No es
la primera vez que la cúpula chavista traiciona los valores que dice defender.
Ya antes ha demostrado que ante la amenaza de perder poder es capaz de casi
cualquier cosa. Porque seamos claros sobre lo que está ocurriendo: Maduro
decidió utilizar a Colombia como chivo expiatorio de la grave crisis de su
país. Y, para tratar de legitimar con acciones esta farsa, ordenó un operativo
que viola derechos elementales de personas sin recursos que no tienen cómo
defenderse.
Por
supuesto, el gobierno ya fraguó una narrativa para camuflar esta fea realidad.
El detonador de la crisis fue supuestamente un altercado con contrabandistas
colombianos que dejó a varios militares venezolanos heridos. Pero Maduro ha
aclarado que la causa de fondo es la presencia de paramilitares y otros
criminales colombianos en su país. Asegura que ellos son los responsables del
auge del contrabando y el crimen, razón por la cual ordenó cerrar parte de la
frontera y deportar indiscriminadamente a colombianos sin documentos.
Estas
medidas no tienen sentido. No hay correlación alguna entre la inmigración
colombiana y el crimen. En Venezuela, desde la caída de la dictadura en 1958
hasta 1989 la tasa de homicidios se mantuvo estable, nunca superando las 10
víctimas por cada 100.000 habitantes a pesar de la masiva inmigración
colombiana durante ese período. Entre 1989 y el 1993 la tasa se duplicó,
presumiblemente por la grave crisis institucional que siguió al Caracazo. Pero
a partir de 1994 la tasa se estabilizó. No fue hasta 1998, cuando Hugo Chávez
ascendió al poder, que la tasa se disparó, cuadruplicándose durante los
siguientes tres lustros.
¿Por
qué el crimen aumentó? Nunca es fácil establecer las causas de una ola de
crimen. Pero una explicación persuasiva es el colapso institucional que acarreó
la revolución bolivariana y la incompetencia de Maduro y su predecesor para
lidiar con problemas como la falta de jueces y fiscales, los escasos recursos
de las policías y la proliferación de armas. Hoy en Venezuela 90% de los
homicidios no son castigados. Y de esto no se puede culpar a los colombianos ni
a nadie que no sea el gobierno venezolano.
El
boom del contrabando también es culpa del chavismo. Es verdad que muchos
colombianos son pequeños contrabandistas o incluso miembros o líderes de las poderosas
mafias fronterizas. Pero muchos venezolanos también lo son. Esta profesión no
discrimina en base a nacionalidad porque las personas que la escogen
simplemente responden a poderosos incentivos económicos.
Y en
Venezuela los controles de precio y de cambio son poderosísimos incentivos. Una
persona puede comprar un producto a precio regulado y revenderlo en Colombia a
un precio mucho más alto. Por ejemplo, una gandola llena de gasolina cuesta
menos de siete dólares en Venezuela y se vende por 25.000 en Cúcuta. Con los
alimentos, los medicamentos, la ropa y otros productos con precios “solidarios”
las ganancias del contrabando también son increíblemente altas.
Lo
cual deja al gobierno venezolano con dos opciones: atacar la raíz del problema
desmontando los controles que estimulan el contrabando o enzarzarse en el juego
eterno de capturar a un contrabandista para que surjan otros. En teoría el
Gobierno ha escogido la segunda opción. Y digo “en teoría” porque deportar
indiscriminadamente a colombianos no es un método represivo racional. Entre los
deportados hay personas que no se dedican al contrabando o que, si lo hacen,
mueven volúmenes insignificantes. A los verdaderos capos, incluyendo los que
trabajan en las instituciones venezolanas, no los afectan un ápice las
deportaciones y pronto encontrarán maneras de burlar el cierre parcial de la
frontera.
En el
fondo, las medidas de Maduro parecen ser una simple maniobra electoral. Su
popularidad está por el suelo, se aproximan unas elecciones legislativas y
seguramente busca una distracción a la crisis y desviar culpas. Quizá sólo le
interesa que sus acciones “parezcan” un ataque frontal contra el contrabando.
Que en realidad no lo sean no parece importarle mucho, como tampoco parece
importarle utilizar a colombianos pobres como desechables personajes de
utilería en esta burda obra teatral. La decisión de la OEA de negarse a
convocar una reunión para analizar las deportaciones es una de las más
vergonzosas de su historia reciente.
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