Por Jesús Alexis
González, 16/11/2015
El pasado 10/11/15, el
Ejecutivo Nacional vía Ley Habilitante y en aras de, sostienen, consolidar el
orden económico socialista, aprobó la reforma de la Ley Orgánica de Precios
Justos, motivado fundamentalmente, afirman,
a que “El Gobierno revolucionario se encuentra impulsando la continuidad de la
construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI, como alternativa al
sistema capitalista (…) los efectos
perversos de un esquema mercantilista e injusto, que durante muchos años ha
sido la regla de la llamada “mano invisible del mercado” (…) que así funcionó
entre gobiernos irresponsables y los “empresarios apátridas” en medio de una
cultura especulativa….”.
En la Reforma en comento,
se aumentan las sanciones y penas con especial
énfasis en la prisiónde acuerdo a:Especulación:
8 a 10 años; Alteración fraudulenta:
5 a 10 años; Acaparamiento: 8 a 10
años; Boicot: 12 a 15 años; Reventa de productos: 3 a 5 años; Contrabando de extracción: 14 a 18 años;
Usura: 5 a 8 años; Alteración fraudulenta de precios: 8 a
10 años; Corrupción entre particulares: 4
a 6 años; Difusión fraudulenta de
precios: 2 a 4 años. Es de destacar, que los delitos de especulación,
acaparamiento, boicot y contrabando no
serán objeto de beneficios ni en los procesos judiciales, ni en el
cumplimiento de la pena; con el añadido que este esquema carcelario es aplicable a las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades económicas en el territorio venezolano, incluidas las que se realizan a
través de medios electrónicos; dejando sentado que los socios, así como los
miembros de los órganos de dirección, administración, gestión, personal
operativo y de vigilancia de las personas jurídicas, así como medios de comunicación
social, páginas web y otros medios públicos serán personalmente y solidariamente responsables por ante la justicia
venezolana de los delitos cometidos por las empresas que representan, teniendo
como destino la cárcel en su doble
función: castigar y rehabilitar,
agrupados por afinidad de delitos cometidos tal como la de Ramo Verde perfilada para “conspiradores” donde existen celdas de aislamiento sin ventanas donde
apenas cabe un colchón, en flagrante
violación al Artículo 272 Constitucional en cuanto a que “El Estado garantizará
un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y
el respeto a sus derechos humanos”.
El mandato Constitucional antes citado, está
muy alejado de su potencial aplicación en razón a la presencia de un “sistema carcelario” que para 1998
tenía una capacidad para 17.000 internos y una población de 25.000; en 2015 la
población penitenciaria es de unos 55.000 reclusos en una capacidad carcelaria
de 19.000 personas para un hacinamiento del 190% muy por encima del 30% que se
considera crítico. Se desprende, que no es por casualidad que en las cárceles
de Venezuela mueren más reclusos que en
todas las prisiones juntas de América Latina. Siendo así, cabe preguntarse
sobre la intención gubernamentalde aumentar
el hacinamiento carcelario con la presencia de muchos actores del hecho
económico y del tejido empresarial en camino a la denigración y perdida de
la dignidad y el honor, cuyas indebidas
acciones (¿delitos?) emanan, en su gran mayoría, de un complejo proceso de apropiación gubernamental de la economía en
tránsito al socialismoque ha colocado en situación de minusvalía al sector
productivo privado, impidiéndole poder cumplir los roles que les son inherentes; pero al mismo tiempo ese “fracaso” de
la actividad privada revestida de una supuesta “guerra económica” es utilizada
mediáticamente por el oficialismo para desviar la verdadera razón de la crisis:
pésimas políticas económicas al margen
de una economía política.
Venezuela, gracias a
la tendencia creciente de los ingresos petroleros (¡hasta ahora!), expandió el
gasto público en los últimos años al tiempo de crear un tejido de empresas
públicas cuya gran mayoría provienen de la nacionalización (expropiación) de
muchas empresas del sector privado, e igualmente instrumentó transferencias
directas a personas a través de las misiones. Ante la presunción de permanentes
altos ingresos petroleros, el país no acumuló ahorros para enfrentar
contingencias futuras y muy por el contrario incurrió en un continuo financiamiento
de déficits fiscales a través de la
política monetaria cuando dichos ingresos cayeron, en paralelo con la
instauración de controles y regulaciones de precios y de perturbar la
participación del sector privado en la oferta de bienes, todo lo cual propició
que la inflación para agosto 2015 se situara sobre un 150%. Es claro, que las
medidas cambiarias y la regulación de la participación del sector privado en la
producción y distribución de algunos bienes, ha generado una gran escasez de productos básicos,
mayores presiones inflacionarias y problemas de suministro ante un aparato
productivo dependiente de las importaciones en un país con deficientes reservas
internacionales, hasta configurar una situación de estanflación (mínimo crecimiento con alta inflación) propiciando
una caída persistentedel PIB ( 8% en 2015).
En resumen, la LO de
Precios Justos facilita calificar como
delincuente desde los dueños de empresas hasta al más humilde de sus
trabajadores, en tránsito a la cárcel no
con un propósito de rehabilitación sino de ¡inhabilitación!;
de allí nos emerge una percepción según la cual se está utilizando la “prisionizacion” de los industriales,
empresarios, comerciantes y trabajadores como una ofrenda populista para satanizar el “capitalismo” en favor del
“socialismo”, al tiempo de seguir pidiendo más paciencia y sacrificio al
“pueblo” hasta tanto se acabe, dicen,
con la “guerra económica” propiciada por la burguesía criolla con apoyo de
EEUU, y se alcance un mundo de justicia;
y en el infinito transcurrir mientras se logra esa utopía, el pueblo sufre
crisis hambruna y de colas cuya esencia la manipulan oficialmente como¡culpa de los empresarios privados!
Economista Jesús Alexis González
@jesusalexis2020
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