ANDRÉS OPPENHEIMER 12 de diciembre de 2015
@oppenheimera
A
juzgar por su comportamiento pasado, es probable que el presidente de Venezuela
Nicolás Maduro intente varias triquiñuelas –como sobornar o inhabilitar a
algunos legisladores opositores– para disminuir la supermayoría opositora en la
recién electa Asamblea Nacional. Pero hay tres grandes razones por las que
probablemente no logrará anular los poderes del nuevo parlamento.
En
primer lugar, la victoria de la coalición opositora fue tan aplastante que
Maduro se enfrentaría a una explosión social si no reconoce los derechos de la
nueva Asamblea Nacional. A pesar de competir con todas las reglas electorales
en contra, la oposición ganó 112 de los 167 escaños de la Asamblea Nacional,
una mayoría de dos tercios que le permite convocar a un referéndum nacional que
podría conducir a la destitución de Maduro.
Irónicamente,
el régimen chavista cayó en su propia trampa: había impuesto reglas electorales
que beneficiaban enormemente a los distritos oficialistas, dándoles mucha mayor
representación en el Congreso que a estados con mayoría opositora. Gracias a
este sistema, el gobierno chavista había ganado una mayoría en la Asamblea
Nacional a pesar de haber perdido el voto popular en 2010.
Pero
esta vez, al gobierno le salió el tiro por la culata, porque la oposición
arrasó en 20 distritos que eran tradicionalmente chavistas, lo que le permitió
a la coalición opositora ganar el 67 por ciento de las bancas de la Asamblea
Nacional con un 56 por ciento del voto popular.
El
diputado opositor Julio Borges –que está entre los principales candidatos a ser
presidente de la nueva Asamblea Nacional– me dijo en una entrevista que el
tamaño de la victoria opositora hará casi imposible para el gobierno desconocer
la autoridad del nuevo congreso.
“Fue
una especie de terremoto”, me dijo Borges. “El gobierno no podrá desconocer
esta victoria, no solo porque ganamos dos tercios del Parlamento, sino también
por el hecho de que, por un margen de 2.5 millones de votos, la población pidió
un cambio total en Venezuela”.
La
segunda razón por la cual Maduro tendrá dificultades para restringir los
poderes de la Asamblea Nacional es que, esta vez, no va a tener el apoyo
automático de los países más grandes de América Latina.
En el
pasado, cuando Chávez y Maduro abusaban de los poderes públicos para quitarle
espacios a la oposición, Brasil, Argentina y otros países de la región miraban
para otro lado.
Pero
ahora, el nuevo presidente argentino Mauricio Macri ha dicho que pedirá
sanciones diplomáticas contra Venezuela si Maduro no cumple con los compromisos
regionales de respetar los principios democráticos. Y la presidenta de Brasil
Dilma Rousseff, debilitada por un juicio político y una grave crisis económica,
ya está suavizando su apoyo anteriormente incondicional a Maduro. Los vientos
políticos están cambiando en la región.
Si
Maduro hace un golpe de Estado en cámara lenta para despojar a la nueva
Asamblea Nacional de sus poderes, la Organización de Estados Americanos podría
invocar su Cláusula Democrática y pedir sanciones diplomáticas, como lo hizo
cuando el ex presidente peruano Alberto Fujimori disolvió el Congreso de su
país en 1992.
La
tercera razón por la cual a Maduro le será difícil suprimir o ignorar la nueva
mayoría en el Congreso, es que el precio del petróleo –que representa el 98 por
ciento de los ingresos extranjeros de Venezuela– ha caído a su nivel más bajo
en siete años, y no es probable que se recupere mucho a corto plazo.
Venezuela
está en bancarrota, al borde de una crisis humanitaria, y el gobierno no tiene
dinero para poner en marcha nuevos programas sociales que le permitan recobrar
el apoyo de muchos venezolanos descontentos.
Mi
opinión: la revolución “bolivariana” de Venezuela está contra las cuerdas. Por
primera vez en 17 años, ya no gozará de la hegemonía de todos los poderes del
Estado, ni de un apoyo incondicional de sus vecinos, ni de una avalancha de
petrodólares.
Cuanto
menos, la nueva Asamblea Nacional podrá controlar el presupuesto, nombrar
jueces independientes, investigar la corrupción y permitir que operen medios
independientes. Y si Maduro hace un golpe de Estado contra el Parlamento,
iniciará un proceso que –como sucedió con Fujimori– podría llevar a su
destitución.
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