Por Marcos David Valverde/Correo del Caroní
En la masacre de Tumeremo hay, por supuesto, responsabilidad estatal. Porque se trata de una zona militar y, por tanto, el Estado no garantizó la seguridad. Y hay también parte de la culpa sobre la gobernación de Bolívar y sobre el gobernador Francisco Rangel Gómez. Pues las garantías de esa seguridad también recaen sobre ella. Así lo explica Marino Alvarado, abogado y miembro permanente del Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea). Pero antes, sentencia: “No solo ha habido omisión, sino que ha habido complicidad”.
- ¿En qué radica esa complicidad?
- Porque se ampara en un asesinato, como ocurrió en La Paragua, y porque han participado en la minería y en otros casos que los indígenas han denunciado. Es bastante factible que, con lo que ocurrió en Tumeremo, hayan participado funcionarios del Estado. En ese contexto, no es tan descabellado pensar que lo que vienen diciendo los sobrevivientes sea verdad.
- ¿Hay sustentos para exigir la renuncia de Rangel Gómez?
- Por dignidad de él mismo, lo más adecuado que puede hacer es renunciar. En primer lugar porque él le mintió al país y a los familiares de las víctimas al negar tajantemente que el hecho había ocurrido. Además, lo hizo sin el mínimo sentido de humanidad frente a los familiares y ellos denunciaron. De una u otra forma, la Fiscalía debería investigar si hay una responsabilidad intelectual por parte del gobernador y debería ser investigado por la actitud que ha tenido porque podría perturbar las investigaciones. Creo que la población del estado Bolívar y el país deben exigirle la renuncia al gobernador. Es una de las actitudes más bochornosas que ha habido en la historia venezolana sobre la actitud de un funcionario. No estamos hablando de cualquier cosa, sino de la posibilidad de que 28 personas hayan sido asesinadas.
Eso lo hace sospechoso de tener una responsabilidad en el caso. Por su propia dignidad, él debería renunciar. Y no esperar que el país le pida la renuncia.
- En cuanto a los comportamientos de la fiscal (Luisa Ortega Díaz) y del defensor del Pueblo (Tarek William Saab) se ha hablado de una rivalidad. ¿Lo ve así?
- No me atrevería a afirmar que hay una rivalidad. Ellos han actuado de manera correcta, particularmente el defensor al visitar la zona porque eso, de una u otra forma, les da confianza a los familiares para hablar al decir lo que pasó. Me preocupa, sí, que a veces Tarek parece vocero del Ejecutivo y perdiera independencia. Debe ser comedido en el tipo de información que dé y, sobre todo, la responsabilidad principal de Tarek es contribuir a que se pueda investigar si funcionarios del Estado participaron en la masacre. Allí sí tendría competencia directa porque hablaríamos de violación de derechos humanos.
- ¿Cómo evalúa la actuación de la fiscal?
- Creo que la fiscal ha venido informando de manera muy ponderada al adelantar las investigaciones.
Lo que debería ser
- ¿El Estado debe resarcir a las familias por todos estos daños?
- Fíjate, a mí este caso se me asemeja mucho a la masacre de El Amparo. Primero, porque los sobrevivientes, como también ocurrió en La Paragua (en 2006), no tuvieron miedo de informar. En segundo lugar, los familiares se pusieron al frente de la denuncia y, en tercer lugar, está la actuación de la población que acompañó a los familiares. Hay un cuarto elemento que es la actuación de la Asamblea Nacional. Con El Amparo, el Congreso investigó y hubo una rápida respuesta de los parlamentarios de la época. Ello habla de la importancia de un Poder Público que actúe rápidamente. La actuación de esta Asamblea ratifica la importancia de tener poderes públicos independientes. Por eso, también, le reconozco la valentía a Américo De Grazia: por él, se apoyó a las familias, el país pudo enterarse y las instituciones tuvieron que actuar.
- El Presidente de la República habló, en un primer momento, de paramilitarismo en este caso. Al respecto, ¿sus palabras acarrean responsabilidades?
- Se ha denunciado la presencia de grupos irregulares que pueden ser paramilitares, guerrilla y grupos que se han conformado con funcionarios del Estado venezolano. Ahora, la lucha que deben dar los familiares es que se llegue a los responsables intelectuales y materiales para que esta situación no se repita. Que se castiguen los culpables y se sepa la verdad.
- Los medios estatales también ocultaron la situación.
- Actuaron con una gran complicidad y estaban burlándose de los familiares y negaron el hecho. Ha sido una política comunicacional bastante cuestionable. No es ni siquiera una actitud ignorante, sino que fue a propósito: desde el primer momento se tuvo la intención de ocultar los hechos. Por eso el gran valor de la actuación del diputado De Grazia y de los familiares.
20-03-16
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