Por Janet Quefellec / José
Luis Carrillo
En primera discusión han
sido aprobados cinco proyectos y están siendo evaluados por las respectivas
comisiones que prepararán informes, que luego serán debatidos en plenaria
Este 5 de marzo se
cumplieron los tres primeros meses de gestión de la Asamblea Nacional. Estos 90
días se han caracterizado por un conflicto entre el Poder Ejecutivo, el
Legislativo y el Judicial, ya que muchas de las iniciativas de la nueva AN, como
la intención de revertir la designación de los 13 magistrados del TSJ, la
comparescencia de funcionarios públicos ante el Parlamento, entre otras, han
sido declaradas como inconstitucionales por la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia.
Como balance de la gestión,
estos primeros tres meses la AN ha sancionado tres leyes:
Amnistía y Reconciliación
Nacional, Ley para otorgar el Bono de Alimentación y Medicamentos a jubilados y
pensionados, y la reforma parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela.
Sobre esta última, el TSJ declaró su inconstitucionalidad.
En primera discusión han
sido aprobados cinco proyectos y están siendo evaluados por las respectivas
comisiones que prepararán informes, que luego serán debatidos en plenaria.
Una de las leyes prevé
otorgar títulos de propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda
Venezuela, ley para la activación de la producción nacional, ley orgánica de
transparencia y acceso a la información pública, ley de limitación de la
telefonía celular en los recintos penitenciarios y ley orgánica de referendos.
Además, el parlamento ha
aprobado 15 acuerdos. El primero se sancionó el 14 enero, solo con los votos de
la fracción de la MUD, y se trató de una exhortación al Estado venezolano para
que cumpla con las opiniones y resoluciones dictados por organismos
internacionales de derechos humanos, referidos específicamente a las
detenciones de María Afiuni, Leopoldo López y Daniel Ceballos, entre otros.
El 11 de febrero hubo un
intenso debate por un acuerdo, mediante el cual se declaró la crisis
humanitaria. Fue aprobado por la mayoría parlamentaria.
Otros acuerdos sancionados
se refieren al rechazo de la visita de Conatel a Globovisión, el día nacional
del cine y la desaprobación del decreto de estado de emergencia económica.
Hay que recordar que el 13
de marzo la An se declaró en sesión permanente para debatir la conveniencia, o
no, de aprobar la prórroga del decreto de emergencia económica que había sido
solicitada por el Ejecutivo. Finalmente, la mayoría parlamentaria consideró que
tal extensión no resolvería la crisis.
AN atada de manos
Entre la AN y el TSJ las
tensiones han ido en aumento durante estos tres meses.
El 1 marzo, mediante la
sentencia 9, la Sala Constitucional frenó a la Asamblea Nacional en su intento
por revertir las designaciones de 13 magistrados principales y 21 suplentes por
parte del anterior parlamento.
La Sala Constitucional
sentenció que dicho acto no podía ser revisado por el Legislativo, y mucho
menos anulado, sin contar con el visto bueno de la Fiscalía, la Defensoría del
Pueblo y la Contraloría General de la República.
El fallo también dejaba sin
efecto cinco artículos de la Ley del Régimen de Comparecencias de Funcionarios
Públicos ante la Asamblea Nacional, los cuales establecían que los magistrados
del TSJ, los rectores electorales, la Fiscal, el Defensor y el Contralor
estaban obligados a atender las citaciones que se le hicieran desde la AN.
En reiteradas ocasiones han
sido citados ministros y vicepresidentes de área que no se han presentado en el
parlamento.
Sesiones y asistencia
Entre enero y febrero se han
realizado 11 sesiones ordinarias, cuatro sesiones especiales, tres sesiones
permanentes y la sesión de instalación que fue el 5 de enero.
Del mes de marzo no se tiene
información porque no ha sido publicada en la páginawww.asambleanacional.gob.ve.
El diputado Earle Herrera
(PSUV) asistió a todas las sesiones de enero, seguido por Gerson Vizcaíno (GPP)
con ocho asistencias.
Por la MUD, Antonio Barreto
solo faltó a una sesión, pero su compañero de fracción Chaim Bucarán solo fue a
tres plenarias.
En febrero el diputado
Richard Arteaga acudió a todas las plenarias (nueve en total), seguido por
Chaim Bucarán con ocho asistencias. Cristóbal Jiménez (PSUV) solo fue a tres
sesiones.
"Debemos tener fe en la
labor de los parlamentarios”
Para conocer la percepción
de los ciudadanos sobre los primeros 90 días de gestión de la nueva Asamblea
Nacional, Contrapunto recorrió las calles consultando a diversas personas sobre
cómo han visto lo hecho por el Parlamento desde el pasado 5 de enero cuando se
instaló.
Las opiniones giran entre
que el gobierno tiene "todo trancado" e impiden el trabajo de la
nueva Asamblea y criterios según los cuales "los diputados de oposición
están más pendientes de sacar al gobierno" que de dar respuestas efectivas
al país.
Para Alexander
Lorenzo “El trabajo de la Asamblea ha sido bueno, lo que pasa es que todo
lo tiene trancado el Gobierno. Los diputados han tratado de cumplir con lo que
fue la oferta durante la campaña y la única esperanza que tenemos de que el
país salga adelante es que pueda hacer su trabajo porque con este Gobierno no
se podrá. Debemos tener fe en la labor de los parlamentarios”.
Yosselis Aponte se
pregunta cómo solventar la lucha de poderes que se ha iniciado entre la AN y el
gobierno. Estima que la ley más importante es la de amnistía. "Los
diputados están haciendo un intento por modificar las leyes e implementar una
verdadera democracia pero hasta ahora el resultado es que hay una lucha de
poderes. Esperemos que la Asamblea Nacional cobre fuerza y salgamos adelante.
La ley más importante hasta ahora es la de amnistía. El Gobierno llama al
diálogo y yo creo que la amnistía es el camino. También la ley del bono para
pensionados y jubilados.
Inyerveth
Bellorín estima que hay que trabajar para recuperar el principio de
división de poderes y la institucionalidad. "La Asamblea Nacional ha
trabajado de acuerdo a recuperar los planteamientos de la campaña electoral y
por la autonomía del Poder Legislativo, que no sea de los partidos sino de
pluralidad y que exista división de poderes, que es el principio de la
democracia. Lo que ha ocurrido con el Tribunal Supremo de Justicia, que dice lo
contrario, bueno yo digo que si el TSJ quiere ser gobierno, que se lance. La
ley del Cesta Ticket me pareció muy importante. Dicen que es populista pero las
personas lo necesitan”.
Richard Solarte no
confía ni en la oposición ni en el oficialismo porque estima que todos trabajan
por sus propios intereses. "Desde mi punto de vista hay que aceptar que
son mayoría en la Asamblea Nacional, pero la vivencia que tenemos los
venezolanos es la de escasez de comida, medicinas, eso nos afecta a todos y los
diputados de la oposición está más pendiente de sacar al Gobierno y de sus
intereses personales que de los sectores populares y la situación actual, que
se está incrementado. El ente legislativo tiene que dar respuestas”.
07-04-16
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