Omar Barboza Gutiérrez 17 de abril de 2016
En los
últimos meses, nuestro país está observando ejemplos indubitables de cómo el
propósito totalitario es capaz de pervertir la justicia para ponerla al
servicio de objetivos y conductas contrarias al significado de esa palabra para
los ciudadanos honestos y de buena fe.
A
partir de que el pasado 06 de diciembre, el pueblo venezolano pasando por
encima del ventajismo y las presiones, expresó su voluntad definitiva de
producir un cambio político que le ponga fin a un gobierno que es representado
por la escasez, el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, y por una
corrupción galopante con impunidad.
El
oficialismo en vez de oír y respetar la voluntad del pueblo, se trazó la
estrategia de desconocer la soberanía popular representada por la nueva Asamblea
Nacional, y para ello, se dedicaron en el resto de los días de ese mes de
diciembre a designar inconstitucionalmente a varios magistrados, conocidos como
activistas políticos del partido de gobierno y muy lejos de tener credenciales
para ejercer como jueces del Tribunal Supremo de Justicia, pero dispuestos sí,
a cambio de privilegios, a firmar las sentencias que le ordenara el Ejecutivo
para impedir que se concrete en leyes la voluntad popular en favor del cambio.
Es,
como consecuencia de esa maniobra desprovista de escrúpulos, que frente a una
solicitud de Emergencia Económica que proponía profundizar las causas del
fracaso de la gestión económica de este gobierno, la negativa de la Asamblea
Nacional para no hacerse cómplice de esa propuesta en contra del pueblo, fue
dejada sin efecto por una decisión insólita de la Sala Constitucional, que sólo
tiene facultad para opinar sobre la constitucionalidad de esa solicitud y no
para ejercer el control político sobre esa materia; sin embargo, decidió sustituir
al Poder Legislativo y autorizar al gobierno nacional para seguir destruyendo
la economía nacional y continuar administrando los dineros públicos sin control
Constitucional, facilitando así la continuación de la corrupción.
Luego,
conscientes de que el Banco Central de Venezuela se ha convertido en una
impresora de billetes sin respaldo, principal causa de la inflación que
empobrece y le roba capacidad adquisitiva al salario del pueblo, en la Asamblea
Nacional procedimos a reformar la Ley del Banco Central de Venezuela con la
finalidad de evitar que eso siga ocurriendo; sin embargo, la Sala
Constitucional con argumentos falaces declaró esa reforma como inconstitucional
para que siga la corruptela financiera y el pueblo siga pagando las
consecuencias.
Por
otra parte, aprobamos la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional apoyada por
la inmensa mayoría del pueblo que se expresó el pasado 06 de diciembre, y cuyo
contenido final, incluso, contó con la opinión favorable hasta de la ONU, y sin
embargo esa Sala Constitucional la declaró inconstitucional, sin ningún
argumento jurídico, plagiando un informe del Banco Central de Venezuela sobre
la materia y repitiendo el discurso político del Presidente Maduro sobre esa
ley tan necesaria para hacer justicia con quienes están presos o perseguidos
sin haber cometido ningún delito, y solo por pensar distinto.
Esta
grave situación que vive nuestro país, de tener verdugos como jueces que
desprecian la Constitución y la voluntad popular, nos recuerda lo narrado por
Ingo Muller en su libro “Los juristas del horror”, el cual, en su edición en
español, encabeza su prólogo con la siguiente reflexión: “¿Qué pasa cuando la
justicia deja de ser independiente y se hace política? ¿Qué ocurre cuando la
justicia se pliega a los amos del poder en un país? En el caso de la Alemania
nazi, lo que pasó fue inenarrable.
No
menos de seis o siete millones de ciudadanos, hombres, mujeres y niños,
asesinados en un santiamén. Millones de desplazados, de muertos por hambre y
enfermedades. Centenares de miles de ciudadanos perseguidos y martirizados.
Miles de personas inocentes privadas de sus derechos más elementales.
Centenares de miles de seres humanos condenados por jueces y fiscales que
actuaban, aparentemente, bajo el imperio de la Ley”.
Hoy
más que nunca el pueblo venezolano y su dirigencia, deben mantenerse unidos en
la lucha por el cambio, que no se trata de cambiar solo al Presidente, es
necesario cambiar este modelo que ha destruido la economía y las instituciones,
y ahora marcha hacia la destrucción de nuestros valores morales, llegando al
alquiler de supuestos magistrados dispuestos a cualquier cosa para preservar
posiciones que están muy lejos de merecer
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