Por Félix Seijas Rodríguez
La coalición opositora incluyó
el tema de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional como parte de su
campaña para la elección del 6 de diciembre. Luego de que esta lograra la victoria,
el Ejecutivo Nacional dejó claro que jamás permitiría que dicha ley se
ejecutara. La oposición cumplió su palabra sancionando la ley y enviándola al
presidente de la República, quien a su vez cumplió lo anunciado acudiendo al
Tribunal Supremo de Justicia para que este la declarase inconstitucional.
A nadie puede sorprender esta
suerte de “crónica de una muerte anunciada”. Así ha ocurrido y así seguirá
ocurriendo por algún tiempo en este choque de poderes en el cual, hasta el
momento, pareciera haber un solo vencedor: el Ejecutivo. Y digo “pareciera”
porque el bloqueo por parte del gobierno de leyes sancionadas por la Asamblea
Nacional o la ejecución de leyes no aprobadas por la misma son hechos en los
cuales determinar quién sale favorecido no constituye una operación simple.
Al
hacer estas cosas, el gobierno nacional trata de imponer una imagen de
fortaleza que es bien recibida por su sector duro, el cual representa una parte
importante de la debilitada fidelidad electoral con la que aún cuenta la fracción
roja. Sin embargo, estos hechos a la vez confirman ante los ojos de la
población el carácter hegemónico del Ejecutivo, lo que si bien en tiempos de
abundancia favorecía a la revolución, hoy en día está socavando sus bases.
Veamos por qué.
Existe dos elementos que
dominan el sentir de la gran mayoría de los venezolanos: una profunda molestia
por la situación económica del país -y la angustia que esta les genera-, y el
convencimiento de que es a través de un proceso electoral que se puede y se
debe producir la salida de la crisis. Cuando a la nueva Asamblea Nacional se le
percibe de manos atadas, su imagen se ve afectada a los ojos de aquellos que la
pueden considerar débil, así como ante sus críticos crónicos. Para otras
personas -la mayoría-, los diputados opositores están dando la pelea en una
batalla en la que, bajo las actuales condiciones, es imposible vencer. El punto
es que al final estos argumentos no hacen otra cosa sino ratificar que es el
Ejecutivo quien mantiene el control de un país en el que las cosas continúan
empeorando. Esto va desgastando de manera sostenida el apoyo de la gente hacia
la propuesta roja, profundizando el deseo de cambio. Ahora bien, mientras que
el mercado perciba que la oferta se restringe a dos opciones, revolución y MUD,
la segunda se ve favorecida ante una inminente confrontación electoral.
Los números son claros: en los
actuales momentos el Gran Polo Patriótico perdería en cualquier escenario que
se dirima por conteo de votos. Es por esto que la fracción oficialista evitará
a toda costa medirse en las urnas cuando lo que esté en juego sea la silla de
Miraflores. Pero estos mismos números también dejan claro que el sentimiento
que domina es el cambio de lo que existe, lo que no necesariamente se traduce
en confianza en la alternativa. La oposición concentrada en la MUD debe
continuar trabajando para fortalecer su imagen y afianzar la credibilidad en
las instituciones políticas del país, cerrando la puerta a posibles
“paracaidistas” que pretendan pescar en río revuelto, como ocurrió en los
noventa, con las bien conocidas consecuencias. La sociedad está sensible.
Demostraciones de unidad y trabajo por el bien común, apartando pretensiones
personales, deben prevalecer. Es vital elegir bien qué batalla se coloca sobre
la vitrina y cuál se pelea tras bastidores. No importan las intenciones,
cualquier cosa que se asemeje a políticos trabajando para políticos será
penalizada de manera contundente.
14.04-16
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