Prensa AN 14 de julio de 2016
Este
jueves el diputado a la Asamblea Nacional (AN) Carlos Berrizbeitia
(Unidad-Carabobo) presidente de la Comisión Especial para el Rescate de la
Institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia-TSJ- consignó ante la
plenaria el informe final sobre el Estudio y análisis del proceso de selección
y designación de los Magistrados Magistradas principales y suplentes del Máximo
Tribunal de la República.
En su
intervención el parlamentario aseguró, que los diputados que conforman la Mesa
de Unidad tienen la responsabilidad histórica de lograr un Poder Judicial
autónomo e imparcial conformado por hombres y mujeres honestos que le den
seguridad jurídica a todos los venezolanos.
Indicó
como principal objetivo, que el respeto hacia el ciudadano debe ser el norte de
la justicia “eso es lo que hace fuerte la democracia y es lo que quieren todos
los venezolanos”, aseguró Berrizbeitia.
En tal
sentido aseveró, que con las herramientas constitucionales el país reclama
rescatar un poder tan importante como lo es el Tribunal Supremo de Justicia.
El
parlamentario enfatizó que este organismo está convertido en un instrumento
político utilizado por el Ejecutivo, desde Miraflores al servicio de los más
oscuros intereses de la Juticia.
Por
tal motivo el representante de la Mesa de la Unidad por el estado Carabobo le
solicitó a la Asamblea Nacional, de manera contundente y con las herramientas
constitucionales, aprobar el informe final donde recomienda: “Se declare dejar
sin efecto los actos de procedimiento del írrito proceso de selección de los
Magistrados y Magistradas principales y suplentes del Tribunal Supremo de
Juticia (TSJ) que culminó en diciembre de 2015 desde el momento irregular de la
conformación del Comité de postulaciones judiciales que vició los demás actos de
selección, designación y juramentación de los 13 Magistrados y Magistradas y 21
suplentes del TSJ, los cuales además adolece de los vicios propios
objetivamente constatado por esta Comisión”.
Asimismo
el documento determina “la nulidad
absoluta de todos los actos del procedimiento en virtud de haberse
incurrido en franca violación constitucional por una mayoría de los miembros
que conformaban la Asamblea Nacional, cuyo período concluyó en el mes de
diciembre 2015, tal designación y juramentación se dio el día miércoles 23 de
diciembre en la sesión extraordinaria, según acta extraordinaria número 4-2015,
ya que implicó la abierta violación de la
disposiciones constitucionales y legales consagrada en los artículos: 62
y 204 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como los
artículos 70,71, 73 y 74 de la Ley Orgánica del TSJ y los artículos 19,
20,21,22,23,24,25,26,27,29,30 y 31 del Reglamento Interno del Comité de
Postulaciones Judiciales, disposiciones estas que rigen todo lo inherente del
proceso de selección, designación y juramentación de los Magistrados y
Magistradas del TSJ”.
El
informe presentado coloca como segundo punto, “proceder a designar cuanto antes
de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, la Ley Orgánica del TSJ y el Reglamento Interno del Comité de
Postulaciones Judiciales, los miembros que deben conformar dicho comité, que
habrán de encargarse de seleccionar de acuerdo con la previsiones de la ley a
los profesionales del derecho que concurran a participar en el proceso de
selección, designación y juramentación de Magistrados y Magistradas del TSJ,
que ha de producirse con motivo de la resolución que acuerda dejar sin efecto
el írrito acto de designación y juramentación ejecutada en la sesión
extraordinaria el día miércoles 23 de diciembre del año 2015”.
Y por
último el texto señala, “una vez que se acuerde dejar sin efecto el írrito acto
de designación y juramentación ejecutada en la sesión extraordinaria del día
miércoles 23 de diciembre del año 2015 se de publicidad al presente informe a
los fines de dar a conocer las resoluciones acordadas por la plenaria y
notificar mediante oficio a la ciudadana Gladys María Gutiérrez Alvarado
presidenta del Tribunal de Juticia a los fines legales consiguientes”.
Magistrados exprés en el TSJ
Durante
su intervención el diputado Carlos Berrizbeitia, presentó un material visual
donde expuso tres casos de los 13 Magistrados y Magistradas designados de
manera “exprés” los cuales, a su juicio,
no cuentan con las credenciales para ejercer tales cargos.
Berrizbeitia
señaló que Calixto Ortega, miembro de la Sala Constitucional del TSJ, “no es
jurista de reconocida competencia, no ha sido profesor universitario, no ha
sido juez superior en la especialidad correspondiente, es militante del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
fue diputado por ese partido político, no es doctor en derecho ni es
especialista en derecho constitucional, tan solo tiene una maestría en derecho
político y, en virtud de ello, considera que no cuenta con las credenciales
para asumir tal responsabilidad”.
Otro
caso presentado por el asambleísta señala a Lourdes Suárez, actualmente
magistrada de la Sala Constitucional del TSJ, quien “no es jurista de reconocida
competencia, no ha ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años, no ha
sido profesora universitaria, ni juez superior en la especialidad
correspondiente; no ha ejercido la carrera judicial, no es especialista
constitucional, ni tiene una maestría en la materia ni es doctora en derecho”.
Y, un
último ejemplo corresponde a Cristian Zerpa, magistrado de la Sala electoral a
quien catalogó de no ser jurista de reconocida competencia, “no ha sido juez
superior en la especialidad correspondiente, no ha sido profesor universitario,
no ha ejercido la carrera judicial, es militante del PSUV, fue diputado por ese
partido político, no es doctor en derecho ni es especialista en derecho
electoral”.
Finalmente
Berrizbeitia agregó: “La mayoría de los 13 Magistrados y Magistradas
principales y los 21 suplentes son unos usurpadores de funciones, por no contar
con los requisitos que la Constitución establece y así se postularon”.
Prensa
AN
@AsambleaVE
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