Omar Villalba 02 de agosto de 2016
El
Referéndum Revocatorio es una herramienta presente en la Constitución del año
1999, que regresa al pueblo su capacidad como ente soberano y capaz de decidir
su destino, aunado a una nueva competencia: la capacidad contralora. A través
de esta herramienta, la ciudadanía puede —una vez haya transcurrido la mitad
del período y se cumplan una serie de requisito— revocar el mandato a todo
funcionario cuyo cargo sea producto de la elección directa. Figura que pone en
la mira a todos los funcionarios elegidos por la población, y les obliga a
esforzarse en su labor de representación a fin de no ser destituidos.
Esta
figura representa una innovación dentro del derecho, en sus aspectos
constitucionales y en el ámbito de los derechos humanos, pues reivindica la
participación y el protagonismo del ciudadano; además de su característica como
Soberano. Es evidente que este instrumento tiene un impacto significativo si
nos ubicamos desde un nivel nacional, pues permite al pueblo destituir al
máximo mandatario y allanar el camino para entregar el poder a una figura
capaz. A niveles locales (municipios y gobernaciones) da a los ciudadanos la
capacidad de incidir directamente en la forma como se realiza la actividad
política. En este punto, el resultado de la participación política es mayor y
evidente, otorgándole al ciudadano un rol activo en el quehacer político más
allá del fenómeno coyuntural y electoral.
Dicho
esto cabria preguntarse ¿Cómo está afectando el actual pugilato —entre la
plétora de actores políticos— por el Referéndum Revocatorio al ámbito local? y
de concretarse el fenómeno ¿Qué impacto tendría a nivel municipal? A nivel
nacional el Referéndum implicaría, de lograrse, una reestructuración de todo el
tren ejecutivo —esto en gran medida se debe a que con la salida del presidente
implica un cambio drástico de todo su gabinete y tren ministerial, en caso de
que se llamará a elecciones una vez ganado el RR— y con ello un cambio
permanente en la estructura política nacional —si entendemos a esta como la
forma que ha asumido el sistema partiendo de la vertiente distribución del
poder— que implicaría un nuevo gobierno y un cambio significativo en la forma
de hacer política.
Este
cambio podría alterar, en un sentido laxo, las relaciones entre el poder
central y los poderes descentralizados, pues un nuevo gobierno podría presentar
una actitud favorable y menos centralizadora con los niveles municipales y
estadales. Al fin y al cabo, nos encontraríamos frente a una nueva forma de
hacer política.
Pero
volviendo sobre el tema del pugilato actual, podemos ver que la contienda por
el poder ha reactivado a la ciudadanía, quien se encuentra consciente de sus
derechos y deberes, amén del peso que tiene en política. Dado que la civilidad
ha imperado en esta contienda, el impacto, desde un punto de vista del quehacer
político extremo y radical de estos tiempos, no ha sido negativo. De alterarse
este balance, es obvio que el mismo tendrá un impacto negativo dentro de las
comunidades. Pero este escenario, a pesar de la actitud del gobierno central,
cada vez es menos probable, con la victoria de la MUD el 6D el pueblo
venezolano ha comprendido que la vía institucional es la adecuada. Las vías
alternativas no son opción.
Por
último, teniendo presente un posible reacomodo en vísperas de la estructura
política, los municipios y los poderes locales, podrían encontrarse en una
situación favorable, donde la sinergia con el Estado central les permitiría una
mayor eficacia y eficiencia a la hora de atender la necesidad de la ciudadanía.
Puntualmente se abre una puerta para una mejor gestión de todos los
representantes municipales y locales, pero a su vez, queda abierta la ventana
para que este mismo instrumento político constitucional sea activado para todos
aquellos que ejercen y ejercemos representaciones del poder ciudadano en las
instituciones. Así son las reglas de la democracia y a las que todos que
hacemos vida en juntos, en común, tenemos que seguir y respetar para avanzar.
Omar
Villalba
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