LUDMILA VINOGRADOFF 23 de octubre de 2016
Tras
la suspensión
del referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional,
de mayoría opositora, ha celebrado este domingo una sesión extraordinaria en la
que anunció la apertura de un «juicio político» contra el presidente de
Venezuela en la sesión plenaria del martes. Los diputados de la oposición
acordaron declararse «en rebelión» frente a la ruptura del «hilo constitucional
y la democracia». Para este miércoles se había previsto la recogida del 20% de
las firmas del electorado para activar el revocatorio contra el presidente, pero
esta fue suspendida por el poder electoral el pasado jueves.
Cuando
los diputados ya llevaban dos horas y media de debate, miembros de los «colectivos»
chavistas irrumpieron de forma violenta en la Cámara, pronunciando
consignas a favor de Maduro. El alcalde chavista Jorge Rodríguez,
no obstante, les ordenó que se retirasen y la calma regresó al Parlamento. Los
chavistas salieron de la Cámara, no sin antes robar una cámara de
Globovisión a punta de pistola, según el diario El Nacional.
Al
término de la sesión, los diputados opositores reclamaron a la Fuerza Armada
Bolivariana que no acate ninguna orden que no sea constitucional. Denunciaron
un «golpe de estado» del «régimen de Maduro». Anunciaron que se disponen a
elegir de inmediato a tres nuevos rectores del Consejo
Nacional Electoral (CNE, de mayoría chavista) y a destituir a las dos cuyo
periodo vence en diciembre -entre ellas Tibisay Lucena- para que de
este modo los venezolanos puedan celebrar elecciones. El diputado Julio
Borges, del partido opositor Primer Justicia,
anunció que las cuatro rectoras del CNE y los cuatro jueces regionales que
truncaron el proceso de convocatoria del plebiscito serán denunciados ante
el Tribunal Penal Internacional (TPI) por violación de los derechos
humanos.
Borges,
jefe del grupo parlamentario de la oposición, fue el primero en intervenir.
Consideró que en Venezuela «se ha dado un golpe de Estado continuado», acusó al
chavismo de violencia y corrupción, y propuso la rebelión parlamentaria:
«Frente al abandono de la Constitución, el pueblo tiene el deber y el derecho
a la rebelión».
Al
mismo tiempo, el diputado Luis Florido anunció la creación de
una comisión legislativa que colaborará con la Organización
de Estados Americanos (OEA) para solicitar que se active la carta
democrática, que prevé la expulsión de un país del organismo. También pidió
ayuda a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ante lo que calificó
de«zarpazo judicial».
Nacionalidad de Maduro
La
comisión parlamentaria que investigó la doble nacionalidad de Maduro señaló que
en breve recibirá una prueba contundente de la partida de nacimiento de
la madre colombiana del presidente, quien en teoría podría quedar
inhabilitado si se demuestra su nacionalidad colombiana por vía
materna. Los diputados encargados no han recibido colaboración por parte de las
autoridades venezolanas para verificar el acta de nacimiento de Maduro. Y han
exigido a este que la presente tal y como lo viene solicitando la Asamblea
Nacional desde hacer varios meses.
Por su
parte, el diputado Luis Emilio Rondón planteó que a Maduro se
le puede sancionar también por abandono del cargo, ya que es
necesaria la autorización del parlamento para cualquier viaje
internacional de más de cinco días. Asimismo podría ser sancionado por
«abandono de sus funciones y deberes» al no resolver la crisis económica y
social. Todo ello en el marco de la movilización convocada para el miércoles,
bautizada como la «toma de Venezuela».
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