Por Ismael Pérez Vigil, 21/10/2016
Cualquier cosa que pude haber escrito para esta entrega semanal,
se ve ampliamente sobrepasada por los acontecimientos del jueves 20 de octubre,
que nos ponen de hecho frente a un régimen claramente dictatorial y que ha
suprimido de facto el derecho al voto, derecho ciudadano y humano fundamental
del sistema democrático.
Dejaré a los juristas, obviamente más competentes que yo, el
análisis a fondo de la ilegalidad de que un juez penal tome medidas
administrativas y me sumiré de lleno en el análisis político de la situación.
No cabe duda que lo del jueves 20 no fue una decisión judicial, sino
políticamente concertada con los gobernadores de los estados donde hubo el
pronunciamiento y debidamente conocida y dirigida por el poder central, hasta
el punto de que Nicolás Maduro se ausentó convenientemente del país.
Quiero creer que la iniciativa anti democrática es solo de un
sector radical del PSUV y que en esa organización y en algunos sectores del
Gobierno hay disenso con respecto al camino que han tomado. Lo que se trasluce
de las decisiones asumidas es lo que tantas veces se ha dicho: la democracia y
el voto para el régimen es meramente un “bien utilitario” que sirve para
acceder al poder y mantenerse en él, mientras se goce del favor popular. Cuando
no es así, como se evidencia tras los resultados del 6D, por todas las
encuestas y las múltiples manifestaciones de protesta de todos los días en
reclamo de los más esenciales servicios e insumos básicos de alimentación y
salud, entonces se recurre a las vías de hecho, la intimidación, la
persecución, la fuerza y el uso de instituciones cómplices y amañadas para
desconocer el estado de derecho, aferrarse al poder e instaurar la fase
dictatorial de este régimen.
Son varias cosas las que hay que tener claras para una correcta
interpretación de los hechos. Resulta evidente que el régimen no podía correr
el riesgo de tener varios millones de venezolanos, durante tres días, buscando
donde firmar para solicitar la revocatoria del mandato de Nicolás Maduro. El
Gobierno y el PSUV saben que el 20% o más de las firmas necesarias iba a ser
recogido y será recogido en el momento que sea necesario. Había que parar eso a
como diera lugar. Lucía que los procesos de intimidación adelantados durante
estos meses no habían sido suficientes y la decisión de la Sala Electoral sobre
la recolección del 20% de las firmas por estado, tampoco y por eso resolvieron
enmendarle la plana al TSJ mediante tribunales penales, orquestados y
debidamente “domesticados”.
Un segundo elemento a tener claro es la actuación del CNE; en todo
momento dócil y presto a retrasar el proceso, exigiendo requisitos que no están
en la normativa, poniendo trabas burocráticas de todo tipo, fijando procesos
electorales para el 2017 –en clara violación de la Constitución y sin mencionar
el Referendo Revocatorio– hasta llegar al punto de suspender el proceso de
recolección de voluntades del 26, 27 y 28 de octubre, “acatando” una decisión
de tribunales penales, que el CNE sabe perfectamente que no tienen facultades
para pronunciarse en la materia. Qué paradoja, que el organismo que debió ser
garante del derecho al voto, sea quien lo elimine en abierta violación a la
constitución y el ordenamiento legal.
Lo ocurrido con la suspensión del RR por parte del CNE, nos coloca
en un terreno de mayor y peligrosa incertidumbre, que no sabemos donde pueda ir
a parar, pues radicales los hay en todas partes. Será responsabilidad principal
de las rectoras del CNE, que hacen ahora hipócritas llamadas al diálogo, lo que
pueda ocurrir en el país por culpa de esta decisión.
Al momento de escribir esta nota la MUD aun no ha anunciado la
pauta de acción a seguir por parte de la oposición. La prisa en este momento es
mala consejera y eso de pensar que “este escenario” debió estar previsto para
tener una “respuesta inmediata” no es, políticamente hablando, una respuesta
adecuada a la gravedad del momento. No me corresponde, además, dar pautas de
acción, pero si adelantar algunas hipótesis de explicación.
El régimen preparaba una suspensión del RR contra Nicolás Maduro,
bien sea mediante alguna nueva sentencia del TSJ o creando una imposibilidad de
hecho para recabar el 20% de las firmas en alguna o varias entidades federales.
Pero dado que esto –que la suspensión del RR se diera por una acción directa
del régimen– obviamente no sería “bien visto” internacionalmente, resultaba
“mejor” que fuera porque la oposición desistiera –que no fue nunca el
caso– o porque “no lograra” recoger las firmas, aunque fuera por causa de las
dificultades que el propio régimen interponía.
Según esta interpretación, el CNE ofreció al país una
“alternativa” electoral, una válvula de escape –elecciones regionales en 2017–,
que el Gobierno estimó que de paso le sería favorable pues tras la supuesta
decepción de los sectores opositores al impedirse el RR, no solo dejaría en el
poder a todo el Gobierno, sino que además ganaría algunas gobernaciones y
alcaldías que en otras circunstancias no podría tener. Es obvio que a algunos
más radicales del Gobierno tampoco les pareció esto suficiente y por ello
apelaron a saltar claramente la talanquera de la legalidad y ponernos de hecho
frente a un sistema dictatorial que descarta la vía constitucional y
democrática del voto, para dirimir los conflictos políticos.
Como quiera que estamos en el continente del realismo mágico,
puestos a especular, me pregunto si las declaraciones del Presidente Nicolás
Maduro de un posible adelanto (?) de elecciones legislativas, el anuncio de las
elecciones regionales para 2017 y la suspensión del proceso revocatorio por
parte del CNE, ¿Habrán sido tema de conversación del pasado viernes 14 de
octubre entre el Presidente Nicolás Maduro y José Luís Rodríguez Zapatero? Es
evidente que Rodriguez Zapatero, que por lo que parece solo se reúne con una de
las partes del supuesto “dialogo”, resulta ser un asesor político de lujo para
el Gobierno de Nicolás Maduro. ¿Le habrá comentado a Nicolás Maduro lo negativo
que resulta para su imagen internacional suspender por vía judicial el RR y
estar declarando que no se realizarán elecciones por no ser una prioridad para
el país?
No sé hasta dónde estará “involucrado” el ex presidente español en
todo esto, pero en todo caso parece marchar estupendamente el “Plan Zapatero”:
reuniones de alto nivel, con foto y todo, para demostrar amplitud y disposición
al diálogo; no hay revocatorio, pero si elecciones regionales y los presos
políticos se van soltando a cuenta gotas. ¿Realidad o coincidencia?
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico