Por José Ignacio Hernández
En diciembre de este año
vence el período de cuatro años por el cual fueron electos los Gobernadores de
estado y diputados regionales en diciembre de 2012. Al día de hoy, sin embargo,
el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha convocado esas elecciones. Tampoco ha
dictado el cronograma de esas elecciones. A decir verdad, el CNE no ha hecho nada
en relación con las elecciones regionales.
Y quizás como este silencio
del CNE puede generar suspicacias, algunos voceros del sector oficial han
tratado de justificar, recientemente, por qué las elecciones regionales no
deberían hacerse. Todas esas justificaciones se anclan en la crisis económica.
¿Es una justificación
válida, o simplemente una excusa para no hacer las elecciones regionales?
Un período de cuatro años (y
ni un día más)
De conformidad con los
artículos 160 y 162 de la Constitución, el período de los Gobernadores y
diputados regionales electos en diciembre de 2012 es de cuatro años, y ni un
día más. Ello es consecuencia de un principio básico de nuestro régimen
representativo (o “electivo”, como le llama la Constitución): los mandatos
conferidos con el voto son improrrogables. Esos mandatos pueden ser terminados
antes —mediante el Referendo Revocatorio— pero no pueden ser extendidos.
Con lo cual,
irremediablemente, el período de los Gobernadores y diputados vencerá cuatro
años después de que tomaron posesión de sus cargos, con lo cual, también
irremediablemente, el CNE está en el deber de convocar, en el 2016, las
elecciones para que los electores puedan otorgar un nuevo mandato.
Pero al día de hoy, como
dije, el CNE ha guardado silencio en torno a las elecciones regionales.
Faltando menos de tres meses para que termine el año, no parece descabellado
pensar que la intención del CNE, simplemente, es no hacer esas elecciones.
¿La crisis económica
justifica diferir las elecciones regionales?
El silencio del CNE ha
sido suplido por voceros del sector oficial que recientemente han tratado de
justificar el diferimiento de las elecciones regionales. Así, el diputado Pedro
Carreño opinó que “debido a la crisis económica
que atraviesa el país en la actualidad, las elecciones de gobernadores no son
prioridad para el Gobierno”. Esto fue confirmado recientemente en declaraciones emitidas desde la
Presidencia de la República: “La prioridad no es hacer elecciones. La prioridad
en Venezuela es recuperar la economía”.
Hay al menos cuatro razones
que permiten explicar por qué la crisis económica no puede justificar el
diferimiento de las elecciones regionales.
La primera razón, a la cual
ya hice alusión, es que todo mandato popular es improrrogable, lo cual conlleva
el deber de convocar elecciones antes de su vencimiento. La Constitución no
dice que el mandato de los Gobernadores y diputados regionales es de cuatro
años “siempre y cuando existan recursos para efectuar una nueva elección”. Lo
que dice, en realidad, es que ese mandato es de cuatro años, y punto.
El CNE estaba
constitucionalmente obligado a planificar las elecciones regionales a inicios
de 2016, como hizo en 2012. Si entonces podía prever que no tendría recursos
suficientes, debió efectuar las gestiones presupuestarias correspondientes para
atender a esa situación. Pero como indiqué, el CNE nada ha hecho en relación
con esas elecciones.
La segunda razón es que
condicionar la realización de elecciones a la crisis, es tanto como condicionar
la garantía de los derechos fundamentales a la existencia de recursos
económicos. En Venezuela —y muchos otros países— ya se ha aceptado que el
goce y disfrute de los derechos fundamentales no puede quedar condicionado por
el déficit de recursos. De nuevo: la Constitución garantiza a todos los
ciudadanos el derecho a elegir a las autoridades electores, derecho que no
puede suspenderse, simplemente, por una crisis económica.
Tercera razón. Condicionar
la realización de elecciones a la existencia de crisis económica implica,
entonces, que en época de crisis todos los países se convierten en dictadura. Y
eso, por supuesto, está fuera de la Constitución.
Cuarta y última razón: no
tiene sentido crear una disyuntiva entre atender la economía “o” hacer
elecciones. La realidad es otra: se puede atender la economía “y” hacerse
elecciones. Es más: haciendo elecciones se estará contribuyendo a mejorar la
economía, pues las elecciones, y la democracia, tienden a crear condiciones
institucionales adecuadas para el buen desempeño económico y la corrección —vía
voto popular— de erradas políticas públicas.
¿Y el Decreto de Emergencia
Económica?
Otra razón para no hacer las
elecciones regionales sería, según otras declaraciones, el
Decreto de Emergencia Económica.
Esto tampoco es cierto.
Ya expliqué en Prodavinci que el estado
de excepción no justifica la suspensión o diferimiento de elecciones. Primero,
pues el estado de excepción no permite afectar el ejercicio del derecho al
sufragio. Segundo, pues el Artículo 339 de la Constitución señala que “la
declaratoria del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los
órganos del Poder Público”. ¿Y eso qué significa? Que la declaratoria del
estado de excepción no interrumpe el normal funcionamiento del Poder Electoral,
el cual tiene que convocar elecciones.
¿Qué pasa si el CNE no
convoca a elecciones regionales?
Si el CNE no convoca a
elecciones regionales —lo que luce muy probable— se generarán tres
consecuencias.
La primera consecuencia es
que el CNE estará omitiendo cumplir con el deber de convocar a las elecciones
regionales, violando el derecho al sufragio y violentando el orden democrático.
La segunda consecuencia es
que el diferimiento de las elecciones implicará, además, la violación de la
Carta Democrática Interamericana, algo que podría tomarse en cuenta en el
proceso de aplicación de esa Carta por la Organización de Estados Americanos.
La tercera y última
consecuencia es que el mandato de cuatro años de los gobernadores y diputados
vencerá, aun si el CNE no convoca a nuevas elecciones. Al no ser ello imputable
a estos Gobernadores y diputados, estos tendrán que mantenerse en el ejercicio
del cargo, sin que ello afecte la validez de sus decisiones. Pero su período
habrá vencido, sin que el CNE permita a los venezolanos ejercer su derecho a
las elecciones de nuevas autoridades.
07-10-16
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