ALEJANDRO TARRE 26 de octubre de 2016
@alejandrotarre
El
domingo un
grupo seguidores del gobierno venezolano asaltó el Parlamento cuando se
realizaba una sesión convocada por la mayoría opositora. La horda repartió
insultos y golpes, se robaron y destrozaron equipos de TV y arrojaron sillas
desde los balcones, hiriendo a varias personas. Ya antes grupos pro-gobierno
habían apaleado a miembros de la oposición, pero nunca habían irrumpido
violentamente en la sede de un poder público.
El
asalto no fue el peor abuso de la semana. Pocos días antes, tribunales penales
de Estados gobernados por el chavismo dictaron medidas cautelares que el
gobierno utilizó como pretexto para suspender
el proceso de convocatoria del referendo revocatorio. Durante más de una
década, el chavismo se ha valido de su control sobre los poderes públicos para
violar sistemáticamente la Constitución. Pero es la primera vez que el gobierno
decide no realizar elecciones, despejando toda duda sobre su naturaleza dictatorial
y arrastrando al país a orillas de una confrontación violenta.
La Mesa de la
Unidad Democrática, la coalición de oposición, se declaró en rebeldía ante
la suspensión del referendo. Anunció un “juicio político” al presidente Nicolás Maduro, hizo un
llamado a la Fuerza Armada para que no obedeciera órdenes inconstitucionales y
convocó para el día de hoy una gran movilización nacional -bautizada La Toma de
Venezuela- para presionar al gobierno.
La
situación, pues, no puede ser más volátil. Hay un enorme descontento con la
gestión de Nicolás Maduro. La mayoría de los venezolanos, alrededor del 70%,
quiere revocar al presidente, y un porcentaje aún mayor tiene una percepción
muy negativa de la situación del país. Hasta ahora la posibilidad de salir de
la crisis a través del voto ha sido la válvula de escape de este descontento.
Matar el referendo es el equivalente a sellar el orificio de la válvula: la
olla donde hierve este malestar puede estallar.
Para
la oposición es difícil avanzar por este campo minado. Convocar manifestaciones
como la de hoy implica un alto riesgo de represión y violencia. En 2014, cuando
los venezolanos salieron a la calle para protestar contra este mismo gobierno,
la respuesta de las fuerzas de seguridad fue brutal. Esa confrontación dejó un
saldo de más de 40 muertos y 3.000 detenciones. Desde entonces los líderes de
oposición han sido cautelosos a la hora de convocar protestas; saben que
manifestar pacíficamente puede conducir a una tragedia.
El
problema es que no hacer nada tiene un costo aún mayor porque el presente ya es
una tragedia. Venezuela atraviesa la peor crisis económica y social desde su independencia.
Tres lustros de políticas económicas irracionales y progresiva destrucción
institucional han llevado al país a una emergencia humanitaria sin precedentes,
con tasas de desnutrición, homicidios y mortalidad infantil peores a las de
algunos países en guerra.
En
Venezuela recuperar el derecho al voto significa que la oposición debe
presionar al gobierno en la calle, lo cual expone a decenas de miles de
venezolanos a la posibilidad de ser brutalmente reprimidos por las fuerzas de
seguridad. Pero preservar el statu quo implica la coexistencia
pacífica e indiferente con una monumental tragedia.
El
lunes el Vaticano anunció sorpresivamente que actuaría
como mediador en un diálogo entre la oposición y el gobierno. La MUD
ha enviado señales mixtas sobre su disposición a participar en esta iniciativa,
razón por la cual ha recibido un aluvión de críticas sobre la falta de
coordinación entre los miembros de la coalición.
Pero
apartando la torpeza de la MUD, la renuencia a iniciar negociaciones en este
preciso momento es justificada. A menos que el gobierno rectifique con el referendo,
un nuevo esfuerzo para promover el diálogo, sobre todo si involucra a un actor
tan respetado como el Vaticano, podría ayudar al gobierno a suavizar y diluir
el impacto de su radical decisión de no realizar elecciones.
No hay
que olvidar que, negando el derecho al voto, el gobierno acaba de asumirse
abierta y frontalmente como una dictadura. Todo indica que este paso no se dio
a la ligera, sino fue cuidadosamente premeditado. Es poco probable que Maduro
esté buscando un diálogo real para revertir esta decisión poco días después de
tomarla. Lo más probable es que el diálogo sea parte de su estrategia para
atornillarse en el poder.
Ahora
la mejor manera de luchar contra los abusos del gobierno y hacerlo sentir que
sus acciones tienen consecuencias es saliendo a manifestar pacíficamente. La
comunidad internacional, incluyendo el Vaticano, debe presionar a Maduro para
que respete este derecho elemental de los venezolanos.
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