JEAN MANINAT 27 de octubre de 2016
Tras
más de tres lustros en el poder, el experimento chavista ha sumido a Venezuela
en la peor de las miserias, desvastado a un país rico en recursos naturales,
diezmado una industria petrolera que alguna vez fue un paradigma mundial y
convertido a sus ciudadanos en seres acorralados por la escasez, el hambre, la
inseguridad y la ausencia de futuro. No satisfecha con tamaña obra de
destrucción, la nomenclatura que gobierna ha decidido asfixiar la poca
institucionalidad democrática que quedaba vigente.
La
figura del referendo revocatorio (RR) fue incorporada en la actual Constitución
por el difunto presidente Hugo Chávez. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD)
optó por poner en marcha el mecanismo revocatorio dando inicio a un largo
calvario para cumplir los requisitos que el Consejo Nacional Electoral (CNE)
iba diseñando sobre la marcha para retardar su convocatoria. Aun así, la MUD
insistió y aceptó las fechas del 26, 27 y 28 de octubre propuestas por el
propio CNE para recolectar el consentimiento del 20% de las personas inscritas
en el padrón electoral en los estados.
Sin
embargo, ante lo que se anunciaba como un tsunami de tres días de repudio al
gobierno y al primer mandatario, el oficialismo decidió recurrir a varios
tribunales de provincia –sin ninguna jurisdicción electoral– para impugnar el
1% de las firmas que había recogido previamente la MUD para dar inicio al
proceso revocatorio. El CNE no tardó unas horas para suspender “hasta nuevo
aviso” todo el proceso revocatorio.
Se
abre así una nueva etapa en la lucha por la recuperación democrática de
Venezuela. El gobierno sabe que no tiene apoyo popular, todas las encuestas
indican un rechazo mayoritario hacia su gestión –incluso en su base de apoyo
tradicional– y el disenso entre los partidarios de la primera hora es público y
creciente. Por eso ha decidido huir hacia adelante, acelerar la marcha hacia el
precipicio y obturar todo resquicio de institucionalidad democrática.
Los
principales líderes de la oposición están bajo constante amenaza. Al gobernador
del estado de Miranda y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, y al
secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, se les ha dictado prohibición
de salida del país. El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos
Allup, es constantemente amenazado por el propio primer mandatario, quien,
además, se negó a presentar el presupuesto para el 2017 ante la asamblea como
es su deber constitucional.
El
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis
Almagro, ha denunciado una vez más la deriva antidemocrática del gobierno, pero
está por verse si los países en la región estarán dispuestos a activar la Carta
Democrática Interamericana. La situación ha cambiado en el continente y son
cada vez más los gobiernos –notablemente el del Perú– que han manifestado su
preocupación por la situación en Venezuela. Ojalá y esa preocupación se
convierta en un ánimo para poner en marcha los mecanismos de presión como la
Carta Democrática. Por eso es tan
importante el reciente comunicado de 15 países miembros de la OEA sobre la
situación en Venezuela.
La MUD
ha reiterado su llamado a resistir pacíficamente la nueva embestida del
oficialismo. Los días que vienen serán muy complicados, la oposición
democrática ha llevado a cabo una larga lucha por salvar la democracia y
defender la libertad. Por momentos lo ha hecho íngrima y sola y, ahora más que
nunca, requiere el apoyo de las fuerzas democráticas en la región.
La
encrucijada de Venezuela es también de la región.
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