Por Leonardo Morales
Desde tiempo atrás se debate
en Venezuela acerca del tipo de gobierno o sobre, si se quiere, del rumbo que
estaba siguiendo, circunstancia que hacía suponer a muchos de una peligrosa
derivación hacia posturas no democráticas. Desde tiempos de Chávez hasta el presente
es una discusión no acabada ni zanjada por académicos, políticos ni por
articulistas. Ha sido, un ir y venir, un eterno ritornelo que se alimenta desde
la cúspide del poder. Una permanente indagación y especulación sobre la
desviación autoritaria de este gobierno que lleva casi 17 años en el poder.
Desde los tiempos de los
romanos existe la figura de la dictadura como forma de hacer frente a alguna
amenaza externa o guerra o para dar cara a alguna crisis interna, sin embargo,
la dictadura romana nunca contempló el otorgamiento de poderes ilimitados al
dictador, no pudiendo éste abolir ni cambiar la constitución, declarar la
guerra, imponer nuevos impuestos…al decir de la literatura que versa sobre el
particular. No es a la dictadura comisaria a la que generalmente se refieren en
Venezuela sino a otra que no emerge del espíritu de las leyes sino de la
voluntad de quien temporalmente ejerce el poder.
Cualquier parecido…
Ni cesarista ni totalitario,
tan solo una simple dictadura que se funda en el ejercicio de la coerción al
disponer de la fuerza pública y judicial para imponer sus decisiones.
Mucho menos puede decirse
que se trate de una dictadura revolucionaria para sustituir un viejo orden. En
17 años, de presunta revolución, solo se ha incrementado los padecimientos y
penurias sociales que pretendían remediar con la superación de la democracia
representativa. De modo, que tan solo estaríamos en presencia de una dictadura
conservadora que lo que persigue es mantener el orden actual, el statu
quo, ante la evidente aspiración y sentimiento de cambio que emerge de la
voluntad popular.
En voz alta
Las últimas afirmaciones de
Maduro y la inacción de las autoridades del Poder Electoral revelan que
Venezuela avanza hacia un régimen no querido y muchos menos legitimado por el
poder popular; advertir que se escudó en un decreto de emergencia
económica para no rendir cuentas ante el poder más recientemente legitimado por
la sociedad venezolana como la Asamblea Legislativa, vulnera grotescamente el
principio de separación de poderes y desprecia la voluntad popular, legal y
legítimamente expresada el 6 de diciembre de 2015. Además, al afirmar que
las elecciones regionales no se darán porque el gobierno tiene prioridades
distintas corren el velo de su postura autocrática porque la renovación de
gobernadores no es un capricho de particulares sino de aquellos que se dictaron
autónomamente una carta constitucional. Allí reposa la responsabilidad del CNE,
en una violación flagrante de la Constitución y de su sumisión al Poder
Ejecutivo, al descansar ambas rodillas en tierra y con cabeza gacha abdicar a
sus responsabilidades ante los dictados del gobierno.
Este es un gobierno
ensimismado que no es ni será capaz de comprender el tamaño de la crisis que
vive el país como consecuencias de sus propias acciones, pero fundamentalmente
se destaca por su incomprensión en torno al cual gira la prioridad social, la
de todos los venezolanos, que no es otra la de renovar un régimen político que
fracasó de manera estruendosa.
Cada vez que los voceros del
régimen intentan justificar sus acciones no hacen sino confirmar las fundadas
sospechas que desde tiempos añejos algunos han aspirado describir. Antes
justificaban su postura democrática con numerosas elecciones, ahora, quedaran
áridos de hechos y argumentos frente a la comunidad nacional e internacional.
08-10-16
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