Por Simón García
Pareciera que estamos
viviendo un momento en el cual las amenazas pueden resultar menos disuasivas
que las ofertas. El cambio seguirá bloqueado mientras las fuerzas democráticas
no logren que una parte del bloque de poder, socialmente minoritario, asuma
como viable la opción de la transición. Para que ocurra, hace falta fuerza y
maña.
Suponer que una marcha a
Miraflores o un lance para jugarse el todo por el todo, llevará a un final
mágico, es pasar del arte de lo posible, a la política de lo absurdo. La MUD ha
formulado una estrategia que las encuestas y los hechos revelan exitosa. Pero
hay que profundizarla, convertirla en patrimonio de los ciudadanos y manejarla
con un sentido más ofensivo y despierto.
Existe el riesgo de que sus
líneas generales se repitan como meros clichés, que se rutinaricen las formas
de lucha y que la movilización se constriña a una marcha en vez de
diversificarse, de intensificarse y de relacionar las demandas de cambio
institucional con los reclamos destinados a presionar al gobierno para que
resuelva dificultades y reivindicaciones concretas de la vida cootidiana.
La fórmula general necesita
traducirse en un programa para salir de la crisis, en un nuevo discurso para el
país doliente, en un mensaje para recrear el papel constitucional y democrático
de las Fuerzas Armadas, en una enérgica construcción de alianzas y consensos
indispensables para que la mayoría, además de la fuerza, haga crecer su
capacidad para obligar a retomar la Constitución desacatada por imposición de
una cúpula totalitaria.
La MUD debe formular una
oferta creíble para el 18% de los venezolanos que apoya a un gobierno cuya
prolongación aumentará los costos para el PSUV y la sociedad. Una oferta que
parta del reconocimiento de esa minoría y de su desempeño democrático y
constitucional para ser mayoría.
En términos de
restablecimiento del Estado de Derecho y del principio universal que atribuye
al pueblo el poder superior de decisión, el CNE debe asegurar, sin que se
inventen nuevos artificios para impedirlo inconstitucionalmente, la realización
del referendo, que generará la salida del actual presidente y permitirá al PSUV
gobernar hasta el término del periodo constitucional.
El segundo gran interés
democratico es realizar la elección de gobernadores, cuyo diferimiento fue una
violación constitucional que se dejó pasar sin reclamo ni protesta. Poder sin
legitimidad electoral es dictadura.
La tercera exigencia es que
el gobierno cumpla todos los compromisos que demuestren su acatamiento a la
Constitución y que adopte las decisiones de urgencia para amortiguar la
multiplicación y el agravamiento de las calamidades sociales que constituyen la
amenaza creíble sobre el peor escenario para todos los venezolanos, pertenezcan
al 80% de los partidarios del cambio o al 18% de los seguidores del gobierno:
mientras este gobierno y este sistema existan, vamos a vivir peor.
La polarización artificial
que buscan escenificar dos extremos muy minoritarios, convocan a una
confrontación en la que después de contabilizar las tragedias de la violencia,
habrá que sentarse para arribar a la negociación que no se quiere hacer ahora.
25-11-16
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