Trino Márquez 28 de diciembre de 2016
@trinomarquezc
2016
termina con sabor amargo para la oposición. Todo el futuro promisorio que
apareció con el triunfo en las parlamentarias de diciembre de 2015, se evaporó.
El referendo revocatorio (RR) se extinguió. Se desincorporaron los diputados de
Amazonas. No se ejecutó la Ley de Amnistía. La participación en la Mesa de
Diálogo ha sido percibida por una sólida franja de opositores como un
estruendoso fracaso, producto -para colmo de males- de la ingenuidad de los
representantes democráticos, debilidad que no se les perdona a los políticos.
La oposición reúne a la mayoría del país, incluidos a muchos ciudadanos que
hasta ayer fueron chavistas, pero es una fuerza sin eficacia. Sin capacidad
para modificar la correlación de fuerzas y sacar la pandilla instalada en
Miraflores.
El
régimen ha desconocido olímpicamente a la mayoría electa para el Parlamento.
Sin embargo, si la Mesa de la Unidad Democrática no demuestra de nuevo la
capacidad electoral que posee, perderá
prestigio en el plano nacional e internacional.
Henrique
Capriles, María Corina, entre otros importantes dirigentes, han hablado de la
necesidad de trazarse como objetivo para 2017 la realización de unas elecciones
generales adelantadas. Creo que esta constituye una meta llena de peligros.
Otro fracaso solo produciría mayores decepciones. Durante 2016 no se realizó el
RR, a pesar de estar contemplado en el artículo 72 de la Carta Magna. El país,
liderado por la MUD, no acumuló la fuerza suficiente para imponerlo. El
régimen, aunque aislado e impopular, se
valió del control ejercido sobre el Poder Judicial para bloquearlo. Maduro y
sus socios se colocaron en contra de la Constitución con el propósito de
impedir que se cumpliera la voluntad popular.
Exactamente
lo mismo podría ocurrir con el proyecto de las elecciones adelantadas, con el
agravante de que el gobierno, en este caso, tendría a su favor la excusa de que
el procedimiento no está previsto en la Carta Magna. Podrá decirse que en
política las soluciones deben ser del tamaño
de los problemas, por lo tanto, que salir de Maduro tiene que ser la
prioridad. Como consigna publicitaria la frase resulta atractiva. En la
práctica, deben evaluarse con frialdad las condiciones en las cuales se opera.
El RR no pudo alcanzarse. Este debe ser el punto de partida del análisis. Lo
demás es voluntarismo fantasioso.
En el
horizonte electoral aparecen las elecciones para gobernadores y alcaldes. Las
primeras debieron llevarse a cabo en 2016. Las segundas están fijadas para
2017. Ambas fechas son constitucionales y están asociadas con la
descentralización política y administrativa del Estado, proceso al cual se le
da una gran importancia en la Carta del 99 y en la provincia.
El
Gobierno se resistirá a realizar ambas convocatorias. Sabe que en cada una de
ellas está perdido. El problema que tendrá que resolver es cómo eludirlas si
las dos citas son obligatorias por mandato constitucional. Frente al país y el
mundo democrático, incluido El Vaticano, tendrá que dar explicaciones
convincentes. Nada sencillo. En el sistema democrático las elecciones se
convocan cada vez que lo manda la ley, no cuando le conviene al régimen de
turno. La habilidad de la MUD, de todos
los factores democráticos de la nación y de quienes desde afuera apoyen este
esfuerzo, residirá en obligar a Nicolás Maduro a llamar a esas votaciones. En
el ambiente actual, como dice Fernando Mires, la lucha no es electoral, sino
por la realización de elecciones, pues el primer enemigo de que ellas se
efectúen es el gobierno.
Tras
la búsqueda de esa meta, para la cual se cuenta con poderosos aliados en el
interior del país, debería iniciarse el trabajo de la MUD desde los primeros
días de enero. El triunfo en los comicios regionales cercaría
institucionalmente al gobierno de Maduro. Viéndose rodeado, resultaría factible
que sea él quien, motus propio, convoque las elecciones generales adelantadas.
No le resultará cómodo ni fácil gobernar con la inmensa mayoría de los gobernadores y alcaldes
en contra.
La
otra opción es que Maduro se decida a desconocer la Constitución, pasar por
encima de esas elecciones, derogar los comicios presidenciales de 2018 y
erigirse en un dictador convencional,
puro y duro. En este caso la situación, la suya y la de la oposición, pasaría a
un plano distinto, escenario que debería entonces considerarse en su momento.
PD:
mis mejores deseos para el año que se avecina
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