Por Vanessa Davies
El conflicto de poderes entre
el Ejecutivo y la AN también ha tenido y tendrá consecuencias ambientales,
subraya Alejandro Luy, gerente de la organización Tierra Viva. El Gobierno no
ha ratificado el Acuerdo de París contra el cambio climático
El balance ambiental del año
2016 que puede hacer Alejandro Luy, gerente general de la organización Tierra
Viva, no es el más esperanzador. El recuento de lo sucedido este año es
negativo, porque “los problemas ambientales que venimos cargando se mantienen”
y se les añade otro enorme: la declaratoria del arco minero del Orinoco.
El manejo de los residuos
sólidos, el agua y la deforestación son, a criterio de Luy, las grandes fallas
ambientales que arrastra Venezuela. Todos ellos dispararon más conflictividad
social en 2016 y lo seguirán haciendo en 2017, porque si no se resuelven, crean
malestar en la población y alientan las protestas.
Muchos residuos, pocos
rellenos
“Aún hay serios problemas para
la recolección y buena disposición en los rellenos sanitarios. Para empezar, no
hay rellenos sanitarios, sino botaderos de basura”, porque las alcaldías no han
tenido capacidad para cumplir con las adecuaciones necesarias. Para verlo,
basta acercarse, indica Luy, a la estación de transferencia de Las Mayas,
ubicada a la salida de Caracas y en manos de la alcaldía del municipio
Libertador.
El país tiene una ley,
aprobada en el año 2011, que debía estar acompañada por un plan nacional de
gestión de residuos sólidos y por un comité nacional, pero “no existe plan ni
comité”.
Agua: no toda ni como debe ser
Aun cuando “este año ha
llovido más que el anterior”, la realidad es que la cantidad y la calidad del
agua “siguen siendo temas pendientes”, señala el ambientalista. “Puede ser que
más de 90% de las casas tengan una tubería, pero eso no quiere decir que esté
garantizada el agua”, subraya. Lo que sucede en Chacao desde el año 2014 es
emblemático, pero también lo es lo que sucede en el estado Vargas.
De la calidad del agua se
sabe, oficialmente, muy poco, pero la queja de la ciudadanía es permanente:
huele mal, es de color marrón, “viene con tierra”. “Hay una prohibición expresa
de la Fiscalía de informar, porque solo puede ofrecer información el Ministerio
de Ecosocialismo, pero la gente sabe que el agua viene turbia, con olores y con
exceso de cloro que causa picazón y urticaria en la piel”, describe Luy.
“No sabemos qué agua estamos
usando, qué agua estamos consumiendo”, advierte. Esto ocurre a pesar de que el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio préstamos al país “cuyo nivel de
ejecución fue muy bajo, como si no hubiésemos necesitado ese dinero”.
Y encima, deforestamos
Los estudios realizados en la
cuenca amazónica –Alejandro Luy cita el aporte de la investigadora Tina
Oliveira– demuestran “que Venezuela tiene la más alta tasa de deforestación de
la región”. En otras palabras, “somos los que estamos deforestando más, como
consecuencia de la minería ilegal, que es otra de las grandes situaciones que
no se ha revertido y que afecta áreas protegidas en los estados Amazonas y
Bolívar”.
Si el hecho de acabar con la
superficie verde no es suficientemente conmovedor, debería serlo el peligro de
que el río Caroní no pueda seguir produciendo la electricidad que el país
precisa.
“Este año llovió más, pero el
nivel del embalse de Guri no llegó al máximo. Puede ser que la pérdida de
cobertura boscosa incida en que el Guri no se llene”, plantea Luy.
Los derrames petroleros, la
contaminación de morichales han sido de impacto, mas de nuevo no se ofrecen
cifras ni información fidedigna. “Tampoco sabemos”, expone el biólogo, “qué se
está haciendo para combatir su impacto”.
11% para la minería
La decisión del Gobierno
Nacional de abrir buena parte del sur del país a la minería ha causado alarma
nacional e internacional. “El Ejecutivo decidió dejar 11% del territorio del
país para la explotación minera de diferente tipo, sin ninguna consulta real a
las comunidades indígenas”, critica el analista. Esta actividad minera se
desarrollará “en una superficie inmensa, que tiene áreas protegidas bajo la
figura de Abrae y es muy delicada desde el punto de vista ecológico”.
Las consecuencias las vivirán,
no solo los venezolanos, sino los ciudadanos de otros países, ya que la suerte
del río Orinoco afecta el mar Caribe: “Cualquier mal manejo de esa proporción
de territorio puede incidir sobre otras naciones”.
De acuerdo con el gerente
general de Tierra Viva, ahora Venezuela tiene dos problemas mineros: una
minería legal, “que no está atada al deber ser de la Constitución”; y una
minería ilegal, que no ha sido controlada.
–¿Nada justifica el arco
minero?
–Los países pueden planificar
su futuro en función de ciertos criterios. En Perú y Colombia hay una minería
muy cuestionada y discutida por diferentes actores de la sociedad. Hubo un
proceso de discusión. En Venezuela no ha habido un proceso de discusión, y uno
no sabe si la idea es cambiar un modelo extractivista por otro sin ninguna
planificación ni discusión.
–¿Qué consecuencias tendrá?
–Es lo más alejado de un
modelo de desarrollo sustentable. Vamos a tener comunidades desplazadas,
comunidades pobres, ambientes disminuidos, reducción del caudal de los ríos que
generan electricidad, contaminación. Y, al final, es pan para hoy y hambre para
mañana.
–¿Cómo será ese “hambre para
mañana”?
–Cuando destruyes áreas
potencialmente importantes para el turismo, el turismo no va para allá. Cuando
se te acabe la fuente hidroeléctrica volverás a quemar combustibles fósiles.
–¿Qué hacer con el arco minero?
–Paralizar y derogar el
decreto que lo crea, y al menos dar inicio a una verdadera consulta con la
sociedad venezolana. Este proyecto requiere de un estudio de impacto
socioambiental, evaluar si es o no viable y que surja una propuesta para ser
debatida. Puede hacerse un plan de explotación minera localizada en áreas ya
degradadas, o ni siquiera eso. Pero eso debe decidirlo la sociedad, no el
gobierno o una sola persona.
Poco avance en cambio
climático
Mucho dice el Gobierno sobre
su compromiso en la lucha contra el cambio climático, pero pocos son los
hechos, asevera Alejandro Luy. “La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, fue
en abril pasado a París a un acto protocolar sobre el inicio de la ratificación
del acuerdo”, pero el Ejecutivo debe “entregar un plan concreto de compromisos
que se suma al Acuerdo de París, y que tiene que cumplir”.
Sin embargo, el ambientalista
refiere –como un hecho positivo– que el Ministerio de Ecosocialismo abrió una
oficina de cambio climático. Y que el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo “financiará la elaboración de la segunda comunicación ante el
convenio de cambio climático”. Está previsto, igualmente, capacitar a personal
del ministerio para que realice el inventario de los gases de efecto
invernadero.
Convencido de que la suma de
esfuerzos siempre dará mejores resultados que un aporte solitario, Luy plantea
que el Ministerio de Ecosocialismo trabaje conjuntamente con la Academia de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales para que el país se actualice en
cuanto al cambio climático.
Las soluciones existen
Iniciativas públicas y
privadas están intentando hacer algo con los residuos sólidos, tal como lo
demostró una jornada efectuada en noviembre, cita el ambientalista. “A eso le
falta construir, de manera coordinada y planificada, un plan de gestión
integral de la basura; que haya un consejo nacional que pueda diseñar ese plan
y que sea técnicamente incluyente”. La convocatoria debería hacerla el
Ministerio de Ecosocialismo.
En cuanto a la calidad del
agua, Luy propone un estudio nacional en el que participen las universidades y
los expertos en la materia. Para mejorar la cantidad de líquido disponible,
insiste en la urgencia de construir nuevos embalses y terminar los inconclusos.
Para ponerle coto a la
deforestación lo perentorio es retomar la institucionalidad, proteger los
parques nacionales e implementar un plan agresivo de protección de áreas
naturales protegidas con el apoyo del servicio de Guardería Ambiental de la
Guardia Nacional Bolivariana. Es clave mantener la vigilancia y el control.
Las ciudades, sostiene Luy,
deben prepararse “para un modelo de desarrollo distinto” que privilegie al
ciudadano por encima de los vehículos. “Hay un modelo interesante: el de
Cumaná, que con el apoyo del BID se volcó a pensar en la gente”, comenta. El
ambiente “no es solo pajaritos y maticas, sino también calidad de vida para el
ciudadano”, puntualiza.
El gran reto que avizora para
2017 es el abordaje técnico, así como la promoción “de mecanismos de
articulación para atender viejos y nuevos problemas”.
Conflicto político también es
ambiental
El conflicto entre el Poder
Ejecutivo y la Asamblea Nacional “también se manifestó en el ambiente en 2016”
y proseguirá en 2017, alerta.
“Ha habido espacios para
discutir, por ejemplo, sobre cambio climático, en los cuales el Ejecutivo
Nacional, por no darle reconocimiento a la AN, no ha estado presente”, apunta.
Otro tema pendiente es la revisión de la ley de residuos sólidos.
Por ello, Alejandro Luy
concluye que una solución amigable al choque entre la AN y el Gobierno “va a
incidir en el desarrollo sustentable y la calidad de vida de los venezolanos”.
27-12-16
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