Por Roberto Casanova
I
Si la gente que hace nuestro
país peor no toma ni un día libre, ¿cómo podemos tomarlo nosotros? Con esta
idea en mente (basada, por cierto, en una famosa frase de Bob Marley) pensemos
en el siguiente escenario para los primeros días del año recién estrenado. El
próximo 5 de enero los diputados demócratas designarán a las nuevas autoridades
del Poder Legislativo. Los miembros de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) —cuyos nombres no debemos olvidar— mantendrán su
posición: la Asamblea Nacional (AN) se halla incursa en un supuesto “desacato”. Luego, declararán aquella
designación como un acto írrito, sin validez alguna. Desde su perspectiva la AN
simplemente no tendrá autoridades: se habrá “autodisuelto”. El Poder Ejecutivo,
responsable de esta tramoya, suscribirá inmediatamente esa tesis. Afirmará,
además, que no podrá transferir recursos a la AN en lo sucesivo pues ésta no
contaría siquiera con firmas autorizadas. Así, la AN dejaría de existir para
los otros Poderes Públicos y la responsabilidad de este extravagante hecho,
según el grupo que ha secuestrado al Estado, sería de la propia oposición
democrática.
II
El escenario esbozado podría
ser más insólito aún pues el régimen podría dar una “vuelta de tuerca”
adicional en su estrategia de control total del poder. No hay que olvidar que
el proyecto neocomunista, que con avances y retrocesos se viene imponiendo,
nunca aceptará una institucionalidad que califica como liberal-burguesa. Ante
la supuesta inexistencia de la AN el régimen tendría, tal vez, una oportunidad
para avanzar en la creación de un “Congreso del Pueblo” (o “Asamblea Nacional
del Poder Popular”, como se le llama en Cuba). Con base en este invento
político, eventualmente reconocido por el TSJ, el Poder Ejecutivo enviaría los
recursos destinados a la legítima AN a esa nueva instancia revolucionaria. Los
diputados socialistas quizás migrarían también a ese cuerpo “legislativo”,
abandonando la “autodisuelta” AN. Por inconcebible que parezca una jugada
política como esta no debemos subestimar el hecho de que el ropaje democrático
le queda ya estrecho a una camarilla que ambiciona perpetuarse en el poder.
III
Es probable que unos cuantos
diputados opositores pensasen que su tarea, si bien en un contexto complejo,
consistiría en cumplir con las funciones básicas de todo poder legislativo:
representar la voluntad de quienes los eligieron, promulgar nuevas leyes y
reformar o derogar leyes existentes, controlar las actuaciones del Poder
Ejecutivo. Pero el carácter dictatorial del régimen no es cuento. Las leyes
aprobadas por la AN son, como se sabe, sistemáticamente declaradas nulas por el
TSJ y el control que la AN puede efectivamente ejercer sobre el Poder Ejecutivo
es prácticamente inexistente. Pareciera, sin embargo, que cierta conducta
inercial hubiese sido adoptada por muchos de nuestros diputados y no supiesen
qué otra cosa hacer sino seguir aprobando leyes que no serán ejecutadas e
interpelando a funcionarios que no se darán por enterados. Lo que sucede, en
verdad, es que el acto de soberanía del pueblo que los eligió como sus representantes
es continuamente violado por la dictadura socialista.
IV
De lo que se trata es, dicho
en breve, que los diputados demócratas asuman, con determinación y con sentido
de urgencia, la misión de representar a los ciudadanos. El desafío no es
promover tal o cual conjunto de leyes sino de defender el derecho a legislar
democráticamente. El asunto no es dejar de investigar y denunciar a
funcionarios incompetentes y/o corruptos sino rescatar la función contralora de
la AN. Los diputados demócratas deben desconocer a todos aquellos funcionarios,
empezando por quienes integran la Sala Constitucional, que irrespetan la
representación de la voluntad de la mayoría de los venezolanos. Pero, ¿cómo se
logra eso? ¿Cómo ser diputados en tiempos de dictadura? Esta es la cuestión
básica y ya no tenemos tiempo para dudar.
V
Si la dictadura impide a los
diputados representar efectivamente la soberanía popular pues ellos, en
legítimo cumplimiento de la Constitución, no tienen una opción distinta a
la Rebelión Republicana (otro significado para la expresión “RR”).
Cada diputado demócrata tiene que convertirse ya en un diputado rebelde. Debe
centrar su esfuerzo político en ayudar a articular la protesta social en el
Estado cuya población representa. En promover allí el debate sobre un proyecto
alternativo de país. En hacer entender a los ciudadanos que las soluciones a
los problemas que los agobian requieren que la soberanía popular, deseosa de
cambio, sea respetada. Un diputado rebelde debe comprender, antes de que sea
demasiado tarde, que encarna dicha soberanía. Debe recordar que se halla
comprometido con los intereses generales de los venezolanos y no con los de un
partido o facción. (Lo que menos necesitamos en este momento es que un diputado
renuncie a su responsabilidad para convertirse en candidato a algún otro cargo
de representación pública). Un diputado rebelde debe pasar más tiempo en el
Estado en el que fue electo que en Caracas. Sus visitas a la capital deben
dedicarse a coordinar su trabajo con el de los otros diputados y a promover el
diálogo público en torno a una nueva estrategia de desarrollo para nuestro
país. Un diputado rebelde debe ser, en definitiva, una figura clave en nuestra
lucha por la libertad y la democracia. En el surgimiento y consolidación del Movimiento
de Unidad Democrática.
Nosotros, por nuestra parte,
los portadores de la soberanía popular, debemos saber quiénes son nuestros
representantes en la AN. Entrar en contacto con ellos y apoyarles en la
realización de la misión histórica que les ha correspondido cumplir.
02-01-17
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