Ramón Antonio Pérez 01 de abril de 2017
De hecho,
el bloqueo de la Asamblea convierte al Gobierno en una dictadura real”,
advertía a mediados de diciembre de 2016, el cardenal Jorge Urosa Savino, “más
allá del diálogo” que en ese momento era una realidad y una posibilidad
concreta para que Venezuela alcanzara a través de un camino democrático, la
resolución pacífica de sus conflictos políticos, sociales y económicos
internos.
Tres
meses y medio después de la alerta del arzobispo de Caracas, y que Aleteia tituló: Cardenal
Urosa: “El Gobierno de Venezuela se convierte en una dictadura real”, la
supresión de funciones de la Asamblea Nacional, se cumplió a través de una “decisión
exprés” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el 27 de marzo pasado,
cuya solicitud fue planteada el 22 de marzo, por el diputado oficialista Héctor
Rodríguez Castro.
La
decisión declaró inconstitucional el
acuerdo en el que la Asamblea Nacional apoya la aplicación de la Carta
Democrática de la Organización de Estados Americanos, OEA,
contra Venezuela. Señala que la inmunidad parlamentaria de los
diputados únicamente los ampara durante el ejercicio de sus funciones,
lo que no sería el caso para el actual Parlamento, al ser considerado en un
supuesto “desacato”.
El TSJ
también ordena al presidente Nicolás Maduro: “Evaluar el comportamiento de
las organizaciones internacionales a las cuales pertenece la República”, “tomar
las medidas que considere necesarias para evitar un estado de
conmoción”, así como “revisar diversas leyes que permitan conjurar los
graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática y aseguren la
gobernabilidad del país”.
La
Iglesia y sus peticiones
Fuentes
vinculadas a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) indican que “los
obispos están muy preocupados” con esta situación y preparan una declaración
conjunta “posiblemente para este 31 de marzo”, una vez conocidos los
alcances de la sentencia, y tras valorar las respuestas y acciones que decidan
los sectores políticos del país.
No
obstante, desde la CEV también recuerdan las consideraciones del arzobispo de
Caracas entre las que exigió al Gobierno Nacional: “la urgencia” de cumplir
el acuerdo del 30 de octubre, que había sido avalada por tres ex
presidentes, el secretario general de la Unión de las Naciones del Sur, Unasur,
y un emisario de la Santa Sede.
Recuerdan
que Urosa exigió tomar “las medidas necesarias para resolver la grave crisis
política de bloqueo de funcionamiento del Estado por el bloqueo a la Asamblea
Nacional”; “resolver los gravísimos problemas económicos y sociales que
agobian al pueblo venezolano”, y “la liberación de los detenidos por razones
políticas”.
Porras:
Vamos hacia el despeñadero dictatorial
Por su
parte, el también cardenal de Venezuela, Baltazar Porras Cardozo, dijo este
jueves que la sentencia del TSJ sobre los límites a la inmunidad
parlamentaria “lleva al país al despeñadero de la dictadura”, según
difundió El Universal.
Porras
indicó que Maduro aplica un “sistema totalitario que nos lleva hacia ese
despeñadero que es la dictadura, porque sencillamente no se quiere
reconocer dónde está la soberanía, que reside en el pueblo que eligió a la
Asamblea Nacional”.
Consideró
que dicha sentencia es anticonstitucional, agregando que el supremo pretende
desaparecer la Asamblea Nacional electa por la voluntad del pueblo venezolano.
OEA
convoca urgente Consejo Permanente
Entre
las reacciones se encuentra la del secretario general de la OEA, Luis Almagro,
quien convocó de manera urgente a un Consejo Permanente para tratar el tema de
Venezuela. Almagro indicó que se llegó a este punto a pesar de las advertencias
formuladas en los informes del 30 de mayo de 2016 y del 14 de marzo de 2017.
El
líder regional recordó el carácter preventivo de la Carta Democrática
Interamericana, “que debió haber sido accionada con rigurosidad para no
lamentar otro golpe de Estado en el hemisferio”, como el que se acaba de
ejecutar en Venezuela.
Entretanto,
la Cancillería del Perú confirmó el retiro del embajador de esa nación en Venezuela
que ya había adelantado el presidente Pedro Pablo Kuczynski. “Frente a la
gravedad de estos hechos, el Gobierno del Perú ha decidido retirar de manera
definitiva a su Embajador en la República Bolivariana de Venezuela”, informó la
nación sureña.
De
igual manera, sendas comunicaciones de México, Colombia, Chile, Brasil,
Argentina, Costa Rica y Panamá, entre otras naciones, manifiestan su inquietud
por la sentencia Nº 156 emitida este miércoles por el TSJ.
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