Por Fernando Pereira
Ángel tiene 10 años y
estudia en una escuela municipal, Desde el año escolar pasado se queja de que
un compañero, con la anuencia de un grupo del salón, se mete con él
permanentemente. Lo humilla y ofende públicamente y cuando están en
el recreo le ha tumbado varias veces la merienda.
Este año la situación se ha
hecho más intensa y Ángel ha comenzado a manifestar su deseo de no ir a clases.
Marta, su mamá, ha ido a la escuela en tres ocasiones. Le han dicho que se
trata de un caso de acoso escolar o bullying, que han citado a
los representantes del niño que agrede pero que no se dan por enterados. La
última vez la directora le recomendó ir al Consejo de Protección del municipio
para que tomen las medidas de protección que establece la LOPNNA (Ley
Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente).
Marta se dirigió a la
dirección que le dieron sin tener éxito en sus dos primeras idas pues le
dijeron que ya habían repartido los números a ser atendidos por día. Al tercer
intento madrugó en el lugar y su recompensa fue recibir uno de los últimos
cupos. El consejero que la atendió le dijo que no podían dictar las medidas de
la ley pues no tenían el quórum necesario fijado por ley. Le explico
algo técnico con el número del artículo de la ley que Marta no tenía cabeza
para retener. Su interés era ayudar a su hijo. El le dijo que una alternativa
era que volviera un día que estuviera de emergencia un consejero titular pues
el TSJ determinó que esa decisión tenía validez.
Ella le expresó que estaba
preocupada por la salud mental de Ángel pues lo notaba retraído y con problemas
de sueño desde que el acoso se acrecentó. El consejero le dijo que el problema
con las consultas psicológicas es que el programa con el que tienen el convenio
las está dando para dentro de 6 meses. Marta salió abatida y desconsolada.
Niños desprotegidos
Casos como el de Ángel
tienen su explicación en el informe que presentó esta semana Cecodapsobre
la realidad del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el Área
Metropolitana de Caracas. Angeyeimar Gil, investigadora
responsable, presentó una radiografíadespués de entrevistar 50 personas,
8 responsables de órganos administrativos del Sistema, 20 Responsables de
Programas de Atención y 22 usuarios.
Los consejeros de protección
y personal técnico y administrativo de los consejos de protección y derechos
han migrado por razones económicas. Ese contingente de personal capacitado se
ha ido del país. No cuentan los municipios con los recursos financieros
necesarios. El presupuesto es deficitario ante la cabalgante hiperinflación.
Hoy solamente en el
Municipio Libertador se tienen 11 programas de atención. En Sucre 26, 11 en
Baruta, 4 en Sucre y 4 en el Hatillo. Estos programas son los dirigidos a
atender a los niños que han sido víctimas de violencia, requieren atención
psicológica, psicopedagógica, terapia ocupacional, fortalecimiento familiar han
cerrado o se ha ido reduciendo su capacidad operativa pues cuentan con menos
personal y recursos.
Sin programas no hay forma
de atender a los niños de la calle. Los funcionarios manifestaron haber
contabilizado 500 niños niñas y adolescentes en situación de calle en
Baruta; 44 en Chacao y 147 en El Hatillo; advirtiendo que seguramente son
más por la falta de recursos institucionales. Un fenómeno que sigue en ascenso
mientras la capacidad institucional de respuesta está por el suelo.
Solo en papel
La protección debida
garantizada en la LOPNNA cuando se implementó en el año 2000 se quedó en el
papel. Las ofertas de una protección integral se fueron desinflando con el
exiguo presupuesto que no lo permite.
El informe de la
investigación concluye que el sistema de protección previsto en la ley no es
sistema ni protege a los niños y adolescentes.
No se trata de un problema
burocrático o administrativo. El cierre técnico es inminente. No hay capacidad
de dar respuesta. Las iniciativas que se mantienen es por el voluntarismo de
funcionarios, apoyo de las familias y de organizaciones civiles. Miles de Ángel
y Martas vagan por el país en orfandad de protección.
06-12-18
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