Por Vladimiro Mujica,
12/06/2014
Con el
país cayendo en barrena, con una crisis económica y social que a ratos parece
inmanejable, se comienzan a escuchar cada vez con mayor insistencia llamados
provenientes del chavismo a su más alto nivel para que distintos sectores de la
sociedad venezolana se integren a cooperar en áreas y temas específicos. El
asunto comenzó con la convocatoria a los empresarios para discutir la
reactivación de la economía. A esta iniciativa pronto se le unió la de reunirse
y cooperar con las alcaldías y gobernaciones controladas por la oposición sobre
el tema de seguridad.
Todo
ello con el trasfondo general del diálogo entre el gobierno, la MUD y otros
actores auspiciado por UNASUR y el enviado de la Iglesia a propósito de los
enfrentamientos violentos de los últimos cinco meses y su horrenda secuela de
muerte y represión.
Probablemente
no están demasiado apartados de la verdad quienes intuyen una intención
maquiavélica en toda esta estrategia de aparente acercamiento de un gobierno
que se ha distinguido por su vocación excluyente y negadora de la existencia de
la mitad del país que lo adversa. En un cierto modo, el gobierno pretende
resolver el equivalente político de un trilema en teoría económica que se
refiere a la imposibilidad de reconciliar tres elementos que aparentemente no
pueden co-existir simultáneamente: un tipo de cambio fijo, el libre movimiento
de capitales y una política monetaria autónoma.
Uno
podría hacer una adaptación libre a la situación venezolana y redefinir los
tres elementos del triángulo imposible así: (1) La existencia de un gobierno
autoritario y excluyente. (2) La participación libre y voluntaria del sector
excluido y (3) El buen vivir de la gente. La co-existencia de los tres
elementos es contradictoria, y probablemente imposible, pero el asunto está
lejos de ser un problema académico y se convierte en algo real y palpable,
porque hay una acumulación creciente de evidencia de que esto es precisamente
lo que pretende hacer un gobierno que cada vez se siente más acorralado.
La
pretensión de saldar el triángulo imposible se traduce en que hay un tufo
ineludible a emboscada y a maniobra para dividir a la oposición. Se trata en
esencia de hacerla co-responsable de una gestión desastrosa de gobierno sin
hacer ningún intento por una apertura política. Ni siquiera una apertura
generosa, sino simplemente una ajustada a la Constitución Nacional que ha sido
sistemáticamente violentada. El caso de las acciones contra el crimen resumidas
en el plan Patria Segura es emblemático: se intenta supuestamente coordinar las
políticas de seguridad pública con las mismas gobernaciones y alcaldías de la
oposición que han sido objeto de un tiroteo institucional intenso por parte del
gobierno y a las que se les niegan los recursos previstos en el ordenamiento
legal para su funcionamiento. La emboscada está a la vista: si colaboran con el
gobierno se hacen coresponsables de la situación de la inseguridad; si no lo
hacen están violentando sus deberes y sabotean la gestión del gobierno. Es
decir, malo si lo hacen y malo si no lo hacen.
Lo que
se hace en materia de seguridad ha encontrado su eco en otros espacios como la
economía, la educación, la salud y la vivienda. El mensaje y la conducta del
gobierno son siempre los mismos: opositores bienvenidos a colaborar y compartir
el riesgo frente a la gente, pero olvídense de apertura política. Colaboren pero
no esperen ninguna compartición del poder, ni siquiera el mínimo respeto por lo
establecido en la Constitución.
Y a
quienes protesten, represión y cárcel, o ambos.
El
reto que esta conducta del gobierno le presenta a la oposición es brutal y no
puede ser minimizado. Entre otras cosas por una razón muy simple: es verdad que
el país se está cayendo a pedazos y también que el gobierno puede perder el
férreo control que hasta ahora ha logrado ejercer sobre la conflictividad
social; abriendo así la puerta para un estallido social que se salga de cauce y
que puede conducir a un escenario de violencia y de enfrentamiento civil de
consecuencias nefastas e impredecibles.
Como
en muchas otras situaciones que constituyen el complejo quehacer político de la
oposición en Venezuela, aquí también se impone entender a fondo la estrategia
del régimen y actuar en consecuencia. No dejarse arrinconar como sector a quien
no le interesa la vida de la gente, pero tampoco intentar compartir la gestión
pública sin garantías políticas claras, como por ejemplo el nombramiento del
CNE, ni aceptar la desmovilización de la protesta popular por el desastre en
que se ha tornado la existencia en Venezuela, como condición para el diálogo.
Las
nuevas urgencias de un país que se deshace, le plantean también inmensas
dificultades a un gobierno que se ha preciado de todopoderoso y que ahora
observa con mucha preocupación que cada vez le es más difícil ignorar el
malestar de la gente. Quizás en entender esta dinámica de apertura y emboscada
en que se debate el gobierno y actuar en consecuencia esté la clave para
retomar algún diálogo realista en un país que lo requiere desesperadamente.
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