Por Eddie Ramírez, 08/01/2014
Los actos de terrorismo y de violaciones a los derechos humanos deben
ser el tópico prioritario en las Naciones Unidas para llegar a acuerdos de
alcance mundial que permitan erradicar esos flagelos. Es inaceptable que en el
siglo XXI ocurran estas demostraciones de barbarie que son posibles por el
apoyo directo o indirecto de algunos gobiernos. No cabe justificación alguna,
sea por alegados motivos religiosos, por imponer algunas llamadas revoluciones,
para presionar por la independencia de un territorio o por la ambición de un
autócrata de permanecer en el poder.
Sin duda son terroristas los que asesinaron en Francia a trabajadores
de la revista Charlie Hebdo, los del grupo Boko Haram que secuestran niñas
en Sudán, los que lanzan cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel, los
chiitas que atentan contra sunitas y a la inversa, los integrantes de las Farc,
del ELN y paramilitares en Colombia, los hoy arrepentidos de ETA en España y
del IRA en Irlanda del Norte, los que asesinaron estudiantes en México, pero
también los que por mantenerse en el poder desatan un terrorismo de estado para
combatir a sus adversarios. ¡Ya basta! El mundo civilizado no puede permanecer
indiferente ante estos actos de barbarie. Ningún gobierno que apoye estos
hechos bochornosos o que los practique pude alegar su soberanía para oponerse a
las intervenciones que debería realizar una coalición de países democráticos
por mandato de la ONU.
La situación ha llegado a un grado tal de gravedad que hoy en día nadie
está a salvo y con el tiempo la situación se agravará si no se toman medidas
contundentes en contra de los gobiernos que apoyan o que practican el
terrorismo. La violación a los derechos humanos es un acto de terrorismo
practicado por cuerpos militares o paramilitares autorizados por autócratas que
no aceptan la disidencia. Regímenes como los de Siria, Bielorrusia y Zimbabue
no deben existir. Tampoco el encabezado por Maduro ya que, aunque hay una gran
diferencia cuantitativa, no es menos cierto que en Venezuela también se violan
los derechos humanos, tanto por las policías del estado, como por integrantes
de la Fuerza Armada y por grupos paramilitares oficialistas eufemísticamente
denominados colectivos.
En algunos casos será necesaria la intervención de fuerzas militares,
pero en otras sería suficiente una ruptura de relaciones diplomáticas, una
condena moral como puede ser la expulsión de la ONU y de otros organismos internacionales
o sanciones a individualidades. Los bloqueos económicos han demostrado ser
contraproducentes por afectar más a la población que a los gobernantes
violadores. En el caso de Venezuela sería suficiente una condena de la mayoría
de los países democráticos. El resto del trabajo nos corresponde a los
venezolanos. Seguramente esta petición es una utopía, pero en algún momento,
por simple supervivencia, las principales democracias del mundo deberán
tomarlas y ojala no sea tarde.
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