Por Michael Penfold
En Venezuela ningún escenario
luce aún definitivo: ni los buenos ni los malos. Las posibilidades de que
distintos factores políticos o sociales aceleren un proceso de cambio, que
impliquen restaurar el estado de derecho y la democracia, dependen en estos
momentos de dos condiciones que son absolutamente fundamentales. La primera
condición es que la movilización ciudadana y la unidad de la oposición se
logren consolidar cada vez más tanto en su intensidad como en su alcance
social. Tan sólo un aumento de los costos en los que incurre el gobierno por el
uso de la represión para tratar de desmovilizar a la sociedad puede obligarlos
(sea por presión militar o internacional) a dar concesiones que precipiten un
proceso de transformación política que sea irreversible. Esto explica por qué
la sociedad venezolana lucha con tanta intensidad en las calles: para los
ciudadanos la resolución de la crisis actual es un asunto existencial pues
representa su única garantía para poder restablecer sus derechos individuales
frente a la vocación autoritaria de un gobierno que suspende elecciones,
disuelve los poderes públicos y convoca inconstitucionalmente una Asamblea
Nacional Constituyente sin someter la iniciativa y sus bases comiciales a un
referendo.
En el marco de esta
movilización ciudadana, que también incluye la represión estatal y la violencia
paraestatal –que es el cuadro que mejor caracteriza al país en estos momentos–,
surge un instante en el que la diferencia entre el costo de reprimir o hacer
concesiones significativas, comienza a ser una disyuntiva real tanto para el
gobierno como para los militares, frente al riesgo cada vez más alto de perder
el poder y ser desplazados por algún tipo de alternativa. Es difícil estimar
qué tan próximos estamos de este punto de inflexión, pero hay muchos indicios
que sugieren que no estamos tan lejos: la intensidad y continuidad de las
protestas, el espectro del descontento social, la crudeza y crueldad del uso de
la violencia por parte de los entes de seguridad, el derrumbe de los elementos
simbólicos de la revolución, como la estatua de Chávez en Machiques, y la
indisposición que muestran algunos oficiales de bajo rango de la Guardia
Nacional Bolivariana a la hora de reprimir a la población que reclama sus
derechos.
La segunda condición, que está
íntimamente vinculada con la primera, es la necesidad de que los conflictos
internos dentro del chavismo y aquellos dentro del mundo militar, se hagan cada
vez más visibles, sobre todo en torno a qué tipo de concesiones deben
realizarse tanto en el frente político como en el económico para poder
enfrentar el descontento social. En la medida en que aparezcan grupos muy bien
definidos dentro del chavismo que piensen que aun haciendo concesiones
significativas a la oposición, ellos pueden llegar a influir en las
características y los tiempos de este proceso de cambio, en esa misma medida la
influencia de los radicales se verá seriamente cuestionada. Por el contrario,
si el chavismo percibe que no hay futuro sin el presidente Maduro, pues no hay
quien los proteja, entonces difícilmente surjan estos conflictos, y el chavismo
se cohesionará alrededor de su destino. Esto es lo que algunos llaman el costo
de salida. Si perciben, en cambio, que estos grupos tienen cómo influir
decisivamente en el proceso, inevitablemente apostarán por el mismo. Este
cálculo es uno que ya deben estar haciendo no sólo algunos políticos dentro del
PSUV sino también muchos actores en las esferas militares. Este es el famoso
tema de las garantías. Y no es un tema menor. Es el corazón del dilema del
cambio político en Venezuela.
La aparición de este tipo de
fracturas tampoco es inevitable. Hasta ahora es el frente que mejor ha
resguardado el gobierno tanto a nivel partidista como militar. Los radicales
han logrado mantener un férreo dominio sobre todo el proceso de toma de
decisiones (tanto en el plano económico y político así como en el de la
seguridad). Y este grupo se ha encargado de recordar que cualquier concesión es
una traición a la revolución y elevan su credibilidad al incrementar cada vez
más los castigos a cualquier facción disidente y al aumentar el uso de la
represión hacia la misma oposición. Este fuerte control es lo que impide
asegurar que en estos momentos estemos viviendo una transición democrática
(como han dicho algunos) cuando la realidad es que estamos presenciando, más
bien, un proceso de formalización abiertamente autoritaria del ejercicio del
poder.
Sin embargo, las diferencias
dentro del chavismo, en especial alrededor de los temas relativos a la
suspensión de las elecciones regionales y locales, la írrita convocatoria a la
constituyente, el uso de la violencia y el dramatismo de la situación económica
y social, comienzan a hacerse cada vez más palpables e irreconciliables. Las
declaraciones de Luisa Ortega Díaz denunciando la violación de los derechos
ciudadanos durante las protestas así como su pronunciamiento sobre la necesidad
de promover un proceso de negociación política para lograr reinstitucionalizar
el país; las opiniones de Isaías Rodríguez sobre la obligación de someter a un
referendo la iniciativa del Ejecutivo para que sea el pueblo quien convoque
directamente a una Asamblea Nacional Constituyente; y la carta de un músico del prestigio internacional de
Gustavo Dudamel –una figura simbólica muy importante para
el mundo chavista–, en la que condena moralmente la violencia y la falta de
apertura democrática, prefiguran la profundidad de este tipo de fracturas.
Estas mismas grietas también se deben estar comenzando a observar en el mundo
militar.
El cruce de estas dos
condiciones dibuja los escenarios futuros para el país. Algunos de estos
escenarios son pesimistas pero también hay otros que son luminosos. Creo que
todos son probables, unos más que otros, pero confieso que mi percepción es que
esa probabilidad de ocurrencia no son significativamente muy diferentes, por lo
que me parece ilógico no describirlos e incluso absurdo eliminarlos. Eso hace
que el futuro sea muy incierto, lo cual explica parte de la angustia que
experimentamos. Muchos piensan que nuestro futuro es binario y sin duda es
imposible negarles la razón y también lo creen los jóvenes en la calle:
dictadura o democracia. Otros analistas, como mi amigo Luis Vicente León,
concuerdan en que los escenarios son igualmente binarios pues las alternativas
se reducen sustancialmente debido a los altísimos costos de salida para el
chavismo: represión o negociación. Mi impresión es que los escenarios son un poco
más variados (incluso algunos vienen en modalidades diferentes) y confieso que
todos son inestables (y en todos vamos a tener que comernos algunos sapos y
seguramente una culebra).
En este sentido, los
escenarios que voy a describir son complejos e inciertos; la sostenibilidad
política de ninguno de estos mundos está plenamente garantizada. Es importante
aclarar que un ejercicio de esta naturaleza siempre conlleva proyectar en el
tiempo futuro una narrativa totalmente ficticia (aunque probable) de los distintos
escenarios, todo ello a partir de unas variables críticas que han sido
identificadas; en ningún momento los escenarios que describo aspiran predecir
los eventos que van a ocurrir en el país (ese es un don del que solo gozan los
videntes).
Muchos me preguntan con
insistencia si realmente es posible un escenario de cambio democrático porque
todos aspiramos tener otro futuro y los que están afuera desean volver a
nuestro querido país. Mi respuesta siempre es la misma: el cambio democrático
requiere de dos factores: movilización ciudadana y capacidad de negociación
para generar acuerdos mínimos. Sin ambos instrumentos es imposible promover un
proceso de democratización en Venezuela. En nuestro país, lamentablemente, a
veces tendemos a contraponer la calle con los acuerdos y la negociación. Es la
triste herencia de octubre pasado al no priorizar y mantener la calle (para
complacer al Vaticano en una mediación inoportuna) cuando el gobierno suspendió
arbitrariamente el referendo revocatorio. Sin embargo, si aceptamos la utilidad
de ambos instrumentos, entonces el futuro de Venezuela es promisorio, pues
estaremos abordando el mayor reto del país: su institucionalización política y
económica con control ciudadano.
Estos son los escenarios:
La Negociación: Los
militares retiran su apoyo al gobierno ante los altos costos de sostener la
represión pero tampoco están dispuestos a aliarse con la oposición para
protagonizar una insurrección. Obligan a los más radicales –con apoyo de la
comunidad internacional y en especial del Vaticano, pero esta vez sin la
presencia de los expresidentes Zapatero, Fernández y Torrijos– a negociar sus
condiciones de salida dentro del marco de la Constitución actual. Los militares
instrumentalizan la inevitabilidad de la renuncia del Presidente e imponen a un
sustituto de mutuo acuerdo –que fue nombrado poco antes como vicepresidente– y
que tiene como objetivo conducir un gobierno transitorio. La Constitución se
mantiene intacta. Los militares fundamentan esta decisión argumentando que se
hace imperativo tener un personaje que sea confiable para ambos bandos para
poder hacer la “triangulación”.
Durante la negociación, la
oposición se ve obligada a aceptar todo tipo de amnistías y garantías a cambio
de un proceso electoral futuro que sea competitivo y transparente. El Tribunal
Supremo de Justicia queda en manos del chavismo para garantizar que todos los
acuerdos sean efectivamente respetados. También exigen que la Constitución sea
reformada para garantizar que estos mismos acuerdos queden incorporados en la
carta magna y los militares también obtienen mayores fueros y prebendas. La
oposición logra restaurar las prerrogativas de la Asamblea Nacional,
institucionalizan la independencia del CNE y logran reducir el periodo
presidencial de seis a cinco años sin referendo revocatorio y prohíben la
reelección presidencial. Se realizan elecciones regionales y locales. La
comunidad internacional presiona exitosamente para que se liberen a los presos
políticos y se eliminen sus inhabilitaciones pero todos los candidatos
presidenciales postergan sus aspiraciones para permitir la materialización del
acuerdo facilitado por la comunidad internacional y ejecutado por el presidente
que “triangula”. El nuevo gabinete aborda las reformas para estabilizar la
economía e implementar el plan de emergencia social con amplio apoyo
multilateral. Las elecciones competitivas y abiertas se pautan en un tiempo
prudencial una vez que todos los acuerdos políticos se hayan verificado y las
reformas económicas se hayan implementado.
Nuevas Alianzas: Ante la
intensificación de la movilización ciudadana y el recrudecimiento de la
represión y el intento del Presidente Maduro de insistir con la convocatoria
del proceso Constituyente, unos diputados moderados del chavismo deciden
rebelarse en la Asamblea Nacional. Un grupo de ocho legisladores del PSUV
amenaza al ala más radical con votar conjuntamente con la bancada opositora si
Maduro no es obligado a renunciar y sustituido por un nuevo líder del partido.
Aquí se abren dos modalidades de cambio: acuerdos dentro del chavismo o
acuerdos con la oposición.
En el primer tipo de acuerdos,
el chavismo se renueva y los radicales ceden ante la amenaza de los moderados;
el chavismo se aglutina nuevamente alrededor de un nuevo líder y deciden
abordar la crisis económica con apoyo de los organismos internacionales y los
chinos. El nuevo Presidente no negocia con la oposición pero acepta hacer
algunas concesiones parciales como liberar a los presos políticos y fijar un
cronograma electoral para comicios regionales, locales y de Presidente que
favorezca al chavismo, es decir, que les compre suficiente tiempo. Sin embargo,
las inhabilitaciones se mantienen. La revolución continúa. El nuevo Presidente
mejora sus niveles de aceptación y la elección se hace mucho más pareja pero no
es perfectamente competitiva.
En la segunda modalidad de
este mismo escenario, la Asamblea Nacional, ahora con una renovada mayoría
calificada de las dos terceras partes, gracias a la alianza entre la disidencia
chavista y la oposición, y con el apoyo internacional e incluso con la anuencia
de los militares, logra cambiar la composición del TSJ y del CNE. También logra
remover al Presidente y su vicepresidente. Un nuevo gobierno transitorio es
escogido por la misma AN para cubrir el resto del periodo presidencial y
reconocido por la comunidad internacional y las fuerzas armadas. Los presos
políticos son liberados. La comunidad internacional respalda todas las
decisiones del gobierno de amplia base y provee financiamiento para el programa
de estabilización y emergencia social. Se mantiene la actual Constitución
aunque se prohíbe la reelección presidencial. El programa de estabilización y
emergencia social es respaldado por ambas fuerzas políticas, incluyendo los
organismos internacionales y también los chinos.
La Imposición: En este
escenario el gobierno logra doblegar las protestas a través de un uso desmedido
de la represión que es tolerado por las fuerzas militares. La sociedad se
desmoviliza gradualmente y las protestas se terminan concentrando tan solo en
unos pequeños focos en la ciudad capital. La Rebelión de Abril es virtualmente
derrotada. El presidente Maduro avanza con la convocatoria a la Constituyente
sin ningún tipo de referendo previo –a pesar de la crítica internacional y de
la decisión de la oposición de no participar en ella–, lo que le permite
suspender formalmente cualquier tipo de elección y utiliza mecanismos
corporativistas para unificar de facto al chavismo alrededor de su figura
presidencial. Venezuela materializa su salida de la OEA y Mercosur. La crisis
económica se profundiza y el estado comunal se consolida.
El Colapso: El gobierno
de Maduro logra desmovilizar la Rebelión de Abril gracias a la
incondicionalidad de los militares pero a un costo político interno muy alto.
Los focos de protestas se mantienen. La convocatoria a la Asamblea Nacional
Constituyente tampoco genera suficientes consensos dentro del gobierno. Todos
los factores de poder coinciden en que la mejor Constitución es la de Chávez. La
popularidad de Maduro se desploma y los moderados se rebelan pero tampoco
pueden imponerse. El presidente Maduro logra sostenerse pero mucho más
debilitado. Tampoco hay elecciones (el chavismo promete de forma poco creíble
alguna elección presidencial en el 2019 pues el TSJ validó que el inicio del
periodo fue a partir de su juramentación en abril de 2013). La represión a los
partidos opositores y el uso de inhabilitaciones se intensifica. El gobierno
continúa posponiendo las reformas económicas y se mantiene aferrado a los
controles cambiarios y de precios. La producción petrolera acelera
dramáticamente su caída ante la falta de inversión.
A mediados del 2018, a pesar
de su voluntad de mantener los pagos de deuda, el gobierno hace default debido
a su incapacidad para mantener los desembolsos frente a la caída de la
producción petrolera y debido al tamaño de los compromisos financieros. El país
descubre que lo que resta de las reservas internacionales en oro no son tan
líquidas pues ya han sido pignoradas. La emergencia social se intensifica. La
inflación se acelera. El país se anarquiza. La emigración aumenta y la
violencia organizada toma pleno control de las calles. El país termina de
colapsar.
Transición sin
Transacción: La sociedad intensifica su movilización y amplía la conexión
con diversos sectores sociales en todo el territorio nacional. Los militares
encuentran que el costo de sostener la represión es demasiado alto y le
solicitan al presidente Maduro que negocie algunas concesiones sustanciales con
la oposición. El chavismo se mantiene unido alrededor de los más radicales –los
moderados chavistas han sido silenciados– y deciden que no van a negociar
otorgando condiciones previas y amenazan con ampliar aún más el despliegue de
las milicias y los colectivos. Los militares se rebelan ante la incapacidad del
chavismo de otorgar algunas concesiones sustantivas y optan por aliarse con la
oposición para darle la estocada final al gobierno. Triunfa la Rebelión de
Abril y se convoca a elecciones generales. Es la transición sin transacción. El
nuevo gobierno afronta algunas reformas estructurales en la economía, a través
de un programa de estabilización con el apoyo de diversas organizaciones
multilaterales, pero con ciertas dificultades ante lo convulsionado del
ambiente político, pues una parte del chavismo ahora está en la resistencia y
denuncia que ha sido víctima de un golpe de Estado. Los partidos políticos
pactan una reforma constitucional. Los colectivos inician una nueva ola de
violencia.
***
Me gustaría culminar con
algunas conclusiones que deben ser resaltadas. En todos los escenarios los
militares son actores fundamentales, incluso en aquellos en los que las nuevas
alianzas o la negociación, el asunto parece una transacción estrictamente
política. Otra conclusión que surge del ejercicio, es que muchos expertos
internacionales y nacionales enfatizan la importancia que juegan los moderados
de ambos bandos para garantizar un cambio democrático. Mi impresión es que esta
enseñanza para el caso venezolano es mucho más compleja y debe ser precisada:
lo importante es que la oposición se mantenga unida más allá de la distinción
entre moderados y radicales. El cambio democrático es virtualmente imposible
sin unidad. Más bien, lo fundamental es que los moderados surjan del lado del
chavismo y jueguen un papel preponderante en la resolución de la crisis,
especialmente en una ruta que involucre un papel protagónico que puede llegar a
tener la Asamblea Nacional con el apoyo de la comunidad internacional.
Si la oposición luce dividida
entre distintas etiquetas, entonces los incentivos para los chavistas
disidentes de transar con la bancada opositora se van a ver seriamente afectada
por una simple razón, que es que su amenaza frente a los radicales del gobierno
se vuelve muy poco creíble y por lo tanto muy poco efectiva. Finalmente, los
militares siempre van a preferir una salida de la coyuntura actual a través de
una negociación o un acuerdo entre chavistas o incluso un acuerdo en la
Asamblea Nacional –por eso el afán del gobierno de insistir con la
constituyente porque es la mejor manera de frenar cualquiera de estas otras
alternativas (salvo la negociación)–. De modo que si los militares irrumpen en
la escena política venezolana, no será porque fueron convencidos por la
oposición, lo cual me luce muy poco factible, sino porque los radicales
chavistas ante la presión de calle y su ceguera política optaron por no
negociar de una forma sincera, es decir, aceptando algunas condiciones previas
como liberar a los presos políticos y abrir el canal humanitario. Es evidente
que los dilemas del país son complejísimos, pero también es cierto que tampoco
son irresolubles, pues no hay una sola hoja de ruta sino varias.
09-05-17
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