Por Mariano de Alba
17 países de la región se
dieron cita en la ciudad de Lima para tratar la grave situación que vive
Venezuela. Al encuentro acudieron 14
cancilleres y representantes de menor rango de otros tres Estados. Finalizada
la reunión, 12 países emitieron un documento (la Declaración de Lima) donde, entre otras
cosas, ratifican el desconocimiento a la fraudulenta Asamblea Constituyente, la
legitimidad de la Asamblea Nacional y la Fiscal Luisa Ortega Díaz y acuerdan
seguir de cerca el desarrollo de la crisis venezolana.
Al tratarse de una declaración
fuera del ámbito de una organización internacional, los países que la suscriben
no están obligados a tomar medidas concretas para ejecutarla. Esto sigue
dependiendo de la voluntad política que mantengan esos países para ejecutar lo
acordado y tomar otras medidas concretas como podría ser el retiro de
embajadores o la imposición de sanciones.
Las implicaciones de la
Declaración
1. La Declaración
ratifica que el papel de la comunidad internacional no es solucionar la crisis,
sino “contribuir”. Según el criterio de los 12 países, esto supone una “salida
pacífica y negociada” que permita la “restauración de la democracia” en
Venezuela. Este preámbulo es importante pues ratifica que la región no busca ni
tiene las herramientas para resolver unilateralmente la crisis, ya que esto
depende esencialmente de los actores internos. Sin embargo, sí existe una
disposición a asistir en la búsqueda de una solución.
2. El documento confirma
la ruptura del orden democrático en Venezuela, una determinación tomada por los
países del Mercosur el 1ro.
de abril y por al menos 17 países de la OEA el 3 de abril. En consecuencia, de manera conjunta los países
corroboran su decisión de no reconocer la fraudulenta Constituyente ni los
actos que emanen de ella, respaldando la legitimidad de la Asamblea Nacional y
la Fiscal General Luisa Ortega Díaz. Esto no significa un desconocimiento al
gobierno de Nicolás Maduro, sino únicamente a la Constituyente y los actos que
de allí emanen. Por ende, si la Constituyente llegara a suplantar a los Poderes
ya constituidos, esos nuevos Poderes muy probablemente no serían reconocidos.
3. Como consecuencia del
reconocimiento de la legitimidad de la Asamblea Nacional electa en diciembre de
2015, por primera vez 12 países establecieron de forma expresa que “los actos
jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea
Nacional, sólo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado”. Se
trata de una determinación crucial que podría eventualmente afectar la firma de
contratos y préstamos, tal y como lo confirmó el canciller de México en la
rueda de prensa posterior. Sin embargo, esto no significa que se están
reconociendo a la Asamblea Nacional como gobierno o que el régimen de Nicolás
Maduro está imposibilitado de suscribir cualquier contrato o asumir cualquier
tipo de deuda con los países que suscribieron la Declaración. Tal y como ha
explicado el profesor José Ignacio Hernández aquí en Prodavinci, “el principio general en el Derecho
Constitucional venezolano es que el Gobierno puede dictar actos y celebrar
contratos sin necesidad de contar con una autorización previa de la Asamblea
Nacional”. En consecuencia, se trata de una decisión que deberá darse caso por
caso, pero que bien podría reducir el margen de acción del régimen.
4. La Declaración también
condena la “violación sistemática de los derechos humanos y las libertades
fundamentales”, ratificando la determinación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, quién también denunció “el uso generalizado y sistemático
de fuerza excesiva” contra miles de manifestantes. Este elemento de
“sistematicidad”, ratificado ahora por una autoridad siempre cautelosa como
Naciones Unidas, aumenta las probabilidades de que al menos algunos países de
la región terminen por remitir la situación en Venezuela a la Corte Penal Internacional, y que su Fiscalía comience
una investigación contra los más altos responsables de crímenes de lesa
humanidad en el país.
5. Los 12 países que
suscribieron la Declaración también resaltaron su “preocupación por la crisis
humanitaria” y condenaron al gobierno de Nicolás Maduro “por no permitir el
ingreso de alimentos en apoyo al pueblo venezolano”. Esto confirma que el único
impedimento para el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela continúa siendo
la negativa del régimen, a pesar de que países como Perú, Colombia y Estados
Unidos han manifestado estar listos para enviar alimentos y medicinas.
6. Por otro lado, la
Declaración apoya “continuar la aplicación de la Carta
Democrática Interamericana a Venezuela”, lo que representa un apoyo
simbólico a las gestiones que ha venido realizando el Secretario General, Luis
Almagro, en la OEA. Sin embargo, sigue pareciendo poco probable que la OEA
vaya a lograr alguna decisión con respecto a Venezuela, especialmente si se
tiene en cuenta que la única medida concreta que se podría aplicar –conforme a
la Carta Interamericana– sería la de suspender a Venezuela del organismo para
lo que se requiere una mayoría calificada de 24 países.
7. Este grupo de 12
países, a los que se le podrían sumar otros en las próximas semanas, están
también dispuestos a aumentar el aislamiento internacional del régimen de
Nicolás Maduro. Para ello, decidieron “no apoyar ninguna candidatura venezolana
en organizaciones internacionales” y solicitar “la postergación de la Cumbre
CELAC-UE” prevista para el mes de octubre. La intención es no convalidar
simbólicamente la legitimidad de la fraudulenta Constituyente, conviviendo con
la presencia de Nicolás Maduro o funcionarios del régimen en un evento
internacional como si no hubiese una ruptura del orden democrático en
Venezuela.
8. Por otro lado, la
Declaración también hace un llamado a los países que han mantenido comercio de
armas con Venezuela (como China, Rusia, Estados Unidos, España, Austria y
Holanda) a “detener la transferencia de armas hacia Venezuela” y a tomar en
cuenta las disposiciones del Tratado sobre Comercio de Armas. Esto es una clara
referencia a la prohibición contenida en ese tratado a transferir armas cuando
se tiene conocimiento que podría ser utilizadas para cometer crímenes de lesa
humanidad o ataques dirigidos contra personas civiles o bienes de carácter
civil, tal y como ha sido el caso durante las manifestaciones de los últimos
meses.
9. Finalmente, la
Declaración manifiesta un “compromiso de mantener un seguimiento de la
situación de Venezuela, a nivel de Cancilleres, hasta el pleno restablecimiento
de la democracia” en Venezuela. Para esto, se espera que haya una nueva reunión
en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, donde podrían sumarse
más países. Previsiblemente, a este grupo se podría unir Estados Unidos y
quizás algunos países de Europa que han dejado claro que su objetivo es apoyar
una “negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes” y
que permita el retorno de la democracia a Venezuela.
La reunión paralela del ALBA
en Caracas
Para contrarrestar el impacto
de la reunión de 17 países en Lima, el régimen de Nicolás Maduro convocó a una
reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
En primera instancia, la reunión dejó entrever el reducido apoyo del régimen en
la región, visto que en esa organización hacen vida 12 países, entre los que
destacan Cuba, Nicaragua, El Salvador, Ecuador y algunos países del Caribe.
El documento emanado de esa reunión reconoce la jornada
electoral del 30 de julio y condena la imposición de medidas contra
funcionarios del régimen venezolano y eventuales sanciones económicas.
El punto más notable del
documento es la ratificación del apoyo a la iniciativa de los Jefes de Gobierno
de los países del Caribe que son parte del Caricom, quiénes actualmente están
tratando de concretar un nuevo esfuerzo de diálogo en Venezuela. La iniciativa
cuenta con el apoyo del gobierno y busca la participación de la oposición y
otros países de la región. Por tal razón, un representante de Granada, país que
actualmente detenta la presidencia temporal del Caricom, también estuvo
presente en la reunión en Lima. Asimismo, durante su intervención en la
reunión, Nicolás Maduro pidió un diálogo con países como México, Argentina y
Colombia, lo que se ha concretado con una convocatoria a
los embajadores en Venezuela de los 12 países que suscribieron la Declaración
de Lima a una reunión en la cancillería venezolana.
Los países del Caribe
reconocen que para que el esfuerzo sea creíble, deberá contar con el apoyo de
los países que se reunieron en Lima. No obstante, desde el punto de vista de los
12 países que suscribieron la Declaración y la oposición venezolana, un nuevo
intento no pasa únicamente ya por definir quiénes acompañarán un eventual
proceso sino por demostraciones concretas por parte del régimen –desmontar la
Constituyente, liberar a los presos políticos, reconocer a la Asamblea Nacional
y abrir un canal humanitario– de que efectivamente está dispuesta a buscar
una salida negociada. Hasta tanto ello no ocurra, será muy poco probable que
las nuevas iniciativas logren concretarse.
Los próximos pasos en la
comunidad internacional
La Declaración de Lima es un
hito que confirma la disposición de una buena parte de los países de la región
a concretar el aislamiento del régimen de Nicolás Maduro luego de la imposición
de la fraudulenta Constituyente. La preocupación internacional existe y
continuará, evidenciada en reuniones y declaraciones de este tipo que buscan
ejercer presión para que haya un cambio de actitud y rumbo por parte del
régimen.
No obstante, vista la
disposición de radicalización que demuestra el gobierno venezolano, lo más
probable es que buena parte de los países de la región se vean obligados a
avanzar con medidas diplomáticas unilaterales, así como sanciones a
funcionarios del régimen y eventualmente posibles sanciones económicas.
Esto reduciría la capacidad de gobernar del régimen, pero no constituye una
garantía de un cambio político. Al final, tal y como lo reconocen
indirectamente los países que suscribieron la Declaración de Lima, lo crucial
serán los esfuerzos que se concreten internamente para buscar una salida a la
crisis que vive Venezuela.
09-08-17
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