Por Héctor Silva Michelena
“Por eso me dirijo a vos
gritando la verdad con toda la fuerza de mi rebelión de hombre honrado”. Émile
Zola.
Este es un grito de la verdad
que hago llagar a oídos de la señora Silvia Fernández de Gurmendi, presidente
de la Corte Penal Internacional (CPI), y a todos los hombres y mujeres que aman
la libertad y la justicia. Hago esta rebelión ya que la justicia en mi país no
es objetiva, no es imparcial y carece de la auctoritas, es decir, de la
cualidad por la cual una persona se hace merecedora del respecto de los que la
rodean a través de la experiencia, y la realización plena y completa durante
mucho tiempo de otras virtudes. Es una opinión acusatoria del el alto gobierno,
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por el delito de genocidio, de
agresión y de lesa humanidad, durante y después de las protestas opositoras
realizadas entre abril y junio de 2017. Esta opinión se suma a las denuncias introducidas
por la abogada Tamara Suju (23 de julio) contra 57 altos cargos del gobierno de
Nicolás Maduro, y los delitos expresamente señalados en las acciones incoadas,
adicionalmente, ante la CPI por la fiscal ilegalmente removida Luisa Ortega
Díaz (16 de noviembre), los senadores de Colombia y Chile (19 de julio), y la
Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid (7 de septiembre).
Yo acuso a Nicolás Maduro como
el mayor responsable de los delitos de genocidio, agresión a los manifestantes,
detenciones arbitrarias, torturas psicológicas y físicas. Yo acuso a los
miembros del llamado Comando Antigolpe, que el jefe del Estado nombró en enero
de 2017, para reprimir cualquier protesta o disensión contra su mal gobierno.
Allí figuran el vicepresidente Tareck el Aissami, el ministro de la Defensa y
comandante estratégico operacional, general Vladimir Padrino López; el ministro
de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol; la ex canciller Delcy Rodríguez;
el ex presidente de la Asamblea Diosdado Cabello; la almiranta Carmen Meléndez,
ex ministra de la Defensa y vicepresidenta de Soberanía Política, Seguridad y
Paz; el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin),
general Gustavo González López, y el comandante general de la Milicia Nacional,
mayor general César Vega González, el comandante de la GN Antonio Benavides
Torres, tristemente célebre por su sevicia y encono contra los disidentes.
Yo acuso a la Guardia Nacional
y a la Policía Nacional, mal llamadas bolivarianas, de las torturas habituales
que van desde la intoxicación por el uso excesivo de bombas lacrimógenas hasta
golpes con objetos contundentes, violaciones o tratos crueles y humillantes,
como las denuncias presentadas por detenidos que aseguran que los obligaron a
comer excrementos y gusanos o a vestirse con ropa empapada en heces, y de
infligir a los manifestantes y detenidos graves daños corporales que dejaron
duras secuelas. Son prácticas sistemáticas. Se trata de la cadena de mando de
los funcionarios implicados en las torturas. Aquí acuso al director de la
Policía Nacional Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez Ampueda, y al director del
Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico.
Yo acuso al alto gobierno
venezolano, y a los que monopolizan las armas de ignorar y despreciar el
informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, presentado el
pasado 30 de agosto, donde se denuncia el uso letal de la fuerza y la ejecución
de actos de tortura por parte de policías y militares contra manifestantes y
detenidos durante las protestas en contra de la ilegal y fraudulenta asamblea
nacional constituyente. La legítima Asamblea Nacional venezolana es la elegida,
en comicios populares, el 6 de diciembre de 2015. Y el legítimo TSJ es el
designado por esa Asamblea, que representa la voluntad de nuestro pueblo, aún
hoy en día. Sus magistrados han sido perseguidos y están en el exilio. Hago
esta denuncia basado en el informe del Alto Comisionado de la ONU para los
Derechos Humanos, que confirma que lo que está pasando en Venezuela no son
actos fortuitos sino crímenes de lesa humanidad.
Yo acuso a todo el alto
gobierno, a las FAN, a la PN, al Sebin, al Cicpc y a los paramilitares, pagados
por el gobierno, de llevar a cabo un plan de “limpieza social” de apartheid o
segregación, de desconocer más de 1.000 elementos probatorios de la violación
de los derechos humanos, y de los reconocimientos médicos legales,
psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas a las víctimas indefensas.
Yo los acuso de ser los responsables del número de muertos que entre enero de
2015 y junio de 2017 llegaría a las 8.000 personas, un verdadera epidemia que
asola Venezuela.
Yo acuso a los agentes del
Sebin de ser despiadados torturadores sin alma y sin compasión por el ser humano,
de ser entrenados psicópatas, de ser criminales a sueldo oficial, pagados por
los venezolanos para reducir a los detenidos políticos a condiciones
incompatibles con la dignidad humana, causantes de toda clase de traumas,
muchas veces irreductibles e irremediables, que dejan graves secuelas de por
vida.
Este es el testimonio de
Daniel Ceballos, plasmado en una carta del 30 de diciembre pasado, que llegó a
manos del portal El Estímulo, y cuyas notas finales transcribo: “Desde el
Helicoide. Estas líneas las escribo luego de haber sido despojado de mis libros
y mis lápices el pasado 25 de diciembre por una comisión de funcionarios del
Sebin, con órdenes del comisario Richard Centeno, alias ‘Pachuco’, como
represalia a mi actitud de resistencia y no cooperación frente al hostigamiento
de hacerme tres fotos al día y usar un grillete electrónico en mi tobillo, en
el fondo del último calabozo de la cárcel del Helicoide. El tigrito es una
minúscula celda de castigo en donde son confinados los presos de la cárcel del
Helicoide, para aplicarles la ‘Bolsa’ y el ‘Baigón’, instrumentos de tortura”.
Yo acuso formal y públicamente
estos procedimientos de los mandos medios, de violar sistemáticamente los
derechos humanos de miles de compatriotas nuestros, que luchan por la
Constitución y la democracia.
Yo acuso a los altos mandos de
ejército y de la nación que lean este artículo, de criminal complicidad, si no
detienen de inmediato esta situación que hiere los sentimientos más elementales
de solidaridad humana de los venezolanos no afectados por la vesania o el
fanatismo.
Estos crímenes son parte de
una política oficial para reprimir las protestas y manifestaciones del pueblo
venezolano, y de acciones de un hampa desatada ante la pasividad y la impunidad
del gobierno. Texto Ortega Díaz (Enlace:
http://elestimulo.com/blog/estas-son-las-acusaciones-con-las-que-piden-prision-para-maduro-y-4-de-sus-generales/).
Yo acuso al espurio fiscal
Tarek William Saab y a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia
de grave complicidad con las violaciones de la Constitución y las leyes, por lo
cual me veo en la necesidad de acudir a este expediente por cuanto en Venezuela
no hay justicia. No es posible que se logre sancionar a los responsables de
estos crímenes de lesa humanidad.
Yo acuso, con gran fuerza, a
Nicolás Maduro de violación flagrante de los artículos 5, 70, 347, 348 y 350 de
la CRBV, por haber convocado una asamblea nacional constituyente, sin cumplir
los requisitos de respeto a la soberanía popular, que reside intransferiblemente
en el pueblo. Lo acuso del grave delito de abolir la soberanía popular,
conquistada por el mundo democrático tras duras luchas de sangre derramada.
Yo acuso al gobierno, y a su
jefe, Nicolás Maduro, de haber entregado gran parte de la soberanía nacional
hasta degradar a Venezuela a ser un protectorado de Cuba, directamente o por
medio de sus agentes del G-2 en Venezuela. Yo acuso a Maduro de haber endeudado
ilícitamente a la nación venezolana, imponiendo sobre sus ciudadanos una pesada
carga que solo ellos van a soportar.
Yo acuso al gobierno
venezolano, en todas sus filas, por la desesperada situación de miseria,
empobrecimiento masivo, desnutrición, enfermedades e inseguridad personal
derivadas exclusivamente de las pésimas políticas públicas puestas en práctica,
sin escrúpulo alguno.
Declaro que no conozco ni he
visto nunca, en carne y hueso, a las personas y entidades a quienes acuso. Las
considero como entes, como espíritus de maleficencia, social y personal. Y el
acto que aquí realizo no es más que una obligación ciudadana, un medio de
activar la explosión de la verdad y de la Justicia, esa diosa griega –Temis, de
origen egipcio, de Maat– violada incontables veces por el sistema judicial
venezolano y su cabeza, un TSJ espurio. El significado de los elementos
principales de la dama de la justicia es el siguiente: balanza: representa la
consideración objetiva de los argumentos de las partes en controversia. Venda
en los ojos: representa la imparcialidad para resolver el caso, ver los hechos o
controversia, no a las personas. Espada: representa la autoridad y la capacidad
de coerción para imponer las decisiones tomadas.
Coda: un día como hoy, 13 de
enero de 1898, el escritor francés Émile Zola publicaba
su J’accuse...! (en español, Yo acuso) en el diario L'Aurore, un
severo alegato en forma de carta pública, dirigida al presidente de Francia,
Félix Faure, en favor del capitán Alfred Dreyfus, judío francés acusado
injustamente de alta traición. Posteriormente, Dreyfus fue hallado inocente y
rehabilitado en 1906.
13-01-18
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