Por Alberto Arteaga Sánchez
Aunque parezca mentira,
después de ocupar el primer puesto entre los países más violentos, víctima de
la más despiadada hiperinflación, con índices de desnutrición que nos colocan
entre los más desasistidos del orbe, con las reservas más grandes de petróleo,
con una Constitución que “garantiza a plenitud los derechos humanos”, habiendo
sido Venezuela uno de los primeros países que abolió la pena de muerte en el
universo y el abanderado en la ratificación y aprobación legislativa del
Estatuto de Roma el 13 de diciembre de 2000, suscrito en 1998, llegamos también
a la vergonzosa y preocupante posición de ocupar la atención del máximo tribunal
del mundo que conoce de los crímenes más horrendos contra la humanidad: la
Corte Penal Internacional.
La fiscal ante esa Corte, en
una breve y contundente alocución, sencillamente y con claridad, anunció que
había acordado un examen preliminar con relación al contenido de la
terrorífica denuncia de atropellos, muertes, tratos crueles, uso criminal
de la fuerza del Estado y violencia contra los ciudadanos por parte del poder
en los últimos años y con motivo especial de la respuesta armada a la protesta
ciudadana.
Esa Fiscalía no inicia este
procedimiento por motivaciones políticas; no ha habido cabildeo para que
coloquen esa denuncia en los puestos de arriba de la vergonzosa lista de casos
pendientes; ni ahora el asunto quedará archivado por intereses personales o
motivaciones subalternas.
Sencillamente, los hechos
escandalosos de violencia, la persecución implacable de las ideas, la reclusión
en las mazmorras del régimen, la persecución de los adversarios y los
operativos macabros de “liberación del pueblo” nos han llevado a la actuación
de una fiscal que se apega al mandato de las normas.
No se trata de condenar sin
juicio, sin investigación y sin pruebas; no se trata de ordenar una indagación
sobre la verdad de lo ocurrido por razones políticas y órdenes de arriba;
no se trata de presumir la culpabilidad ni de apresar sin elementos fundados de
convicción sobre los hechos y sus presuntos responsables.
Se trata, simplemente,
aunque nos parezca extraño, de comenzar un proceso penal evaluando la seriedad
y veracidad de las denuncias que han llegado a conocimiento de la fiscal, que
ameritan ser revisadas, examinadas y valoradas para determinar si se debe abrir
o no una investigación, sin presumir culpabilidad, ni dictar, de una vez,
medidas de privación de libertad que se constituyen en sentencias
condenatorias.
La Corte Penal Internacional
no tiene carteles permanentes que anuncien que no hay despacho, ni es ocupada
por jueces elegidos por sus credenciales políticas. Es un tribunal que nació y
se abre camino para establecer la verdad sobre los hechos o crímenes más graves
que afectan la dignidad y la conciencia de los pueblos del mundo y que no
pueden quedar cubiertos por el manto de la impunidad.
aas@arteagasanchez.com
12-02-18
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