Por Froilán Barrios
Esta semana la protesta
laboral se acentúa en todo el territorio nacional al cumplirse el segundo
aniversario del apocalipsis del salario de los trabajadores venezolanos, ya que
en realidad el “Programa de recuperación de la estabilidad monetaria, fiscal,
de la estabilidad del sistema de precios, de la senda de la producción y del
crecimiento sostenido, sustentable de las fuerzas productivas, con el que se
recuperaría el poder adquisitivo” impuesto unilateralmente el 19/08/2018 por el
autodenominado “presidente obrero”, fulminó el pasado, presente y futuro del
trabajo en nuestro país.
El poder adquisitivo de
cualquier trabajador quedó en el inframundo de la miseria al representar 400.000
bolívares soberanos tan solo 1,2 dólares mensuales, lo que sitúa a nuestro país
en el último escalón de las remuneraciones a nivel global. Si lo comparamos en
América Latina encontramos que en Cuba, referencia ideológica del régimen, el
salario mínimo es de 20 dólares mensuales; en Nicaragua 100 dólares y Haití 30
dólares; y en el caso de Nigeria y Yemen, los países más pobres de África y
Asia, el ingreso diario es de 1,9 dólares diarios.
Ahora bien, veamos la
distribución de la remuneración al trabajo en nuestro país, que reafirma lo
planteado por el valioso informe Encovi 2019-2020 de la UCAB en materia de
pobreza: 96,3% a nivel nacional. Podemos entonces hablar de explotación
histórica de los trabajadores, comparado con la época de la esclavitud, ya que
el ingreso percibido no alcanza siquiera para la sobrevivencia, al requerirse
200 salarios mínimos para adquirir la canasta básica constitucional (art. 91),
cuyo valor actual es de 110 millones de bolívares soberanos.
Comencemos por los
trabajadores del sector público (obreros, empleados, profesionales y profesores
universitarios, trabajadores de empresas básicas),que son los más depauperados.
Sus remuneraciones se encuentran entre 1,3 y 20 dólares mensuales, con el
agravante de que en octubre 2018 el Ejecutivo Nacional publicó un memorando, el
2792, a través del Mintra, que engavetó indefinidamente todas las negociaciones
colectivas en las instituciones públicas, para una población laboral aproximada
de 2.5 millones de trabajadores, que ha ido disminuyendo paulatinamente con la
diáspora.
En el sector privado de
la economía, que registra una cantidad aproximada de 3 millones de
trabajadores, se ha mantenido la contratación colectiva, aun cuando conocemos
que la tasa de sindicalización es de 1/3 de la del sector público. Acá la
remuneración ha sido más dinámica porque el empleador privado supera con creces
el salario mínimo. Se podrá encontrar a un vigilante de un centro comercial
devengando la misma cantidad que un profesor titular de una universidad pública.
Aun cuando la remuneración al trabajo todavía es distante de los 230 dólares de
la cesta alimentaria y de la cesta básica de bienes y servicios de 330 dólares,
los ingresos son disimiles y a titulo discrecional del empleador, al ser la
remuneración mixta, en bolívares, divisas y bolsas de comida.
Entre tanto, el sector
informal, el más afectado con la pandemia, oferta sus servicios en divisa
extranjera ante un bolívar soberano desaparecido. La moneda circulante es el
dólar para toda transacción de venta de productos, alimentos, lo que genera una
especulación general que disuelve aún más el poder adquisitivo del trabajador
formal.
El sector de los
jubilados y pensionados que agrupa a 4 millones de extrabajadores que reciben
pensión del IVSS, o de planes de jubilación contractuales del sector público y
de la pensión Amor Mayor, sobreviven en condiciones infrahumanas con ingresos
similares al salario mínimo sin pago de ticket alimentación.
Finalmente, los
desempleados, alrededor de 4 millones de personas que deambulan entre la
economía informal por trabajos eventuales y la precariedad absoluta, solo
sobreviven a la espera de los bonos limosnas del Estado, los cuales son
distribuidos también a la dislocada estructura salarial indicada anteriormente.
Estos subsisten en la penuria más abyecta que se grafica en gente comiendo de
la basura en calles y avenidas del territorio nacional.
Ante esta calamidad que
afecta a la población venezolana, la única explicación que publicita el Estado
gendarme es el bloqueo económico y las agresiones de las potencias imperiales,
relato injustificable de una gestión que condujo a la población al destino más
miserable.
Una de las tareas
esenciales al restablecer el Estado de Derecho es promover políticas económicas
que recuperen la adecuada remuneración al trabajo digno, en equilibrio frente a
la remuneración del capital que permitirá reconstruir el empleo formal y los
servicios públicos: agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, transporte,
Internet, salud, educación, infraestructura vial, competencias de un Estado con
poderes públicos autónomos y de un gobierno ciudadano y democrático.
19-08-20
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