PABLO MUÑOZ / CRUZ
MORCILLO 07 de abril de 2015
La Fiscalía del Principado investigaba si Diego
Salazar, empresario vinculado a Petróleos de Venezuela, blanqueaba fondos
millonarios gracias a la entidad
El
exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, condenado
por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación por el caso de las escuchas
de la Gürtel, fue contratado a finales de 2012 por Banca Privada de Andorra
(BPA), actualmente intervenida
por las autoridades del Principado por ser una estructura de blanqueo de dinero.
El objetivo de la entidad era desbloquear las cuentas de uno de sus clientes
más selectos, Diego Salazar, un magnate venezolano que se hizo multimillonario
al calor de sus negocios con Petróleos de Venezuela, empresa estatal dirigida
hasta hace algún tiempo por su primo hermano Rafael Ramírez Carreño, hoy
embajador de su país ante la ONU.
El
motivo de ese bloqueo de sus cuentas en BPA, ordenado el 30 de noviembre de
2012, era que la Fiscalía del Principado sospechaba que Salazar blanqueaba
cantidades millonarias de dinero a través de ellas. En concreto, según las
intervenciones telefónicas de diciembre de 2012 autorizadas por la Audiencia
Nacional a la Guardia Civil en el marco de la operación Clotilde, a cuyo
contenido ha tenido acceso ABC, el magnate investigado habría movido
«cientos de millones de euros» y además a la juez de Andorra que
llevaba el caso le resultaba muy sospechoso «el parentesco de Diego con su
primo», en referencia a Rafael Ramírez.
El
nombre de Garzón sale a relucir en cuatro ocasiones. La primera el 13 de
diciembre cuando Pablo Laplana, gestor de BPA a quien se investigó en el marco
de la citada investigación de la Guardia Civil, le dice a Luis Mariano,
encargado de las cuentas de Salazar en la entidad, que han «contratado
a Garzón para que ataque», refiriéndose, claro está, a la decisión de las
autoridades judiciales andorranas de bloquear las cuentas del magnate.
Al
día siguiente, Laplana recibe la llamada de un hombre sin identificar y hablan
sobre el recurso de Salazar dirigido al Tribunal Supremo de Andorra, y a la
composición de ese tribunal para «utilizar influencias favorables
a los intereses de Diego Salazar». Después,
se refieren al exmagistrado de la Audiencia Nacional, «con el que quieren
hablar sobre este asunto», siempre según el informe de escuchas a cuyo
contenido ha tenido acceso ABC.
La
tercera alusión se produce dos días después en una conversación de Laplana con
un hombre no identificado de acento suramericano. Los interlocutores hablan del
recurso de Diego Salazar «que lleva el juez Garzón», sin que los informes
precisen más datos sobre este asunto.
Éxito de la defensa
Finalmente,
el 20 de diciembre de 2012 se produce la cuarta conversación en la que el
exmagistrado sale a relucir, y de nuevo son Laplana y Luis Mariano los que
hablan. Esta vez el primero de ellos sigue comentando los detalles del caso
judicial y la intención de BPA de que con sus recursos no solo se desbloqueen
las cuentas, sino que todo el sumario, en cuyo marco tomó esa decisión
la juez andorrana, fuese sobreseído. Eso, añade, daría lugar por parte de
la entidad a la reclamación por daños y perjuicios, por una parte, y a
emprender acciones penales por abuso de poder y prevaricación por otra. Añade
que «Vilepand -según informaciones procedentes de Venezuela se trata de
Dominique de Villepin, ex primer ministro francés y abogado del magnate
venezolano- ha hecho un borrador que se lo ha mandado hoy a Garzón», se supone
que para que lo estudiara e hiciera las aportaciones que considerar a
oportunas.
Lo
cierto es que el dictamen de Garzón y el resto de actuaciones de abogados que
movilizó Diego Salazar dieron sus frutos hace diez meses,cuando
el Tribunal del Corts del Principado, en contra del criterio de la Fiscalía, de
la Unidad de Delitos Financieros de Estados Unidos (Fincen) y del Servicio
Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), autorizó a Salazar
y al resto de jerarcas del régimen venezolano a disponer de los casi 200
millones de dólares bloqueados en sus cuentas.
Una
decisión cuestionable
Esta
decisión judicial contrasta con los acontecimientos posteriores, en especial
con las intervenciones de BPA en el
Principado y de su filial Banco Madrid en España por
ser consideradas por los investigadores como «estructuras al servicio del
blanqueo de dinero». Como se sabe, existen potentes indicios de que la mafia
china liderada por Gao Ping, el grupo de crimen organizado ruso de Viktor
Kanaikin y Andrei Petrov y personajes relevantes del chavismo venezolano utilizaban
las dos entidades para lavar enormes sumas de dinero. Pero aunque las
cantidades en los dos primeros casos son importantes, sin duda la mayor partida
era del último grupo, entre los que hay personajes a los que se relaciona con
la corrupción política al más alto nivel en su país.
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