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Con
las víctimas todo, sin las víctimas nada. La Corte Penal Internacional (CPI) ha
dejado en claro que su misión es ofrecer justicia e intentar reparar
a quienes han sido objeto de alguna de las graves violaciones a los derechos
humanos previstas en el Estatuto de Roma; y que toda decisión que adopte
en algún proceso tendrá en cuenta la opinión de este colectivo.
Una prueba de
lo anterior es el auto aprobado el pasado 24 de agosto por la Sala de
Apelaciones del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos), que ha convocado
por segunda vez a las víctimas venezolanas de detenciones arbitrarias e
ilegales, torturas, persecución o asesinato para que le expongan al fiscal
Karim Khan si consideran que no debe investigar los hechos ocurridos en el
país, tal y como lo ha pedido el Gobierno de Nicolás Maduro.
En la decisión emitida por la Sala se lee lo siguiente:
«Se
ordena a la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas (VPRS, por
sus siglas en inglés) que recopile y transmita a la Sala de Apelaciones las
alegaciones de cualquier víctima o grupo de víctimas interesados, con la
asistencia de sus representantes legales si así lo desean, sobre la cuestión de
si, en su opinión, la decisión del artículo 18(2) (del Estatuto) que permite la
reanudación de la investigación por el Fiscal de la CPI debe ser confirmada,
modificada o revocada en apelación».
El
Gobierno de Maduro considera injustificado que se le haya autorizado a la
oficina del fiscal Khan a reanudar sus averiguaciones sobre lo ocurrido en
Venezuela, en primer lugar, porque no considera que en el país se hayan
producido crímenes de lesa humanidad sino abusos cometidos por unas cuantas
individualidades; en segundo, porque los excesos detectados son procesados por
el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial; y en tercero, porque cree
que las investigaciones de la Fiscalía de la CPI forman parte de una campaña
internacional, orquestada por Estados Unidos, que busca desplazarlo del poder.
En la
decisión suscrita por los magistrados Marc Perrin de Brichambaut, Piotr
Hofmański, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Solomy Balungi Bossa y Gocha
Lordkipanidze se ratificó el criterio que la instancia ha aplicado a otros
casos, como el proceso por las ejecuciones policiales ocurridas en Filipinas
durante la «guerra contra las drogas» que los gobiernos del país asiático
pusieron en marcha entre 2011 y 2019.
«La
Sala de Apelaciones considera apropiado que las víctimas participen en el procedimiento de
apelación en la presente situación», declaró en su auto.
Atendiendo
peticiones
Con su
decisión, el juzgado no solo está reiterando su criterio, sino que de paso
atendió las solicitudes que le hiciera un millar de venezolanos para poder
participar en este proceso.
En
cuestión de semanas, 1.118 venezolanos, divididos en tres grupos, acudieron
ante la Sala de Apelaciones para pedirle que les permitiera exponer su parecer
respecto a la solicitud con la que las autoridades nacionales confían frenar
las investigaciones de Khan.
En los
próximos días se espera que la Sección de Reparación y Participación de las
Víctimas informe la forma en la que los interesados podrán exponer su opinión y
los tiempos que tendrán para hacerlo.
Hasta
ahora, el único lapso ya definido es que la Sección tendrá hasta el próximo 17
de octubre para presentar un informe a la Sala de Apelaciones, en el cual se
condesen las opiniones de las víctimas que atiendan este nuevo llamado.
Esta
es la segunda vez que el juzgado internacional convoca a los afectados
venezolanos. La primera ocurrió a finales de 2022, cuando la Sala de
Cuestiones Preliminares citó a las víctimas de los presuntos crímenes de lesa
humanidad ocurridos en el país para que le expusieran si consideraban que las
autoridades nacionales estaban o no investigando sus casos.
En esa
ocasión, casi 9.000 personas expresaron su parecer y de manera
prácticamente unánime solicitaron a la CPI que se le permitiera al fiscal Khan
reanudar sus averiguaciones sobre lo ocurrido en el país, para así esclarecer
los hechos, identificar a los responsables y buscar su enjuiciamiento.
Es
importante aclarar que esto es adicional a la actuación de la Oficina Pública
de Defensa de las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés),
instancia que pidió participar en el proceso de apelación, cuya solicitud fue
admitida por la Sala el pasado 21 de julio. A más tardar el 12 de
septiembre, la OPCV deberá presentar sus alegatos en un escrito de máximo 40
páginas.
Para
esa misma fecha está pautada la respuesta por parte de la Fiscalía de la CPI a
la apelación del Estado venezolano.
La OEA
también quiere participar
Otro
asunto que se espera sea resuelto a la brevedad es la solicitud de
participación del panel de expertos de la Organización de Estados Americanos
(OEA) sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El
grupo ha solicitado a la Sala de Apelaciones la posibilidad
de ofrecer su opinión respecto a la conveniencia o no de permitir al fiscal
Khan proseguir sus averiguaciones sobre los abusos ocurridos en el país. Así lo
reveló la Sala en un auto dictado el pasado 7 de agosto.
A
finales de julio, los expertos nombrados por la OEA anunciaron su interés en
participar mediante un amicus curiae en el proceso iniciado
por las autoridades venezolanas y garantizaron a la Sala que «proporcionarán
información única y relevante» para ayudarla a concluir que el Estado no tiene
intención de «realizar investigaciones genuinas y enjuiciamientos de los
presuntos perpetradores a nivel nacional y cumplir con sus obligaciones»
en materia de derechos humanos.
El
panel designado en 2017 por el secretario general de la OEA, Luis Almagro,
realizó una serie de audiencias públicas e investigaciones, las cuales le
permitieron determinar que en el país ocurrieron algunos de los crímenes
previstos en el Estatuto de Roma. Así, la instancia documentó más de 12.000
casos detenciones arbitrarias, 289 de tortura y 192 de violaciones
cometidos por presuntos agentes estatales.
Los
hallazgos de los expertos sirvieron para que seis países acudieran en 2018 ante
la CPI para pedirle que investigara lo ocurrido en Venezuela.
Y a ti
venezolano, ¿cómo te afecta?
La
acción interpuesta por el Gobierno de Maduro es una demostración más de la
falta de interés genuino por esclarecer los hechos ocurridos en el país,
sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Sin embargo, la decisión
de la Sala de Apelaciones es muestra de que la Corte Penal Internacional no
piensa tomar ninguna decisión sin antes escuchar a las víctimas.
Desde
Acceso a la Justicia instamos a los afectados a atender este nuevo llamado de la CPI y
a dejar oír su voz de la manera clara y contundente en que lo hicieron en la
primera convocatoria. La investigación del fiscal Khan es el primer paso para
identificar y sancionar a los responsables de lo ocurrido en el país, lo cual
es además una parte de la reparación para los afectados por sus crímenes.
En los
próximos días aparecerán en la página web de la CPI las condiciones para enviar
las solicitudes; estén atentos a nuestras redes sociales, pues informaremos
inmediatamente al respecto.
Tomado
de: https://accesoalajusticia.org/victimas-venezolanas-podran-hacerse-oir-otra-vez-la-haya/
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