El Observador 15 de agosto de 2016
La
aplicación de la cláusula democrática para suspender a la Venezuela chavista
como miembro del Mercosur es
el camino lógico para terminar con una controversia que paraliza y distorsiona
aun más al bloque regional. Aunque nuestro gobierno no parece respaldar este
curso, el presidente Tabaré Vázquez admitió el lunes que “mientras no se
decrete la posibilidad de una cláusula democrática (Venezuela) lo estará
integrando”. Su declaración refleja el actual intríngulis. Uruguay se ajustó a
la estructura jurídica del Mercosur al cesar su período en la presidencia
semestral, que le corresponde asumir a Venezuela. La acción del gobierno generó
protestas de los otros tres socios fundadores y abre la perspectiva de
ausencias que hagan fracasar cualquier reunión que convoque Maduro, quien
afirmó haber asumido una presidencia que no
se le reconoce ni se le acepta.
Brasil,
Argentina y Paraguay adujeron que Venezuela no ha cumplido todos los trámites
requeridos a los socios plenos, condición que asumió indebidamente en 2012. El
argumento de esos tres gobiernos es una endeble excusa para la actitud
justificada de evitar la presidencia venezolana. En vez de recurrir a este
pretexto, corresponde el procedimiento legítimo de excluir al país caribeño por
incumplimiento de la vigencia de una democracia plena que se exige a todos los
miembros. Venezuela está notoriamente omisa en esta obligación, ya que
democracia no es solo la elección de un gobierno mediante votación popular.
Conlleva también la vigencia sin fisuras del estado de derecho, cuyos cimientos
son la división de poderes y el respeto a las libertades y derechos de los
ciudadanos y las instituciones.
La
división de poderes no existe en la Venezuela creada por Hugo Chávez y
empeorada por su sucesor Maduro. Desde que la oposición ganó el control del
Parlamento, las decisiones de ese cuerpo han sido revertidas arbitrariamente
por el Poder Ejecutivo. Lo ha hecho valiéndose del máximo tribunal del Poder
Judicial, un club de 13 amigos que Maduro nombró a dedo y que obedece sin
chistar las órdenes presidenciales. Cada vez que la Asamblea Nacional aprobó
leyes que no le gustaron a Maduro, como la liberación de presos políticos, el
tribunal las declaró inconstitucionales por orden de Maduro.
Y las
libertades y derechos son violados asiduamente. Dirigentes políticos opositores
han sido encarcelados y condenados sumariamente, en un intento de debilitar el
abrumador rechazo mayoritario de los venezolanos a un régimen que de
democrático solo le queda el nombre. Lo mismo ocurre con derechos como el de
propiedad y la libertad de prensa, violada con la clausura de medios y la
negativa a permitirles la importación de papel y otros insumos, intimidaciones
y asesinatos impunes de manifestantes opositores. Todos estos elementos
justifican plenamente que se invoque la cláusula democrática, suspendiendo a
Venezuela como miembro del Mercosur mientras el gobierno actual o el que lo
suceda no restablezca una democracia plena. El presidente argentino, Mauricio
Macri, propuso tiempo atrás este curso. Paraguay con seguridad lo apoya, como
probablemente también lo hace Brasil. Falta que el gobierno uruguayo acepte
igual camino, mencionado –aunque no respaldado– por Vázquez, para terminar con
los desencuentros que han creado un costoso conflicto superfluo entre Uruguay y
los otros tres miembros fundadores del desdichado Mercosur.
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