Mónica Duarte 13 de junio de 2017
La
regresión en la garantía de derechos civiles y humanos, la diferencia entre la
iniciativa y la convocatoria, el desconocimiento al poder originario del
soberano, la vuelta a una democracia representativa y el olvido de la
consagración constitucional del modelo participativo y protagónico. Estos son
los incumplimientos jurídicos que contempla la convocatoria a una Asamblea
Nacional Constituyente (ANC) del presidente Nicolás Maduro en los que coinciden
la actual fiscal general, Luisa Ortega Díaz y, quien fuese el fiscal general
entre 1999 y 2000, Javier Elechiguerra.
El
abogado y profesor universitario, quien fuese el primero en ocupar el cargo
frente al ministerio público con la actual estructura democrática que establece
la Constitución Nacional, entonces aun en discusión, defiende la posición
crítica de Ortega Díaz y la llama a dar el siguiente paso en su denuncia contra
las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia: un antejuicio de mérito.
“Creo
que la fiscal general está obligada a explicarle al país si efectivamente la
sentencia 155 y, sobretodo, la 156 establecieron una ruptura del orden
constitucional, porque eso es un delito establecido en el código penal como conspiración”.
Elechiguerra
establece serias críticas al poder judicial, al que califica como “el brazo
ejecutor del Gobierno”, considera que la justicia internacional podría tomar el
lugar de “arbitro imparcial” que el TSJ ha dejado de lado y compara el destino
de Nicolás Maduro con los dictadores como Augusto Pinochet y Benito Mussolini.
“El
mundo está globalizado, nos guste o no, y hoy en día no se puede pensar como
antes, que si tú ocupas el Gobierno de un país, puedes hacer lo que te da la
gana porque dominas los tribunales de tu país, los represores podrían estar
sentándose en el futuro banquillo de los acusados”, sentencia.
¿Qué
implicaciones tiene la más reciente sentencia de la Sala Constitucional del TSJ
mediante la cual se decide que no es necesario un refrendo convocatorio para
convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, “porque la soberanía popular
reside indirectamente en el Presidente de la República”?
– La
decisión nº 378 más que sorprendente, que lo es, es groseramente
inconstitucional, yo la calificaría como inconstitucionalmente impúdica, porque
es grosera, porque desconoce absolutamente la voluntad del Constituyente y
porque es tratar de torcer, a través de una interpretación maliciosa, el
sentido de las palabras que da la Constitución en esta materia. En la
sentencia, los magistrados se cuidan mucho de decir que la soberanía reside en
el pueblo y olvidan que según el artículo 5 la soberanía popular sí reside en
el pueblo y “es intransferible”. No quiero pensar que los magistrados que
firmaron en la sentencia desconocen lo que se llama intransferiblemente. Eso
quiere decir que no se puede pasar, que no se puede ejercer sino directamente.
Y precisamente en el diario de debate de la Constituyente del 99, cuando se
discutía este artículo y cuando se hablaba de la representatividad, que se
decía que se pasaba de una democracia representativa a una democracia participativa
y protagónica, encontramos que ese día intervino una gran cantidad de gente y
todos coincidían que el gran paso que se estaba dando era que esa democracia
sería directa a la voluntad del pueblo.
Ese
día hablaron Elías Jaua, Isaías Rodríguez, Aristóbulo Istúriz y muchos otros
que en aquel momento reivindicaron lo que significaba el voto directo. Esto lo
señalo porque, después de eso, ahora viene el TSJ a decir que, a pesar de la
soberanía reside en el pueblo, eso no significa que no puede ser ejercida indirectamente
a través del presidente. Y eso realmente es un galimatías que no tiene ningún
sentido, la sala va hacia delante y hacia atrás y termina citando una tesis de
Dussel, donde Dussel dice que la democracia representativa y la participativa
no son excluyentes, que se complementan. Esta Sala Constitucional ha sido tan
grosera en la interpretación de la Constitución que pretende negarle al pueblo
un derecho que la anterior Corte Suprema de Justicia sí le otorgó.
Luego
pasan a explicar que el presidente puede tener la iniciativa para la
convocatoria y, si entendemos de buena fe esta afirmación, eso está diciendo,
ni más ni menos, que los magistrados tienen una confusión inexplicable entre lo
que es convocatoria y lo que es iniciativa, porque si el 347 dice que es el
pueblo el poder originario y que es él que puede convocar, entonces otra cosa
es la iniciativa para esa convocatoria. Y si hubiese dudas hay que ver el 348,
que menciona entre los que tiene iniciativa el 15 % de los electores, aceptar
esto que está diciendo el TSJ en Sala Constitucional equivale a decir que
solamente basta el 15 % puede convocar a una Constituyente y eso no es una
tesis sostenible.
Así
que esta sentencia no es más que corroborar que en Venezuela, en este momento,
no hay poder judicial, con la gravedad que significa esa afirmación. Porque un
poder judicial implica necesariamente que todas sus decisiones sean autónomas e
independientes, y con una decisión de ese tipo uno se pregunta qué pasa.
Pero
es que ya tenemos los antecedentes de las decisiones de155, 156 y 157, es
decir, el poder judicial venezolano, concretamente la sala Constitucional se
postró de rodillas ante el poder ejecutivo cuando en un lapso de nueve horas
ilegalmente modificó la decisión en la cual ellos pretendían suplantar la
voluntad del pueblo expresada a través de la Asamblea Nacional. Y es bueno
recordar que esos magistrados fueron señalados por la fiscal general como las
personas que rompieron el orden constitucional y atentaron contra la forma
republicana, así que tienen encima ese peso ético. Pero es que también, según
la ONG Acceso a la Justicia, el tiempo promedio de respuesta del TSJ a las
solicitudes formuladas por los funcionarios oficialistas es de nueve días,
mientras que si la solicitud la realiza un ciudadano es de 1.179 días. Si
alguien le quedaba una duda, esa duda queda despejada de que el TSJ no es más
que un brazo ejecutor del poder ejecutivo.
DERECHO
A LA REBELIÓN
¿A
dónde recurrir ante semejantes decisiones, violatorias de la Constitución vigente?
–
Nuestro profesor de derecho, Jesús María Casal Montbrun, nos enseñó lo que era
el artículo 250 de la Constitución del 61, que es ahora exactamente el artículo
333, que establece el derecho a la rebelión. Para evitar que la Constitución
pierda vigencia lo único que le queda al ciudadano es rebelarse. Es un mandato
de la Constitución que va a dirigido a todos los ciudadanos, sean o no
funcionarios, de tal manera que el pueblo tiene todo el derecho de rebelarse
ante una situación como esta en la que la sentencia del TSJ deroga de hecho la
Constitución, y no solo ahora sino desde hace mucho tiempo porque ha sido la
conducta reiterada del TSJ.
¿Y
cómo se puede materializar esa rebelión que consagran los artículos 333 y 350
constitucional?
–
Cualquier funcionario puede perfectamente negarse a cumplir órdenes por otros
funcionarios que están incumpliendo la Constitución, eso no es ilegal, ni es
ningún golpe de Estado. El golpe de Estado lo ha dado el TSJ a través de su
Sala Constitucional que ha hecho lo que se podía y no se podía hacer para
intentar cercar a todos los poderes que no están acorde con todo lo que impone
el ejecutivo. Esto nos lleva a lo siguiente, un Estado democrático debe cumplir
con dos requisitos la legitimidad de origen, que son elecciones limpias e
imparciales, y la legitimidad de desempeño, una vez electo tiene que cumplir
con unas normas que son la Constitución y los pactos internacionales suscritos
por la República. Eso lleva a decir que la división de poderes se debe
respetar, que los derechos humanos deben ser cumplidos y que no puede ser
autoritario en el ejercicio del poder.
¿La
conflictividad política del país en los últimos meses demuestra que ese
desempeño legítimo no se cumple?
– Sí,
por ejemplo, el Estado venezolano actual es responsable de la violencia que hay
en el país, y no solo la violencia producto de estos actos que están ocurriendo
sino la violencia reiterada, porque el único que tiene la exclusividad de la
represión es el Estado, a través de la policía y los tribunales, entonces, si
es el único que lo tiene y hay demasiados homicidios ese es el fracaso de quien
gobierna. A mí me da tristeza cuando veo a un ministro de defensa, o de
interior, justicia y paz, explicándole al país cómo fue que ocurrieron las
muertes, no se trata de eso, ellos no son ministros para eso sino para evitar
que suceda, pero vemos diariamente que eso no ocurre, entonces esas son las
confesiones del fracaso de una clase dirigente de evitar la violencia.
Venezuela tiene los índices de delincuencia común más altos en América Latina y
a eso se le incorpora esta violencia política que estamos viendo, que la fiscal
ya dijo que está justificada porque el origen es el estado, las instituciones,
y los ciudadanos lo que hacen es defenderse. La violencia debe ser condenada en
su totalidad pero hoy nace de la fuerza represiva y está la prueba de que
cuando no hay represión no hay violencia.
¿La
fiscal general de la República, como garante de la Constitución, está en
capacidad de denunciar todas esas rupturas del orden constitucional por parte
de la Sala Constitucional con las sentencias 115, 156 y 378?
– Yo
creo que tiene la obligación. Creo que la fiscal general está obligada a
explicarle al país si efectivamente la sentencia 155 y sobretodo la 156
establecieron una ruptura del orden constitucional porque eso es un delito
establecido en el código penal como conspiración. Y cuando la fiscal sabe de la
comisión de un delito está obligada a solicitar el antejuicio de mérito, que es
un permiso para enjuiciar porque se trata de unos magistrados.
Yo
creo que en cualquier momento la fiscal general solicitará el antejuicio ante
la Sala Plena del TSJ, contra los siete magistrados que firmaron esas
sentencias. Y, además de esa decisión, al intentar la acción solicitará la
recusación de los siete magistrados, porque ellos forman parte de la sala plena
y no me quiero imaginar a unos magistrados enjuiciándose a ellos mismos. Por
otra parte, como miembro del Consejo Moral Republicano está obligada a
solicitar a los otros dos miembros, al defensor del pueblo y al contralor, la
calificación de falta grave para activar el procedimiento administrativo y
llevarlos a la Asamblea para que, de conformidad con la Constitución, se
sustituya a esos funcionarios.
¿Cómo
operaría un proceso de esa naturaleza si se sabe de antemano que existe un
control político de ese tribunal por parte del Ejecutivo?
– Ahí
también entran los mecanismos internacionales a pesar del hecho de que
Venezuela se haya retirado de la OEA y haya abandonado la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos. Hay una norma en la Constitución, en el
artículo 19, que garantiza el principio de progresividad, yo comparo ese
principio con un carro sin retroceso, de manera que una vez que se logra un
avance no se puede regresar. Y precisamente esta Constitución debe su
nacimiento a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde se
consagraba el derecho político a elegir. De tal manera que te queda abierta esa
posibilidad y, reitero, queda activado el artículo 333 porque todo ciudadano
tiene el deber de que esa Constitución esté vigente.
“VENEZUELA
NO ES UN ESTADO CORPORATIVO”
¿Qué
opina de las bases comiciales impuestas por el jefe de Estado para la
convocatoria de la Asamblea Constituyente? ¿Es justo que a determinados
sectores sociales controlados por el Gobierno tengan una representación
determinante en la Constituyente?
– Se
usa la ANC desde los municipios para poder lograr un determinado número de
Constituyentes y a su vez para querer sembrar el estado comunal, que ya fue
negado por el pueblo en la reforma del presidente Chávez. Si hacemos un examen
de esto tenemos que, según la Constitución, Venezuela es un Estado federal, eso
significa un gran pacto que hicieron los distintos estados que conforman la
República. Cuando se intenta montar una ANC municipalizándola, te estas
saltando el estado Federal porque se le quita importancia a los estados y se le
da a los municipios, desde el punto de vista técnico jurídico. Pero además
divides al elector y creas una diferencia con los sectores ¿por qué son ocho?
¿Por qué no pueden ser más? de hecho, el sector seguridad está pidiendo formar
parte.
El
sectorializar una elección nos obliga a tocar el antecedente de lo que hizo
Mussolini, y que molesta tanto al presidente, por la década de 1930 cuando
dividió a la sociedad italiana. Y esa es la mejor manera de hablar de un
corporativismo y Venezuela no es un Estado corporativo, sino que el presidente
lo diga, pero que primero convoque una ANC como debe ser y que sea una persona,
un voto, y, si se lee el Registro Electoral Permanente con 16 millones de
personas, deban ser 16 millones de votos. No hacer eso es violar la
Constitución, violarla por dos frentes.
¿Entonces
qué vendría a ser la ANC propuesta?
–
Primero, los argumentos que ha manejado el presidente de la República y el
presidente de esa nueva Comisión presidencial, Elías Jaua, han determinado cuidadosamente
que no se trata de renegar y cambiar la Constitución del 1999, pero, si no se
trata de eso, basta para que no haya Constituyente, lo que quieren será otra
cosa. Pero es que también han dicho que la ANC es para remozar un poco algunos
aspectos de la Constitución, después han dicho que es expresamente para
reformarla y también han declarado que es realmente para que los funcionarios
públicos que se salieron del carril entren por ella, tipo fiscal general y tipo
Asamblea Nacional, y esa es la confesión abierta que esto se trata de una
manipulación. Lo último que han dicho es que la oposición no quiere diálogo
porque no se inscriben en la constituyente, pero es que la ANC no es una mesa
de diálogo. La Constitución dice claramente que es para refundar la república y
si se quiere hacer eso es porque esta República que tiene no sirve.
JUICIOS
INTERNACIONALES
El
Gobierno ha usado tribunales militares para enjuiciar a civiles que manifiestan
¿se usa esta práctica para frenar la intervención de la fiscalía en favor de
los manifestantes?
– Si
faltaba algo tenemos los tribunales militares y es bueno recordarles a todos
esos militares que están haciendo juicios contra los civiles que están
cometiendo delitos contra los derechos humanos que son imprescriptibles. Yo
siempre recuerdo en estos casos a Pinochet ¿quién podía pensar que Pinochet
podía ser enjuiciado cuando estaba en la cúspide del poder y cometiendo todas
las tropelías y asesinatos que cometió su régimen? Y, sin embargo, Pinochet fue
enjuiciado por la justicia internacional.
De tal
manera, que les decimos a los jueces militares y policiales que con su
actuación no están haciendo más que colocándose en el futuro banquillo de los
acusados. Tarde o temprano los va a alcanzar el brazo de la justicia, porque el
mundo está globalizado, nos guste o no, y hoy en día no se puede pensar como
antes que si tú ocupas el gobierno de un país, puedes hacer lo que te da la
gana porque dominas los tribunales de tu país.
¿Se
puede repetir esa detención ocurrida contra el dictador Augusto Pincochet en Londres,
dadas las denuncias en contra de Nicolás Maduro en varios tribunales del
exterior?
–
Claro, y contra todas las personas que violan los derechos: el defensor del
pueblo que tiene un deber que cumplir, el poder judicial que no ha sido capaz
de ponerle orden a las cosas, el CNE que ha cerrado la vía electoral, porque
solo sirve para impedir elecciones y ahora vemos una sospechosa celeridad y
resulta que la deuda originaria que era la elección de gobernadores no se dijo
nada hasta que no apareció el presidente.
¿Cómo
evalúa la actuación de la fiscalía tras estos 60 días de protestas y
conflictividad política?
–
Cualquier funcionario cuando lo nombran en el cargo se juramenta para cumplir
con la Constitución y con la ley, a partir de ese momento, se tiene esa
responsabilidad y se debe honrar ese juramento, cada funcionario verá cómo lo
ha cumplido y si lo ha hecho. Pero en este momento la fiscal está cumpliendo
con su deber, primero porque fue valiente al denunciar la ruptura de ese orden
constitucional y sobre todo dijo además que la violencia de la calle era
respondiendo a la violencia que nace del estado.
Y
últimamente cuando uno ve como la acusan de traidora, vamos a ser claros,
pareciera que si tú me preguntasen qué significa hoy que a una persona la
acusen de todo eso, es que está cumpliendo con su deber. Pero resulta que la
Constitución se caracteriza porque los cinco poderes deben ser autónomos e
independientes, pero aquí cuando un poder se vuelve independiente se vuelve
incómodo, y eso es la negación de la democracia.
¿Estos
casos que ha denunciado la fiscalía, como el uso de los tribunales militares,
la violencia con que ha actuado la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía
Nacional Bolivariana y los llamados “colectivos” contra los manifestantes,
podrían ser tema para la justicia penal internacional, concretamente de la
Corte Penal Internacional de La Haya?
– Sí,
porque si hay algo que es aceptado pacíficamente por todos los tribunales
internacionales es que los civiles no podemos ser enjuiciados por los
tribunales militares, ni siquiera cometiendo delitos militares. Nuestra
Constitución lo dice en el artículo 261, lo que quiere decir que cada vez que
esos militares enjuician a un civil están incurriendo en violación a derechos
humanos y por lo tanto son candidatos a ser enjuiciados. Pero claro, como ya la
fiscalía se volvió incomoda y el ejecutivo no se confía de la fiscalía, tenemos
ahora ese panorama.
¿Y
cómo debe operar el sistema penal internacional contra los involucrados en
delitos de lesa humanidad?
–
Cuando se habla de delitos de lesa humanidad es cuando hay una conducta
reiterada de violación reiterada contra un grupo y es la Corte Penal
Internacional la que tiene un fiscal, se presenta la denuncia y se inicia el
procedimiento. Podemos recordar que hasta cierta época gozaban de inmunidad los
presidentes de la república pero ya hay antecedentes y siendo incluso
presidentes pueden ser enjuiciados por la Corte Penal.
Y en
el ámbito interno venezolano, ¿podría la fiscal general proceder, vía
antejuicio de mérito, contra el presidente de la República por el caso
Odebrecht que está investigando ese despacho?
– Ante
cualquier situación que la fiscalía detecte o se le informe en la cual pueda
aparecer vinculado cualquier funcionario público, la obligación del fiscal si
es un alto funcionario que goza de la protección procesal del antejuicio, es
acudir ante los organismos competentes, que en este caso es la Sala Plena del
TSJ, solicitando el antejuicio de quien resulte como implicado o que
eventualmente pueda parecer responsable de un delito. Esa es la responsabilidad
del cargo.
¿Debe
el caso Odebrecht tener entonces la celeridad que se le ha dado en otros países
de Latinoamérica por el escándalo de corrupción que representa?
– Yo
me he enterado que la fiscalía está trabajando el caso y lo dividió, porque
Odebrecht está vinculada a muchos expedientes. Me informaban que hay casos en
los cuales a una cooperativa le otorgaron millones de dólares y resulta que el
dinero que le dieron no aparece. También está el caso de los bolichicos que
tienen que ver con la seguridad energética, casos es lo que sobra y la fiscalía
tiene que manifestarse en ese sentido porque como titular de la acción penal
tiene esa responsabilidad. Esperemos que en un determinado momento se destapen
todos esos casos.
EL
ANTEJUICIO A MIQUILENA
¿A 18
años del antejuicio de mérito promovido por usted como fiscal general de la
República contra el expresidente de la Asamblea Constituyente de 1999, Luis
Miquilena, qué valoración retrospectiva hace de ese evento, el único ocurrido
en nuestra historia reciente? ¿Eran condiciones tan adversas para la Fiscalía,
como las actuales, en cuanto al control de alto tribunal por parte del
Ejecutivo?
– En
aquel momento cuando yo solicité el antejuicio, que era mi obligación como
fiscal general, todo el mundo decía que el fiscal iba a ser incapaz de intentar
ese antejuicio porque fue nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente. De
hecho, a mí me juramentó Luis Miquilena, pero yo me juramenté para cumplir con
la Constitución y con la ley no para hacerle caso a nadie. En aquel momento
hubo cuatro magistrados que salvaron el voto de acuerdo con lo que decía la
sala plena, ellos fueron los magistrados José Rafael Tinoco, Jorge Rosell
Senhenn, Carlos Escarrá Malavé y Héctor Peña, y esos cuatro magistrados fueron
cuatro de los no ratificados, no creo que haya sido casualidad.
En ese
entonces se intentó la acción y a mí me acusaron de traidor y vende patria.
Retrospectivamente yo creo que se perdió una gran oportunidad de ponerle un
freno a todo esto, porque un antejuicio no es más que tocar la puerta a un
tribunal para que se permita investigar a un funcionario, y, sin embargo, el
comportamiento de aquel TSJ hizo que ese mismo criterio usado con Miquilena les
impidiera después condenar el golpe de Estado en el 2002 en Sala Plena. Pero
aquellos polvos trajeron estos lodos, y si no se le pone orden pasa lo que
estamos viviendo. Venezuela nunca ha tenido un poder judicial autónomo e
independiente, y si no se tiene un árbitro imparcial que ante una falta en el
área chica no canta penalti, y que ha sido reiterado como pasa aquí, las gradas
se molestan y normalmente terminan quemando el estadio. Ojalá y eso no pase,
porque si no hay una reflexión profunda en lo que está sucediendo, todos lo
vamos a sufrir, aunque los grandes responsables al final intenten irse. Se
necesita una gran humildad y pensar en el país, es un momento de reflexión
importante.
¿El
gobierno está a tiempo de hacer esa reflexión y rectificar?
– Yo
creo que siempre se está a tiempo, pero en la medida en que tú abandones esa
postura te va a llevar por un camino inexplorado que no se sabe dónde va a
llegar. Mientras más te tardes en rectificar los costos van a ser mayores, pero
hay un momento también de no retorno y hay que seguir y aterrizar de la peor
manera, aunque a veces aterrizas y estrellas el avión. Se debe recoger esa
convocatoria a Asamblea Constituyente o, si se quiere cambiar la Constitución,
que se haga plenamente con un elector y un voto. Porque tengo la información
que esas UBCH se les están rebelando en al menos 11 estados, pusiésemos tener
entonces el escenario de que esa ANC una vez instalada se rebele y una vez
así no se sabe qué pueda pasar.
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