Por Antonio Ecarri Bolívar
Los ex ministros Jorge
Giordani y Héctor Navarro deben estar presos o dirigiendo una investigación del
robo más grande de la historia de la humanidad realizado durante el régimen
chavista y que ellos denunciaron. En efecto, todo venezolano que sabe leer y
escribir pudo leer, en febrero de 2016, la denuncia formulada por estos dos ex
ministros de Chávez sobre el latrocinio más grande que se tenga memoria y que
alcanza a la bicoca de 300.000 millones de dólares. Si los ex ministros
mintieron deberían estar presos, pero después de la “denuncia” del Presidente
Maduro y de su Fiscal, parece que la cosa es de tal magnitud que se han visto
en la necesidad de confesarla.
Ahora bien, habrá que
preguntarle a Maduro: ¿Usted no mandó a expulsar a estos dos ex ministros del
PSUV por aquella denuncia? Ah, y la otra como consecuencia: ¿Dieguito Salazar
es el único pillo y ustedes no lo sabían? Ese grupo al que pertenece Salazar,
supuestamente según Tarek, blanqueó 4.200 millones de euros entre el 2006 y el
2012, es decir, todavía falta encontrar más de 290.000 millones de dólares. Así
que Maduro y Tarek deben traerse ese dinero que ha sido detectado, pero deben
buscar el resto y con eso pagan la deuda y nos queda la otra mitad para comida,
medicinas y para reconstruir la patria que han destruido con su torpe y
criminal política económica.
Venezuela debe pagar $22.500
millones por servicio de deuda en 2018. Las estimaciones incluyen pagos
por concepto de bonos, préstamos bilaterales, arbitrajes y otras
operaciones de financiamiento. Esto significa que éste servicio de deuda, que
estamos obligados a satisfacer a nuestros acreedores, equivale a 65,4% de
las exportaciones proyectadas para 2018, fundamental y obviamente, por concepto
de petróleo. Ahora bien, si se satisfacen estos compromisos ¿cómo va a comer este
próximo año un pueblo que hoy hurga en la basura buscando alimentos y muere a
mengua en los hospitales por falta de medicinas?
Lo más increíble es que el
gobierno busca con desesperación endeudarse, aún más, para seguir corriendo la
arruga y financiar sus campañas electorales, pero el artículo 312
Constitucional establece que para endeudarse tiene que lograr la
aprobación de una ley del Parlamento y no va a haber financiamiento de
dinero fresco del mercado financiero cuando al gobierno se le ocurrió la insensatez
de presentar la Ley de Presupuesto y Endeudamiento ante la inconstitucional
Asamblea Nacional Constituyente, la que no reconoce ningún país civilizado del
mundo. La Banca internacional, ni los fondos de inversión, van a otorgar dinero
fresco, ni mucho menos comprar o refinanciar una deuda que no cumpla con la
Constitución y la Ley. Así que no le queda otro recurso al régimen que devolver
lo robado.
Como no nos hacemos ilusiones
con estas denuncias de la cúpula que ha apañado todo este saqueo, nos queda sí
la esperanza de que el próximo gobierno democrático pueda hacer lo que
requieren, con urgencia, las exhaustas finanzas públicas venezolanas: que
regresen lo robado, porque la Constitución en su artículo 271 establece que
“Los delitos contra el patrimonio público no prescriben”.
Cuando venga un gobierno serio
es cuando se podrá investigar el mil millonario saqueo a Venezuela, pues
también en la región de Guayana el robo ha sido monumental y continuado. No
olvidemos la confesión pública del que fuera Ministro de Industrias Básicas y
Minerías, Rodolfo Sanz, quien delató en una entrevista en el Universal que se
colocó dinero de las industrias básicas en el banco ruso Gazprombank Invest.
Para entonces eran las primeras pistas del dinero colocado en el exterior que
el Gobierno mantenía en discreción y del que, más tarde se sabría, solo era una
parte de las transferencias que de ese banco se hacían al Fondo Nacional para
el Desarrollo Nacional (Fonden). En la empresa estatal procesadora de mineral
de hierro el Gobierno empezó una investigación en 2013 por pago de sobornos,
transacciones con empresas radicadas en Panamá bajo la figura de traders y
transferencias de millones de dólares a cuentas en paraísos fiscales como las
Islas Vírgenes.
Entre las filtraciones figuran
las cuentas de los dueños de Derwick Associates, la compañía de los llamados
‘bolichicos’ quienes -según la investigación del periodista César Batiz-
aprovecharon la crisis eléctrica venezolana “para ganar, solo por su
intermediación, más que su socio técnico, y todo por vender como nuevas algunas
turbinas usadas que rescataron de sumideros de todo el mundo. La mayoría de
esos equipos están parados o en mantenimiento, rindiendo menos de lo
requerido”.
Los boliburgueses y sus
protectores del alto gobierno todavía están a tiempo de salir a buscar algo de
lo malversado, para luego es tarde. Devuelvan lo robado y paguen la deuda. A lo
mejor Dios los perdona, porque los venezolanos que pasan hambre y las familias
de los que mueren a mengua jamás lo harán.
08-12-17
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