Acceso a la Justicia 05 de enero de 2018
Este
viernes 5 de enero se instala la Asamblea Nacional (AN) sin convocatoria
previa, según lo exige la Constitución en su artículo 219. Sin embargo, el
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) considera que la AN está en desacato desde
julio de 2016 y por ello, todos sus actos se deben considerar nulos.
La
pregunta que surge es ¿qué hará la nueva directiva de 2018 con el caso de los
diputados de Amazonas, aún no resuelto por el TSJ para que pueda cesar el
injusto desacato? Recordemos que la directiva elegida en 2017, encabezada por
el diputado Julio Borges desincorporó a Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel
Guzamana en enero de 2017, pero la sentencia nº 2 de la Sala Constitucional
(SC) del máximo tribunal de la República el 11 de enero de ese año desconoció a
dicha directiva precisamente por la situación de desacato y declaró nulas todas
las actuaciones del Parlamento.
Acceso
a la Justicia consideró tal sentencia un galimatías y un acto político y no
jurídico, ya que no tiene fundamento en ningún principio del derecho y menos
aún en la Constitución.
La
sentencia llegó a indicar que lo que debía hacer la AN era instalar nuevamente
la anterior directiva (la de 2016), liderada por Henry Ramos Allup y que esta
excluyera a los legisladores amazonenses, porque sólo de esta manera podía
subsanarse la omisión de acatar la orden del TSJ en que había incurrido el
órgano legislativo. Una vez cumplida esta condición era que procedía el nombramiento
de una nueva directiva (de 2017).
El
problema planteado es que seguir el mandato del TSJ implica violar la
Constitución y el Reglamento de Interior y Debates de la AN, que establecen que
a partir del 5 de enero del año siguiente a su elección, la anterior directiva
ya no puede ejercer función alguna, por lo que según la Carta Magna no puede
instalarse de nuevo.
Pareciera
que según esa decisión del TSJ, la AN nunca podrá tener una directiva válida
por lo que hizo la de 2016, ni siquiera si la que corresponde a 2018 acata lo
que el TSJ le ordena. Esta sentencia muestra el criterio personalista con el
que actúa el alto Tribunal, que confundió el órgano con su directiva y
pretendió aplicarle al Parlamento las sanciones que deberían imputarse eventualmente
a su directiva, en este caso la que tuvo a Ramos Allup como presidente en 2016.
En todo caso, si una nueva directiva deja de estar en desacato, pues eso
valdría para el órgano, independientemente de lo que hizo la anterior.
Reiteramos
además que el desacato no tiene como efecto jurídico anular los actos del
órgano legislativo y menos aún al organismo completo, como en cambio ha hecho
el TSJ.
Pareciera
igualmente que el problema del reconocimiento de la directiva de la AN y del
propio órgano por el TSJ tampoco tiene solución en el sentido que este tome una
decisión de fondo sobre el caso de los legisladores de Amazonas, pues todo
indica que cuando se trata de asuntos del gobierno la justicia va a paso de
tortuga.
Para
complicar aún más el panorama actual de la AN, desde julio de este año está en
funcionamiento la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la cual sin
justificación alguna, ni jurídica (porque no lo prevé la Constitución) ni
política (porque no la eligió el pueblo como parlamento, ni tampoco como
constituyente), le ha quitado su función legislativa, lo cual ha sido
reconocido y avalado por el propio TSJ.
Aunado
a ello, existen otros problemas adicionales y es que, aunque la AN siga
teniendo desde el punto de vista jurídico otras funciones, varias sentencias
del TSJ de 2016, precedentes a la instalación de la ANC, se las han quitado, y
no por causa del desacato. Algunas de
esas funciones son la contralora (sentencia nº 9/2016), la de control del poder
político (las nº 4/2016 y 7/2016) y la de organización interna (nº 269/2016).
Lo
anterior deja aún más claro que la verdadera intención del TSJ ha sido, desde
la elección parlamentaria de diciembre de 2015, no dejar funcionar al
Parlamento, para que el Presidente de la República y su partido puedan operar a
favor de sus intereses políticos.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Cuando
un órgano del Estado no tiene límites en el ejercicio del poder, como es el
caso de Ejecutivo Nacional en Venezuela, tiende a querer más poder y al
obtenerlo, quiere más y más. Por ello un gran pensador, Montesquieu decía: “es
una experiencia eterna, que todo hombre que tiene poder siente la inclinación
de abusar de él.”
El
problema con ello es que al tener más poder no es que beneficia más al pueblo
sino a sí mismo y a su entorno. Eso resume lo que vivimos en Venezuela y por
qué ha empeorado tanto la crisis institucional desde 2016.
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