Por José Rafael López
Padrino
El control social representa
un conjunto de prácticas propias de regímenes autoritarios y dictatoriales
destinadas a imponer y mantener un orden social preestablecido basado en
valores únicos y uniformadores. El perverso ministro de propaganda de Hitler, Joseph
Goebbels llegó afirmar “obligar a la población a luchar por la supervivencia
permite un control severo de la libertad personal. Cuando la gente se ve
obligada a buscar cómo sobrevivir se animaliza, pierde la capacidad de pensar”.
Como bien lo hicieron los ideólogos del pensamiento nazi-fascista del siglo
pasado, el social-fascismo bolivariano ha impuesto y profundizado un
control social en la población, en especial en los sectores más
desposeídos, a fin de consolidarse y eternizarse en el poder.
Este férreo control social
lo ejerce el régimen a través de la militarización de la sociedad, la represión
y el uso del despreciable carnet de la patria. Herramienta de humillación
creado por el ungido Maduro a fin de controlar la distribución de alimentos, medicinas,
bonos, atención medica primaria, puestos de trabajo, viviendas, acceso a
vacunas, y cupos a las universidades nacionales, entre muchos otros. Todo ello
en medio de un colosal desastre económico sin parangón en nuestra historia.
No, no es la supuesta guerra
económica o la caída del precio del petróleo. Venezuela es el único país de la
OPEP que ha caído en impago, depresión, escasez de alimentos y medicinas (80%)
e hiperinflación (supera el 2000%). El desastre de gestión del social-fascismo
bolivariano ha sido espectacular, así el índice de vulnerabilidad en los
hogares venezolanos se incrementó de 48% a 87% desde 2014 a 2017 ubicándolos
por debajo de la línea de pobreza, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida
(2017). La supuesta política de protección social y soberanía alimentaria del
régimen ha quedado resumida a una vergonzosa caja de comida vinculada al
carnet de la patria. Otro ejemplo de la debacle económica es el caso de
Pdvsa, empresa que ha pasado de ser una de las más eficientes y rentables del
mundo, a terminar importando petróleo y derivados y estar al borde de la
bancarrota financiera.
Pero además el carnet de la
patria ha sido utilizado como un dispositivo para vigilar y coaccionar al
electorado a fin de garantizar victorias electorales. Este vil carnet ha
sido usado por el régimen como un mecanismo de presión social (ayudas
sociales, alimentos y medicinas subsidiados) a fin de consolidar su base
electoral, pero al mismo tiempo ha vulnerado la libertad de los ciudadanos en
el ejercicio de su derecho al sufragio.
El régimen ha creado una
suerte de apartheid político-social donde una parte de la población, solo
aquella poseedora del carnet, puede recibir las migajas de la renta petrolera,
mientras que la gran mayoría no poseedora del inefable carnet de la patria ha
sido totalmente excluida.
Los venezolanos que no
poseen el carnet de la patria son tratados como ciudadanos de segunda clase y
se les niega hasta los más elementales derechos humanos como la alimentación y
la salud.
El dictador Maduro y su
nefasto entorno están empeñados, como lo hicieron las minorías blancas en
Sudáfrica, en gobernar sobre la premisa de un apartheid, no racial, sino
político-social, a espaldas de una mayoría que lo rechaza.
La ejecución de políticas de
exclusión y aislamiento impuestas por el social-fascismo bolivariano son
diametralmente opuestas al concepto de democracia social y de estado de derecho
contemplado en la Carta Magna. Representa uno de los “legados” del insepulto
comandante galáctico y continuado por el aborrecible iletrado de Maduro a fin
de lograr el control político y social de la población venezolana.
01-03-18
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