Por Ronny Rodríguez Rosas
A 12 días de los comicios
presidenciales y de consejos legislativos del 20 de mayo,
la ONG Observatorio Electoral Venezolano (OEV) denunció la falta
de imparcialidad y transparencia de estas elecciones, en un
informe de 50 páginas en el que detallan las irregularidades, violaciones
e incumplimiento a las leyes que regulan los procesos electorales en el país.
Según el OEV, todas las etapas
del proceso, desde la convocatoria realizada el 23 de enero hasta el inicio y
desarrollo de la campaña, han estado marcadas por acortamiento de los
lapsos, violaciones a la Constitución de 1999, la Ley
Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y su reglamento, que recortó
fases que en anteriores comicios como los presidenciales de 2012 y
parlamentarias de 2015, pasaron de semanas a apenas días en este 2018.
“El OEV ha acumulado suficientes
evidencias para señalar que se trata de unevento marcado por distintas
violaciones a las leyes vigentes. En efecto, los derechos
políticos de los venezolanos, como electores y como elegibles, han sido
drásticamente limitados por las reglas del juego impuestas por el árbitro
electoral”, explicaron en parte de las conclusiones de este informe.
Entre las irregularidades que
mencionaron para estos comicios se encuentran: inhabilitación de
candidatos, ilegalización de partidos políticos (Primero Justicia,
Puente, Voluntad Popular y la tarjeta más votada en la historia de elecciones
en Venezuela, la de la Mesa de la Unidad Democrática), limitaron la
inscripción de venezolanos tanto dentro como fuera del país en
el Registro Electoral, y se “aceptaron candidatos por cuenta propia y por
grupos de electores a la elección presidencial para los cuales luce
prácticamente imposible que hayan cumplido con los requisitos de ley para
participar como elegibles del proceso electoral”, explicó el OEV.
El informe resalta que una de
las consecuencias más graves de un proceso con tantos vicios “sería
la desvalorización en el pueblo venezolano del voto como vía
democrática para resolver nuestras diferencias y enfrentar la crisis
política económica y social que vive el país”.
Para el OEV hay cambios
drásticos
El Observatorio Electoral
destaca que a partir del año 2017, con las elecciones de la Asamblea Nacional
Constituyente y después las de gobernadores y alcaldes, el Consejo
Nacional Electoral comenzó a saltarse procesos, pasos y lapsos
contemplados en la Lopre.
Tambipen que desde el año 2016
la justicia electoral que se imparte en el país “no es imparcial”, al citar los
casos de los diputados indígenas de Amazonas que fueron destituidos de sus
cargos por supuestas irregularidades en su elección, que después de dos años no
han sido demostradas, mientras que las denuncias de fraude que hizo el
candidato a la Gobernación de Bolívar, Andrés Velásquez en octubre de 2017, no
han sido investigadas.
Sobre la convocatoria
recordaron que se hizo irrespetando la tradición de organizarlas
en diciembre, con excepciones en el año 2000 durante la relegitimación
de todos los poderes públicos por la aprobación de una nueva
Constitución; en octubre de 2012 por la enfermedad de Hugo Chávez y
en abril de 2013 por ser unas elecciones sobrevenidas por la muerte del
presidente.
Ante esto, el OEV señala
que “la decisión anunciada evidenció nuevamente el sesgo político del
árbitro electoral, pues incluía elementos que dificultaban la posibilidad
de tener una elección en igualdad de condiciones”.
Otros elementos analizados
fueron eliminación de auditorías y actividades del cronograma,
entre las que están el catastro, uso de la tinta indeleble, observación
nacional y acompañamiento internacional, entre otros como el acortamiento de
los lapsos para las postulaciones que pasaron a a ser 16 actividades que “se
comprimieron para ejecutarse en apenas 17 días, una programación en la que
ninguna tarea sobrepasó los ocho días”.
Entre los ilícitos o
irregularidades del Registro Electoral, el OEV mencionó que a pesar
de que en 2018 hubo solo 531 puntos para inscripción de nuevos votantes o los
cambios de residencia, en 25 días hubo “cuatro veces más electores
inscritos en promedio diariamente”, si se compara con el año 2015
cuando “se registraron 2.353.147 movimientos en 156 días, en 2018 fueron
1.678.553 en 25 días, desglosados en 807.905 nuevas inscripciones.
De estos solo 81.413 se
registraron en los centros de votación con mejores resultados electorales para
la oposición y 270.901 se inscribieron en los centros con mayor tendencia a
votar por el oficialismo– y 870.648 electores que cambiaron el centro de
votación que tenían asignado en 2017”.
Recordaron que en el caso de
las circunscripciones para consejos legislativos, se
saltaron la aprobación de las estimaciones de población que debe hacer la Asamblea
Nacional y aumentaron el número de diputados en los
estados Barinas, Falcón, Monagas, Portuguesa y Sucre,
donde de 9 en 2012 ahora habrá 11 diputados regionales a partir de 2018;
en Táchira que de 11 ahora serán 13, mientras que
en Yaracuy de siete subieron a nueve.
Carnet de la patria como
mecanismo de coacción
Otros elementos son: el
incumplimiento en lapso de impugnaciones, campaña
electoral recortada de 96 días en 2012 a 26 en 2018; uso indiscriminado de
los recursos públicos antes del inicio y durante la campaña por parte del
candidato-presidente Nicolás Maduro, así como el uso del carnet de la patria como “dispositivo de
coacción“, y de estímulo para quienes voten de entregarles un bono en
bolívares, además de las denuncias de los candidatos por la limitación en el
acceso a los medios de comunicación y el ventajismo denunciado por Henri Falcón y Javier Bertucci por parte de
Maduro.
El Observatorio también
resaltó que se eliminaron eliminaron “las auditorías del
software del Sistema de Información al Elector” y la de certificación
del software del Sistema de Estadísticas de Participación”. El primero permite
guiar al elector hasta la mesa de votación donde le corresponde sufragar y el
segundo mecanismo “elabora en tiempo real reportes estadísticos de
participación sobre la base de los electores esperados y los efectivamente
registrados”.
No dejaron pasar por alto, que
en comparación con el año 2015, cuando funcionaron 40 mil 601 mesas de
votación, se eligieron 480 mil 828 miembros de mesa, mientras que en esta
oportunidad hay menos mesas porque son 33 mil 783, pero el número de miembros
se triplicó hasta 1.021.230, sin que el CNE haya
explicado el por qué de este incremento.
Ante todo esto, el OEV
concluyó que “las acciones y decisiones adoptadas en el transcurso del ciclo
electoral no están apegadas a la legislación, lo que ha permitido al órgano de
administración electoral a modificar con discrecionalidad, y cuantas veces lo
requiera, el período electoral y sus distintas etapas”.
Y añaden que bajo estas
condiciones “marcan peligrosos precedentes los últimos procesos comiciales que
han quebrado principios fundamentales del voto y estándares establecidos para
que una elección pueda calificarse como democrática: que sea periódica,
inclusiva, limpia, competitiva y que permita que los ganadores puedan
ejercer el cargo para el que fueron electos.
Ninguna de estas condiciones se ha
cumplido en los últimos eventos”.
Foto: El Cambur
09-05-18
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