ANTONIO MARIA DELGADO 03 de agosto de 2018
La
constructora brasileña Odebrecht destinó decenas de millones de dólares para
financiar ilícitamente campañas del chavismo en Venezuela a cambio de obtener
contratos por más de $35,000 millones para obras que al final no se
construyeron, en uno de las mayores tramas de corrupción registradas en la
historia de América Latina.
Y el
gobernante Nicolás Maduro estaba en el centro de esta operación, argumentó la
fiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, durante la
audiencia realizada el jueves en el juicio que sigue a Maduro el Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio.
El
régimen destinó más de $35,800 millones y más de 2,370 millones de euros a la
contracción de sólo 11 obras que nunca se construyeron, resaltó la fiscal en la
audiencia sostenida simultáneamente por teleconferencia desde el Senado de
Colombia y la Alcaldía de la Ciudad de Doral.
“Esto
es cuatro veces las reservas internacionales de Venezuela al día de hoy […]
Imagínense la cuantiosa suma que tuvo que pagar Venezuela a Odebrecht por estas
obras”, que no se concluyeron.
Y lo
poco que se construyó ya no se puede volver a usar en un futuro, o reiniciar
las obras, porque sufren daños estructurales debido al abandono.
“Ya no
sirven, están oxidadas […] son estructuras enfermas, dañadas por el agua, las
condiciones climáticas y la exposición del tiempo. […] Esto ya no sirve, o sea
que el país perdió todo ese dinero”, manifestó Ortega.
A
cambio, Odebrecht financió campañas del chavismo, aportando dinero que era en
ocasiones entregado en maletas repletas de dólares.
Al
llegar la elección presidencial en la que compitió Maduro, el gobernante le
solicitó a la firma brasileña que le pagara una contribución de $50 millones de
dólares, pero Odebrecht terminó desembolsando sólo unos $35 millones.
A
cambio de ello, Maduro se comprometió que al asumir la presidencia le daría
trato preferencial a Odebrecht en toda futura obra de construcción, además de
garantizar la continuidad de las obras que la compañía no había culminado.
Entre
otras cosas, Maduro se comprometió a garantizar a la empresa un flujo de
ingresos de $2,500 millones al año, el desembolso de pagos pendientes y
priorizar a la compañía en la asignación de recursos financieros
extraordinarios, dijo la fiscal en su presentación.
Y en
lo que quizás tuvo el impacto más pernicioso para la nación, Maduro también prometió
que las obras no serían supervisadas.
El
juicio, que tiene previsto continuar el próximo lunes, aspira a establecer una
sentencia en firme sobre uno de los más sonados casos de corrupción en
Venezuela, aunque no es el único esquema bajo el cual el país ha llegado a un
estado de pobreza extrema.
Maduro
no reconoce la autoridad de Ortega ni del TSJ, y su régimen nombró ilegalmente
su propio fiscal y magistrados, pero aún está por verse si la comunidad
internacional, que desconoce mayoritariamente la legitimidad del gobernante,
termina respetando el dictamen final.
Por el
momento, el TSJ emitió a INTERPOL una orden de captura de Maduro bajo cargos de
corrupción. La organización policial internacional aún no se ha pronunciado
sobre esa solicitud.
Al comienzo
de la audiencia, el presidente del TSJ, Miguel Ángel Martín, advirtió que en
Venezuela “existe una crisis institucional que está afectando la normalidad de
los ciudadanos y de la sociedad en general”.
“Ahora
se ha presentado un arma letal, que es la desesperanza para bajar las luchas
por la democracia y la libertad que está realizando con mucha fortaleza y
altura el pueblo de Venezuela”, manifestó Martín.
El
presidente del tribunal también consideró que hay “un vacío institucional” en
el poder ejecutivo, por lo que llamó a los diputados de la Asamblea a llenarlo
e iniciar “el proceso de transición que permita volver a la estabilidad y al
Estado de Derecho”.
A la
audiencia realizada en Bogotá sólo asistieron algunos de los magistrados,
mientras que varios de ellos siguieron las sesiones por teleconferencia desde
la alcaldía de Doral.
Del
total de magistrados en el exilio, 13 están en Estados Unidos, seis en Chile,
cuatro en Colombia y otros cuatro en Panamá.
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