Por Marino Alvarado
El condenable atentado contra Nicolás
Maduro debe ser investigado hasta establecer responsabilidades
materiales e intelectuales. Un hecho tan grave no debe quedar impune.
Afortunadamente, fracasó porque posiblemente hubiese ocurrido una masacre y el
país con una mayor inestabilidad. Los caminos de la violencia no
resolverán los problemas de nuestro país, los agravarán. Por ello, somos
insistentes en que la alternativa debe ser constitucional y una de ellas, es
exigir la renuncia de Maduro.
Investigar y sancionar para
que realmente cumplan su cometido debe ser en el marco de la Constitución y la
ley. Lo que hemos visto hasta ahora es que ante la acción terrorista, elGobierno responde
con terrorismo de Estado.
Cuando es Nicolás Maduro
quien asume prácticamente la conducción de la investigación violando el mandato
constitucional que debe ser el Ministerio Público, pero cuando el Fiscal
constituyente avala que sea así y el Defensor constituyente guarda silencio ante
la arbitrariedad, existen sobradas razones para decir que no se está buscando
justicia, sino venganza.
Cuando violando la normativa
constitucional se atenta contra la inmunidad parlamentaria del
diputado Juan Requesens y con abuso de poder se ordena la detención
del diputado Julio Borges, estamos ante una respuesta que pudiéramos
calificar de terrorismo de Estado. Se afianzan los patrones de violaciones
sistemáticas a los derechos humanos identificados por el Alto Comisionado
de Derechos Humanos y debería elevar aún más la preocupación de la Fiscal de la
Corte Penal Internacional.
El madurismo como
en los tiempos de Rómulo Betancourt realiza los mismos atropellosque
tanto cuestionan de la llamada Cuarta República.
Parlamentarios perseguidos y
encarcelados por el mismo abuso de poder. Irrespetan la voluntad
popular y con el mismo ánimo represivo realizan una cacería de brujas
buscando entre otros propósitos imponer el miedo. No han podido por más que han
reprimido. La misma lógica de la doctrina de la seguridad nacional que se
impuso para combatir la insurgencia de los años 60 se utiliza hoy. Definir un
sector de la población como enemigo interno y para ese sector no hay derecho
que valga. Opresión y represión y si es necesario aniquilamiento.
Bajo esa doctrina de seguridad
nacional se realizan detenciones arbitrarias, se tortura, se viola el
derecho a la defensa, se usan tribunales militares para juzgar
civiles, se realizan incomunicaciones y desapariciones, se extorsiona a
familiares, se realizan allanamientos sin orden judicial, se intervienen
comunicaciones y en algunas ocasiones se realizan ejecuciones extrajudiciales.
Nada extraño que a los
actos terroristas, el Gobierno responda con terrorismo de Estado, es la
manera de actuar de la cúpula que hoy gobierna.
09-08-18
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