Por Marta de la Vega
El 2 de diciembre de
2020 la Secretaría General de la OEA presentó un nuevo informe elaborado por Jared Genser, su asesor
especial sobre la Posibilidad de Proteger. Sin olvidar el crítico
desabastecimiento de alimentos, su imposibilidad adquisitiva o hambruna
generalizada, escasez de medicinas, insumos, materiales o tratamientos médicos
que son también crímenes de exterminio de la población, enfatizamos la crisis
política.
Las conclusiones
reafirman las sostenidas en septiembre de 2020 por la Misión de Investigación
de las Naciones Unidas en Venezuela. Existen bases razonables para deducir que
desde el 12 de febrero de 2014 el régimen de Maduro ha estado cometiendo
crímenes de lesa humanidad.
Ante las denuncias
contra Venezuela que presentaron Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y
Perú, el informe de la OEA condena la inacción de la Fiscalía de la Corte Penal
Internacional por su lento avance, aún preliminar, mientras el régimen comete
crímenes cada vez peores en la creencia de su impunidad total.
El nuevo reporte es
abrumador en cifras y magnitud de los crímenes. Parte del informe expuesto en
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el panel de Expertos
Independientes de la OEA en 2018. En ese momento se alertó sobre la situación “alarmante,
gravísima y catastrófica” de las violaciones a los derechos humanos del régimen
de Maduro, en especial durante 2017 y en los 2 años anteriores.
Aunque desde 2002 el
Gobierno chavista ha impedido el ingreso al país de la comisión, la elaboración
del texto fue posible gracias a las informaciones, con pruebas documentadas, de
organizaciones de la sociedad civil y de algunos representantes del Estado.
Las denuncias más
graves entonces destacaban el aumento de la violencia y la criminalidad, los
altos niveles de corrupción en las altas esferas del régimen dominante y en
muchos de los estratos económicos y sociales, el quiebre de las garantías
constitucionales o la suspensión ilegítima del libre ejercicio de derechos
ciudadanos, así como un patrón sistemático de represión, judicialización y
represalias para quienes se opusieran o protestaran contra el gobierno.
Igualmente se
intensificaron persecución y amenazas contra la libertad de expresión, el
terrorismo de Estado con intervención de fuerzas armadas especiales y grupos
paramilitares o colectivos, por ejemplo, en la Operación Liberación
del Pueblo (OLP) o el Plan Zamora, a fin de someter o incluso eliminar a
personas inermes, con frecuencia residentes entre los sectores más pobres de la
población.
El ejercicio abusivo
del poder ha socavado y en ciertos aspectos destruido el Estado de derecho. Una
de las peores secuelas es la discrecionalidad y actuaciones arbitrarias de los
cuerpos de seguridad del Estado o de las fuerzas policiales. Estos se
convierten en criminales uniformados, sin subordinación ni respeto a la
autoridad civil legalmente constituida.
El debilitamiento de
las instituciones de la democracia se evidenció en las vulneraciones al
principio de separación de poderes del Estado, como la intromisión del Poder
Ejecutivo y Judicial en el Poder Legislativo y un Poder Electoral sumiso a la
voluntad del Poder Ejecutivo. Los candidatos a cargos públicos, escogidos, no
por méritos ni capacidades profesionales sino por afinidades políticas.
El clímax de tal
deterioro se da en 2017 con la ruptura del hilo constitucional del sistema
democrático, tal como señala en sus páginas preliminares el informe de 2018 de
la CIDH “con las Sentencias N.º 155 y 156 emitidas por el TSJ el 28 y 29 de
marzo, respectivamente, en las cuales levantó las inmunidades parlamentarias a
los diputados de la AN, estableció que sus actos constituyen “traición a la
patria”, otorgó al Poder Ejecutivo amplios poderes discrecionales, y se arrogó
competencias del Poder Legislativo.”
A partir de estas dos
decisiones ilegales, el régimen de Maduro pierde la legitimidad. No lo
olvidemos. “Como señaló la CIDH en su momento, tales medidas constituyeron una
usurpación de las funciones del Poder Legislativo por parte de los Poderes
Judicial y Ejecutivo, así como una anulación de facto del voto popular mediante
el cual fueron elegidos los diputados.”
No hay desde entonces
ni democracia ni Estado de derecho en Venezuela. Tampoco son válidas elecciones
convocadas por un régimen usurpador. Menos aún es serio considerar un
referéndum revocatorio en 2022 porque, incluso constitucional, no podemos
actuar con reglas de juego democráticas si no hay democracia.
Marta De La Vega es
Investigadora en las áreas de filosofía política, estética, historia. Profesora
en UCAB y USB.
07-12-20
https://talcualdigital.com/crimenes-de-lesa-humanidad-y-ruta-electoral-por-marta-de-la-vega/
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