Carolina Gómez-Ávila 01 de marzo de 2021
De ninguna manera lo creo, pero en estas líneas me
obligo a contemplar que es posible que haya algún venezolano que, sinceramente,
pretenda ayudar al retorno de la democracia ingresando en la estructura de
poder de la dictadura para modificarla desde adentro.
No lo creo, porque esa estructura se ha convertido en
un gigantesco monstruo criminal con los años, pero no en uno susceptible de ser
cambiado sino en uno con muchas herramientas para transformar a quien se
incorpore en él.
Esto significa que es más probable que, quien entre en
un sistema así, sea corrompido, amordazado o eliminado política o, incluso,
físicamente antes de que sea él quien logre modificar procedimientos e influir
en funcionarios para elevar sus acciones y encarrilarlas dentro del orden legal
y constitucional.
No se escandalice que esto lo tenemos muy visto. En
2015 votamos por varios que parecían probos y fueron comprados, extorsionados
por causa de su pasado o por aceptar, en presente, dinero o negocios opimos
para sí mismos y sus entornos. Otros fueron chantajeados, los amenazaron con
quitarles sus bienes y dañar a sus familias y, de esos, algunos optaron por
desaparecer del horizonte político, huyendo a otras tierras o borrándose a sí
mismos.
Finalmente, con otros tenemos la deuda de grabar sus
nombres en algún panteón que en el futuro habrá de honrarlos como víctimas de
crímenes de lesa humanidad.
Es que no era lo mismo plantear esta estrategia en
2005 que en 2015 o en 2021. Las condiciones sociopolíticas no se parecen en
nada. Pero por el ejercicio necesario, pensemos que todavía hay algún
¿incauto?, ¿delirante?, de trayectoria honorable que nos quiera obligar a
aplaudirle su intento de rectificar el accionar protervo de la dictadura por
obra y gracia de su luz política.
Como no creo que sean tan ingenuos ni estén tan
disociados, propongo preguntarles en cuánto tiempo consideran que puede
completarse una transición por esta vía. Seguramente dirán que depende de con
cuánto entusiasmo se sume la población y que mientras más los aplaudamos y
participemos en las farsas electorales que programe la dictadura, más pronto
veremos la libertad democrática reinando de nuevo en la patria del Libertador.
Pero no le dirán que este plan requerirá —incluso si
contaran con todo el favor del pueblo— de varias décadas. Porque su intención,
ni la de un centenar más como él, bastará para purificar una estructura
criminal que ya es transnacional.
Tampoco le dirán que, en esas décadas, es más fácil
que él derive en delincuente y no que la estructura evolucione hasta ser
demócrata.
Justo en este punto importa que la comunidad
internacional actúe, que ponga coto a los socios que la dictadura tiene por el
mundo y a un puñado de gobiernos que apoyan estas prácticas. Es para eso que
pueden ser útiles las sanciones, pero no tan tímidas y ocasionales. No solo se
trata de evitar que se sumen más venezolanos a la corporación en el poder sino
de castigar a los que, por ella, se lucran aquí y en el extranjero.
Veamos si ahora la Unión Europea toma el pulso y si la
administración Biden, que acaba de demostrar que no amenaza antes de actuar,
son capaces de coordinar sanciones efectivas a ciertos individuos.
A los que quieren actuar por su cuenta, a los que no
han entendido que la AN2015 es el interlocutor que más fuerza tiene en la
comunidad internacional y que, quien tome iniciativas que no respondan a la
consecución de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, es
susceptible de ser sancionado.
Da lo mismo si le afecta en sentido práctico —si tiene
o no tiene bienes, cuentas o intenciones de viajar fuera del país— lo que
tendría que pesarle es el efecto de esa mancha en su hoja de vida y el deshonor
y rechazo que caerá sobre sus descendientes cuando él ya no esté.
Carolina
Gómez-Ávila
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