Efecto Cocuyo 05 de abril de 2021
Una investigación del Centro de Derechos Humanos
Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) a cargo de la experta Ligia
Bolívar, determinó los trámites que los migrantes venezolanos no pueden
realizar ante los Consulados de distintas partes del mundo, a causa de la
crisis política.
El estudio advierte que la ausencia de tales
servicios, evidenciadas desde febrero de 2019, afectan los derechos de la
población venezolana en el exterior, comenzando por la negación del derecho
básico a la identidad. No sin antes aclarar que la situación empieza en el
territorio nacional ante el deficiente desempeño del organismo competente
(Saime) y luego el cierre de registros y notarías a causa de la pandemia.
“Desde febrero de 2019 se viene presentando una
situación atípica en los servicios consulares de Venezuela, derivada de la pugna
entre dos bloques que reclaman la legitimidad de la representación del país”,
reza el estudio.
En consecuencia, señala el informe, pueden
identificarse varias situaciones: (a) consulados en manos de representantes de
Nicolás Maduro; (b) representantes del gobierno de transición que ejercen
algunas funciones consulares; y (c) servicios consulares duales en países donde
conviven consulados con representación de Maduro y representantes del gobierno
representado por la AN electa en el año 2015.
¿Qué asuntos son los que no se pueden tramitar ante
las secciones consulares?
La investigación señala entre otros:
• Expedir o renovar cédulas
de identidad.
• Legalizar o
apostillar documentos venezolanos.
• Legalización de
documentos de estudio (títulos, certificados, notas, etc.) realizados en el
exterior
• Emitir copia
certificadas de documentos venezolanos, excepto nacimientos, matrimonios y
defunciones que se hayan registrado en nuestra Embajada.
• Actualizar o extender
la vigencia de un documento venezolano que ha caducado (tales como licencias de
conducir, certificados médicos, etc.)
• Expedir constancias
relativas al estado civil (constancias de soltería).
• Expedir constancias
relativas a los antecedentes penales o buena conducta.
• Expedir constancias
de residencia en la República Bolivariana de Venezuela.
• Sellar documentos
privados (excepto facturas para seguros médicos venezolanos).
• Expedir documentos a
una persona totalmente indocumentada.
• Realizar trámites
personales de ciudadanos venezolanos ante las autoridades de los países de
nuestra concurrencia.
• Prestar ayuda
económica a los ciudadanos residentes en nuestra jurisdicción.
• Sugerir o recomendar
profesionales en ningún área (abogados, agentes de inmigración, notarios, etc.)
• Interferir en
procesos judiciales o asuntos de inmigración.
El registro abarcó aquellos países donde no existen
servicios consulares de Venezuela, países donde existe una situación dual, por
cuanto se desconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y no hay
relaciones diplomáticas, pero se mantienen relaciones consulares con
representantes del gobierno venezolano, pero también con el interino presidido
por Juan Guaidó. En esta situación se encuentran Perú, Canadá y la mayoría de
los países de la Unión Europea.
El material para el informe, que incluyó testimonios
de afectados se recopiló entre diciembre de 2020 y marzo de 2021.
Impacto
“La ausencia de servicios consulares está provocando
una serie de problemas para la población venezolana que vive fuera del país,
impactando lo que es el ejercicio de sus derechos, no solamente es el tema de
la identificación que es el que se ve con más frecuencia”, expresa la
investigadora Ligia
Bolívar.
La experta en temas de migración alude a todo lo
que tiene que ver, por ejemplo, con la imposibilidad de otorgar un poder para
que alguien represente sus intereses en Venezuela, ya sea para la compra y
venta de un bien o cualquier otra gestión ante la administración pública o ante
un tercero o un particular.
También se refiere al acceso a determinados servicios
en países receptores a causa de no poder apostillar o certificar un documento.
Uno de los principales problemas señalados por los
afectados es la imposibilidad de obtener un pasaporte nuevo o prorrogar
uno ya existente. El informe señala que la ausencia de dicho documento no solo
afecta el libre tránsito sino que impide realizar ciertos trámites, tales como
abrir cuentas bancarias o el acceso a otros productos financieros. También
dificulta la obtención de una visa que permita la permanencia en condición
regular en el país receptor y el acceso a los sistemas de salud.
Otra repercusión no menos importante es que familias
se ven impedidas de volverse a reunir, puesto que quien emigra en principio
quiere llevarse a la familia que dejó en Venezuela luego de establecerse en el
país de acogida, pero no se puede porque los integrantes del grupo familiar no
tienen pasaporte.
“Cabe destacar que, para la emisión de pasaportes,
bien sea en el país o a través de consulados – donde existen – a partir de los
9 años se exige la cédula de identidad, documento que solo es expedido por las
oficinas del Saime en Venezuela. De esta manera, la obtención del
pasaporte para los niños a partir de los 9 años resulta prácticamente
imposible, si han salido de Venezuela”, alerta el documento.
El estudio indica que si bien los representantes del
gobierno interino en el exterior han hecho esfuerzos para aliviar la situación
de los migrantes, tales como que los países de acogida reconozcan los
pasaportes vencidos (Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colombia, entre otros)
hay muchos documentos que los venezolanos afuera requieren que la gestión de
Guaidó no puede emitir. Entre estos, poderes, fe de vida, licencias de
conducir, certificación de títulos académicos.
Niños apátridas
“Más allá del pasaporte, existen otros aspectos del
derecho a la identificación que se ven afectados por la ausencia de servicios
consulares, como es el registro de niños hijos de padres venezolanos y nacidos
en un país donde no existe el servicio. Esta es una situación particularmente
compleja en Colombia, donde la nacionalidad no se adquiere por ius soli
(reconocimiento de la nacionalidad del territorio en el que se ha nacido)”, se
advierte en el informe.
Al no haber representación consular, se recalca, que
pueda registrar estos nacimientos, los nacidos en Colombia corren riesgo de apatridia.
Las autoridades colombianas han intentado dar solución a esta situación, aunque
con limitaciones.
En este sentido el informe insta a los países
receptores de población venezolana avanzar en mecanismos permanentes de
registro de hijos de venezolanos, a fin de evitar el riesgo de apatridia,
incluyendo la simplificación
del trámite, tomando en cuenta la imposibilidad de presentar documentos de
identificación emitidos por Venezuela.
Otro tipo de apoyo que deben prestar los consulados y
que se encuentra limitado, según la investigación, es la asistencia consular
a privados de libertad, que entre otras razones, puede estar relacionada
con infracciones a la normativa penal o a la condición migratoria irregular.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones del estudio a los países de
acogida de migrantes venezolanos, a partir de la comprensión de la crisis
venezolana están una mayor flexibilidad en los requisitos a exigir en
cuanto a documentos de identificación, como en lo relativo a certificaciones y
apostillas.
Asimismo, el desarrollo de sistemas para la expedición
de documentos de viaje a las personas que demuestren imposibilidad de obtener
un nuevo pasaporte venezolano, el cual permita además el estampado de visado.
“Partir de la base de que la población venezolana, en
un contexto de una salida forzada y de flujos mixtos, requiere protección
internacional, en vista de que la misma le es negada por su país de origen,
por lo que depende del Estado receptor para la producción de documentos que su
propio Estado le ha negado o es incapaz de producir”, sugiere el estudio.
El estudio igualmente llama a los países a establecer
servicios consulares con Venezuela, aun cuando se mantengan suspendidas las
relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro, a fin de asegurar que tanto
los ciudadanos venezolanos como los de otros países que residen en Venezuela no
se vean afectados en el disfrute de sus derechos a causa de diferencias
políticas entre Estados.
Se aclara que establecer servicios consulares no
implica reconocimiento de la legitimidad de un gobierno.
Para diciembre de 2020, Naciones Unidas proyectó que
la cifra de migrantes y refugiados venezolanos superaría los
6 millones en los próximos 12 meses.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico