Benigno Alarcón Deza 13 de marzo de 2024
@benalarcon
Luego
de incumplir el Acuerdo de Barbados y conformar su propia mesa de negociación,
el gobierno estableció el 28 de julio como fecha para la elección presidencial
y a través del CNE anunció un cronograma electoral que no cumple con las
garantías mínimas exigidas para una elección libre, justa y competitiva, aunque
podría servirle a determinados actores locales y foráneos que desean pasar la
página de las sanciones. Bajo esta premisa, el gobierno busca mantenerse en el
poder y normalizar las relaciones con el mundo.
En
todo caso, en términos electorales existe un cronograma formal para unas
elecciones que se realizarán en un plazo menor de seis meses, 145 días para ser
exactos, en el que se contemplan 90 actividades dentro de todo el proceso para
este tipo de comicios.
Hay que destacar que dado que el plazo para la postulación es inmediato, del 21 al 25 de marzo -y que casualmente son previos al inicio de la Semana Santa-, deben tomarse decisiones en el muy corto tiempo con respecto a la inscripción de la candidatura de la oposición.
El
periodo para el Registro Electoral (RE) también es estrecho: del 18 de marzo al
16 de abril. El principal problema tiene que ver con los 4,5 millones de
personas que están inscritas en el RE y están en el exterior, pero que tendrán
que actualizar sus datos; luego están los 2,5 millones de venezolanos rezagados
mayores de 18 años que no están inscritos, divididos entre quienes están fuera
y dentro del país. A esto se suman las personas que han migrado
internamente y que tampoco han actualizado sus datos de ubicación.
No se
observa disposición de abrir muchos centros de inscripción, especialmente en el
exterior. En los países donde hay consulados abiertos, se trata de mantener una
baja expectativa porque el gobierno está consciente de que los nuevos votantes
no van a favorecer a su candidatura.
De
manera que suplir ese déficit en el RE es improbable, por no decir imposible,
en tan corto tiempo. Para ello se requeriría de un operativo con una campaña
bastante fuerte y no hay recursos ni manera de llegar a la población con un
mensaje en ese sentido, tomando en cuenta las limitaciones de los medios de
comunicación, producto de la censura.
A
nivel internacional, si el gobierno estuviera interesado en atender ese tema,
tendría que hacer un despliegue importante en países como Colombia, Perú y
Chile, donde se concentra la mayor cantidad de migrantes venezolanos. En
Estados Unidos, donde hay unos 550 mil venezolanos censados, no se podría hacer
nada puesto que no existe sede consular.
Adicionalmente,
el período fijado para la campaña electoral, entre el 4 y el 25 de julio,
también representa una restricción importante. Los candidatos y los partidos
tendrán menos de un mes para dar a conocer sus propuestas.
Uno de
los aspectos clave para garantizar la integridad electoral es la observación
internacional, para lo cual los plazos tampoco son los indicados. La invitación
a los observadores internacionales se acaba de hacer este jueves 7 de marzo,
incluyéndose a la CELAC, CARICOM, La Unión Interamericana de Organismos
Electorales, el Panel de Expertos de la ONU, la Unión Africana, La Unión
Europea y el Centro Carter “siempre que cumplan con la normativa constitucional
y legal”. Se insiste en que, de este modo, “el CNE acoge las propuestas
suscritas en el Acuerdo de Barbados entre el gobierno y la oposición, el 17 de
octubre de 2023, y el Acuerdo de Caracas, el 28 de febrero de 2024”, en un
evidente intento por justificar y legitimar las decisiones relacionadas con la
próxima elección presidencial.
La
realidad es que muy pocos de los organismos mencionados tienen los recursos,
humanos y materiales, la experticia y la experiencia necesaria para constituir
una verdadera misión de observación electoral. Quizás haya la posibilidad de
contar con alguna misión, pero no en la dimensión y condiciones que se requiere
para una elección de esta magnitud. Tales misiones, si llegan, lo que depende
del gobierno y de alcanzar los acuerdos operativos necesarios con el CNE, no
van a poder estar en las etapas preliminares del proceso.
La
máxima oportunidad y el escenario suicida de la oposición
Una de
las razones por las cuales el gobierno decidió acortar los lapsos es para no
estar mucho tiempo en campaña. Quieren pasar esa página pronto porque Maduro no
logra repuntar, lo que quedó claro en la totalidad de los estudios de opinión y
en los procesos de movilización intentados durante los últimos meses. Entre
esta y la próxima semana la atención y el debate se concentrará en la suerte
que correrá la candidatura de María Corina Machado ante un cronograma electoral
que establece que la presentación de postulaciones se hará entre el 21 y el 25
de marzo, o sea un proceso que cierra en doce días, mientras la admisión o el
rechazo de postulaciones ocurrirá durante el inicio de la Semana Santa.
Luego
de la Primaria, que concluyó con el triunfo arrollador de María Corina Machado
(MCM), los partidos de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) se han
concentrado en la campaña. Particularmente la líder opositora está haciendo un
esfuerzo importante para conformar su comando y los comanditos y ha realizado
visitas a diferentes regiones del país. Y después de los anuncios del
cronograma por parte del CNE ha dicho que llegará hasta el final para inscribir
su candidatura y lograr elecciones libres.
Pero
dado el corto plazo para que se presente su candidatura, diversos sectores han
planteado que debe designarse un sustituto debido a que el gobierno no dará
marcha atrás a la inhabilitación. En cualquier caso, la estrategia unánime es
mantenerse en la ruta electoral, con MCM o con quien esta designe si no puede
inscribirse.
Si por
alguna razón derivada de negociaciones y presión ciudadana llegara a
inscribirse, Machado ganaría de calle la elección. Pero si no es posible, ¿qué
pasaría?
Por
ahora hay una oportunidad importante para Machado, que no puede ser desechada
porque estaría dilapidando su liderazgo y capital político. Y muchos, del lado
del gobierno y algunos desde una oposición acomodaticia a los intereses del
gobierno, están apostando justamente a ello.
La
oportunidad está en que si no se puede inscribir, pueda darse una transferencia
de su apoyo a través del voto. Por ahora, lo que dicen las encuestas, es que
ese poder de transferencia estaría funcionando si, y solo si, es ella, haciendo
uso de su liderazgo, quien hace la designación de su representante, que es distinto
a ser sustituida. El atributo esperanzador de cambio que representa Machado
está vivo y no puede sustituirse en un liderazgo que no se identifique y sea
representativo de su mensaje y proyecto, pero habrá que ver hasta dónde los
partidos de la PUD logran entender que es ahí en donde radica hoy su base de
apoyo y su poder.
Desde
el punto de vista de las percepciones, si Machado pierde el atributo de ser
quien lidera a las grandes mayorías que reclamen un cambio político, y de
continuar siendo la potenciadora de la esperanza, las cosas podrían cambiar en
detrimento de la misma oposición. En este sentido, las actuales acciones del
gobierno apuntan a sembrar la desesperanza manteniendo la inhabilitación, para
que se perciba que todo está perdido, que no hay nada que hacer, pero hasta
ahora, según las mediciones más recientes, no han logrado aún destruir la
esperanza de cambio.
Las
investigaciones indican que Machado tiene una capacidad muy importante de
endoso, especialmente si se trata de una figura desconocida, que no sea una
candidatura vinculada a los intentos del pasado, pero cercana a ella, que no se
diferencie de ella, sino que la represente legítimamente y permita a María
Corina continuar liderando, seguir siendo el motor del proceso, porque el liderazgo
es algo que no se puede inhabilitar. En otras palabras, alguien que la
represente, y no que la sustituya. Ello, además de mantener abierta la
posibilidad de incluir su postulación hasta el 18 de julio, si la presión sobre
el gobierno se vuelve inmanejable para este, pero aun en caso contrario podrían
mantenerse altas las esperanzas de un cambio político si María Corina Machado
se mantiene activa y hace uso de su liderazgo para movilizar al país en favor
de quien la representa en el proceso.
Otro
aspecto muy importante, en favor de esta estrategia es que hasta el día de hoy
los intentos del gobierno por dividir los apoyos en la oposición no han
funcionado, y de mantenerse esto no habrá fragmentación del voto opositor, ya
que en las encuestas prácticamente no sale ningún otro candidato distinto a
María Corina Machado. En este sentido, hoy la unidad de la oposición depende,
principalmente, de que se mantenga la unidad en torno a María Corina Machado, y
el desafío para ella y la Plataforma Unitaria, es mantener y cuidar ese
liderazgo, que constituye hoy el capital político sobre el que se sustenta la
esperanza y las posibilidades reales de éxito en la próxima elección
presidencial.
La
gente espera que María Corina ejerza el liderazgo, pero también quiere participar
electoralmente y no pareciera dispuesta a apoyar un boicot, porque al fin y al
cabo la elección tendrá lugar. Si se llamase a un boicot electoral nuevamente,
como algunos ya han insinuado, esto dividiría irremediablemente a la oposición,
generándose un daño irreversible, pero si hay una candidatura que la
represente, y que sea designada por ella, con las características antes
explicadas, es factible endosarle la casi totalidad de los votos que obtendría
Machado. Pero si ese candidato o candidata designada no está completamente
asociado a la imagen y propuesta de Machado, la posibilidad de endoso
desaparece, al tiempo que aumentarían los niveles de abstención y fragmentación
del voto opositor. El escenario ideal para el gobierno: divide et
impera.
En un
escenario distinto, si María Corina Machado, haciendo uso de su liderazgo y
siguiendo esta lógica, designa a su representante a la candidatura mientras la
Plataforma Unitaria elige a otro distinto, estaríamos ante un “escenario
suicida” para la Plataforma Unitaria y los partidos políticos de la oposición
que podrían terminar con las manos vacías.
El
suicidio del gobierno
Evidentemente,
en un escenario como los descritos es posible que el gobierno decida
inhabilitar a cualquier persona que pueda desafiar electoralmente al gobierno,
comenzando por cualquier opción que represente y cuente con el total apoyo de
María Corina Machado y la PUD en los términos sugeridos.
El
problema para el gobierno es que, de ocurrir una nueva inhabilitación, o
cualquier otro evento que impida que un nuevo candidato propuesto por María
Corina Machado y la PUD no pueda inscribirse, estaría destruyendo la
legitimidad de su propia elección, aumentando exponencialmente el riesgo de una
escalada de conflicto interna, así como de la presión interna e internacional,
comprometiendo seriamente la gobernabilidad futura de todo el sistema y la
normalización de sus relaciones con el sistema internacional.
En
otras palabras, tendría, en el mejor de los casos, una elección inútil a los
fines de legitimar a Maduro, que no le resolverá los problemas que le generó la
del 2018, y por el contrario podría terminar aumentándolos dramáticamente.
Aunque
en algunos sectores se crea que ya el gobierno logró su objetivo de cuadrar el
tablero de juego para “ganar” la elección presidencial de esta año, el juego no
termina hasta que termina, y este juego político está aún lejos de haber
terminado, especialmente por el hartazgo de la población que se demuestra cada
vez que Maduro llama a movilizarse para votar, como sucedió en el referéndum
sobre el Esequibo, o a manifestarse como sucedió hace quince días cuando se
trancó la ciudad para conmemorar la declaración anti-imperialista de Chávez, y
por una creciente aspiración de cambio que prevalece y la existencia de un
liderazgo que hoy encarna esa necesidad.
A
otros sectores como los empresarios, la iglesia y la comunidad internacional,
lejos de adoptar una actitud conformista: “porque aquí no habrá cambio y hay
que normalizar las relaciones” o “continuar haciendo negocios”, les corresponde
actuar en consonancia con principios que son universales y que serán la regla
por la que sus actitudes de hoy serán evaluadas en el futuro, para, desde una
actitud más cónsona, exigir el respeto a las reglas del juego democrático y
acompañar un proceso que sin la participación de la candidata elegida en una
primaria por la oposición, nunca podrá ser calificado como libre y democrático
y que, en el mejor de los casos, tendrá grandes déficits de integridad
electoral, pero que representa una oportunidad de cambio bajo condiciones que
pueden producir un stunning election.
Benigno
Alarcón Deza
@benalarcon


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