EFE 03 de diciembre de 2024
El
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas investigará los comicios del 28
de julio y dictó varias medidas provisionales urgentes para el procedimiento
El
Comité de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU abrió
un caso contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela para investigar
el presunto fraude electoral en los comicios del pasado julio y le
exigió conservar las actas de escrutinio, según anunciaron este martes un grupo
de abogados denunciantes.
Uno de los abogados, Paulo Abrão, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de DDHH, confirmó a la agencia de noticias EFE que el Comité les notificó hoy que ha abierto su caso y ha dictado varias medidas provisionales urgentes mientras lo investiga, principalmente conservar los materiales electorales clave como las actas de escrutinio.
Abrão
es uno de los cinco abogados de la firma IHR Legal, radicada en Washington DC,
que denunciaron ante el Comité en octubre violaciones de fraude electoral
masivo, falta de transparencia, restricción al voto en el exterior, obstrucción
al control ciudadano y supresión de acceso a la justicia en Venezuela.
La
notificación del Comité indica que este ha “solicitado al Estado parte que
se abstenga de destruir el material electoral de las elecciones
presidenciales” incluyendo las actas de escrutinio, y otros documentos
necesarios para elaborar el acta de totalización, adjudicación y proclamación”
mientras investiga.
Los
abogados dijeron en una nota que la apertura del caso es un “avance crucial en
la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela”, y que “probablemente
concluirá con una decisión internacional muy trascendente e histórica que
constatará que Nicolás Maduro no es el presidente electo de Venezuela”.
En su
denuncia “se alegan violaciones a derechos políticos en perjuicio de un
venezolano común (no candidato), integrante de un grupo de millones de
venezolanas y venezolanos cuyos derechos humanos han sido violados por el
fraude electoral que Nicolás Maduro pretende consumar el 10 de enero de 2025″,
agregaron.
Ese
venezolano común es uno de los abogados, Ignacio Álvarez Martínez, residente en
EEUU, y que denuncia una privación del voto que es común al resto de sus
conciudadanos en el extranjero, de los cuales estiman que 5,5 millones están
habilitados para votar, es decir, una cuarta parte del electorado.
Los
abogados exponen en su denuncia la situación en Venezuela antes, durante y
después de las elecciones del 28 de julio, donde señalan un “patrón
sistemático de desconocimiento de la voluntad popular expresada en el voto,
cuando los resultados electorales no favorecen a Nicolás Maduro y sus aliados”.
E
inciden, al pedir medidas provisionales, “la posibilidad inminente de que se
materialicen daños irreparables a los derechos humanos”, ya que no es “un
típico caso en el que se cuestionan los resultados electorales por parte de un
candidato” sino “un escandaloso y gravísimo desconocimiento del
resultado de una elección”.
En ese
sentido, destacan que “a pesar de que se impidió votar al 99% de los millones
de venezolanos que viven en el exterior, las actas de escrutinio publicadas por
la oposición revelan que el gobierno en funciones perdió las elecciones
por una mayoría abrumadora de quienes sí votaron dentro de Venezuela”.
El
Comité de DDHH de la ONU es un organismo de 18 expertos independientes que
supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
por sus Estados partes.
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