Infolatam
Caracas, 12 noviembre 2013
Por MARIA
TERESA ROMERO
(Especial Infolatam).- El último mes de campaña electoral para las municipales del 8 de
diciembre en Venezuela, se inicia cargado de insólitas y desesperadas medidas
gubernamentales para intentar recuperar el apoyo popular perdido y así lograr
unos resultados electorales medianamente decentes, que no profundicen de una
forma fatal la percepción de debilidad y la precaria legitimidad que el
gobierno de Nicolás
Maduro arrastra desde su espuria elección el 14 de abril de
este año.
No sólo la expresión popular “Con Chávez se
vivía mejor” que recorre las calles de todo el país, especialmente en los barrios
pobres, sino también las más recientes encuestas evidencian cómo Maduro está
perdiendo aceleradamente el capital político que heredó de Hugo Chávez. El
sondeo de la empresa Datanálisis de este mes señala que el 72,6% de los
venezolanos evalúa negativamente la situación del país, y el 54,9 hace lo mismo
con respecto a la gestión del Presidente de la República.
Las insensatas medidas “revolucionarias” de
los últimos 30 días de campaña se están tomando en todos los frentes. Sin duda,
el frente económico ha sido el prioritario ya que los increíbles niveles a los
que ha llegado la inflación, la escasez y desabastecimiento de rubros básicos,
la devaluación de la moneda nacional y el mercado paralelo de divisas son los
problemas que más preocupan y mantienen descontento a los venezolanos. De allí que en el marco de la ofensiva a la supuesta “guerra económica”
que según el oficialismo generan los empresarios y demás sectores de la
“ultraderecha” (no las erradas políticas económicas gubernamentales), se hayan
establecido controles y fiscalizaciones sin precedentes.
El gobierno llegó al límite del endeudamiento
y de la fabricación de bolívares –como lo ha reconocido el propio Banco
Central- para atender los requerimientos de los entes oficiales, continuar el
gasto público y satisfacer las “veleidades capitalistas” del ciudadano
venezolano sobre todo a tan poco tiempo de las elecciones. Por ello tomó la
efectista pero riesgosa decisión de decretar el cambio de todo el sistema de
fijación de precios y de porcentajes de ganancia en todas las actividades
económicas del país y emprender un gran operativo cívico-militar contra la
especulación y el acaparamiento.
Como era de esperarse, la primera medida de
control tomada –intervenir los comercios de electrodomésticos, poner presos a
sus gerentes y obligarlos a vender a pérdida-, ha provocado que miles de
personas se agolpen a las puertas de los establecimientos no sólo para
aprovechar los precios “justos” decretados, sino también para saquearlos a la
vista de los militares y otras fuerzas de seguridad que, a sólo tres días de la
medida, en muchos lugares no han podido restablecer el orden. El caos
ha sido tal, que el gobierno se adelantó a echarle la culpa a la oposición de
los saqueos, obviando que el propio presidente Maduro incitó al hecho al
acompañar la medida con el lema “dejar los anaqueles vacíos”.
Pero ésta y otras medidas antidemocráticas
que el gobierno tomará en los próximos días amparado en una nueva Ley
Habilitante que le da poderes especiales, medidas violatorias del derecho a la
propiedad privada que establece la constitución nacional, pronto se
revertirán contra el propio gobierno porque a mediano plazo agravará la
situación económica, producirá la quiebra de miles de comerciantes y la pérdida
de empleos de miles de venezolanos.
En el frente político, además de solicitar a
la Asamblea Nacional la ley Habilitante para supuestamente acabar con la
corrupción galopante en el país -la cual le es otorgada en virtud del
allanamiento sin pruebas a la inmunidad parlamentaria de una diputada
opositora-, las más recientes medidas incluyen mayor represión y persecución
militar y policial en contra de políticos opositores, acompañadas de una
campaña de incitación al odio y a la violencia sin precedentes.
Especial estupor ha causado la distribución
de afiches donde aparecer rostros de los opositores Henrique Capriles, Leopoldo
López y María Corina Machado con el texto de “reconócelos. Son la Trilogía del
mal. Te quitan la luz. Te quitan la comida. Te quitan la paz”. A la vez, el gobierno, que sin rubor alguno ha confirmado públicamente
que espía y conoce todos los pasos que da la oposición, continúa ahogando
financieramente a las tres gobernaciones opositores, sobre todo la dirigida por
Henrique Capriles.
En el frente ciudadano, el oficialismo sigue
persiguiendo periodistas y acorralando a los medios de comunicación social y a
las organizaciones no gubernamentales, así como propiciando manifestaciones
oficialistas en contra sedes de gremios empresariales, mientras que lo único
que se le ocurre para combatir los graves problemas de inseguridad, salud,
educación, infraestructura, es la creación de un el viceministerio para la
“Suprema Felicidad Social del Pueblo”, encargado de coordinar las más de 30
misiones sociales del gobierno y de atender las diversas exigencias, reclamos y
necesidades de la población venezolana. Más burocracia para no hacer en
realidad nada.
Algunas de las medidas gubernamentales son
tan insólitas que no es descabellado pensar que ellas podrían también estar
dirigidas a preparar un clima de caos para suspender las elecciones del 8 de
diciembre, en el caso de no producirse en las últimas dos semanas de campaña
electoral una recuperación significativo del apoyo popular al gobierno. Ya varios dirigentes políticos de la oposición han alertado al respecto,
y recientemente el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática
(MUD), RamónGuillermo Aveledo, aseguró tener información de que “en el
gobierno se considera seriamente provocar un hecho extraordinario para
suspender las elecciones municipales”, llamando la atención sobre la
insistencia de Nicolás Maduro de sugerir constantemente esa posibilidad.
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