Por Michael Penfold
El diálogo, que es un
eufemismo para hablar de negociación, es un espacio incierto que se abre desde la
dimensión internacional en el contexto actual del conflicto político
venezolano.
En las próximas semanas
veremos si efectivamente la comunidad internacional continuará asumiendo un
simple papel de facilitador o más bien se verá obligada a mediar directamente
para buscar una alternativa que contribuya a resolver la actual coyuntura
política, económica y social en Venezuela.
La región tiene un reto: las
instituciones internacionales disponibles, sea la OEA o UNASUR, son
organizaciones bastante disfuncionales y con poca capacidad de articulación
política y con bajos niveles de legitimidad.
Distintos países
latinoamericanos favorecen estas distintas instancias dependiendo de la
temática o de los intereses que están en juego. Intercambian cada uno de estos
espacios en la medida en que las coaliciones regionales se van transformando.
Esto es claramente lo que ha
salido a relucir nuevamente con el caso venezolano.
Tanto Luis Almagro en la OEA
como Ernesto Samper en UNASUR, si bien persiguen agendas diferentes en el plano
internacional, cuando se refieren a la situación venezolana, han terminado
asumiendo estilos similares que no siempre facilitan un papel mediador. Ambos
han utilizado lo que se denomina “la diplomacia pública” para aumentar su
visibilidad y competir por el protagonismo sobre el mejor tratamiento para
atender el quiebre institucional del país, cuando más bien debieron haber
optado por una movilización diplomática igualmente activa pero mucho más
soterrada.
De ahí que en la medida en
que la crisis venezolana se siga profundizando, lo cual luce inevitable,
veremos cómo estos mismos espacios regionales, aunque frágiles, van a tener que
involucrarse crecientemente en la resolución del conflicto venezolano. No
obstante, por sus debilidades, estas mismas organizaciones tendrán que ser
complementadas por instituciones o actores extra-regionales, como la ONU o el
Vaticano, que puedan mediar de una forma más efectiva.
No puede ser de otra forma:
la magnitud de la crisis política, económica y social en Venezuela no sólo es
profunda sino que plantea literalmente un dilema existencial de supervivencia
para los diversos grupos en pugna. Unos grupos que, durante más de una década,
gracias a la retórica revolucionaria y el uso excesivo de un lenguaje de
guerra, se han acostumbrado a concebir la política
como todo o nada, en la que el diálogo es tan solo un mecanismo
de tregua y no la base institucional que garantiza la convivencia democrática.
Es por ello que no debe
sorprender a nadie que todos los actores relevantes, sobre todo aquellos
cercanos al mundo opositor, mantengan la desconfianza y el escepticismo; y que,
a pesar del gesto de aceptar el diálogo, ninguno de ellos esté convencido que
la situación política pueda ser transformada a través de semejante mecanismo
diplomático. Para muchos, y con razones de sobra, el pasado continúa siendo el
mejor predictor del futuro: hasta ahora la historia reciente ha mostrado que el
diálogo para el chavismo es tan solo una forma de postergar su verdadero
objetivo revolucionario.
Un paso para atrás para dar
dos hacia adelante.
De modo que es lógico
anticipar, en medio de semejante escenario, que cada grupo intentará mantener
vivo su mejor amenaza creíble para incrementar su poder de negociación en el
plano internacional, si es que esa posibilidad de diálogo realmente se
materializa.
El gobierno insistirá en su
control institucional y político sobre los poderes públicos para dilatar o
impedir una salida constitucional. La oposición insistirá en la necesidad de
materializar la activación del referendo revocatorio a través de la
movilización social. Y, por si fuera poco, la sociedad, cada vez más
insatisfecha y cada vez más dispuesta a acudir a las calles a protestar,
continuará aguardando desesperadamente en largas filas soluciones diarias
frente a la escasez de alimentos y medicinas.
El panorama es claro: el
chavismo representa un gobierno débil, sin fuerza electoral y con una seria
amenaza de un desbordamiento social, pero con un férreo control institucional.
En cambio, la oposición es electoralmente fuerte pero dispersa políticamente y
sin capacidad relativa de capitalizar definitivamente el creciente descontento
de los venezolanos.
El resultado de esta
equación es un país que no posee mecanismos políticos ni institucionales ni
electorales para dirimir sus conflictos; y por lo tanto, tampoco tiene
capacidad para abordar y resolver los problemas estructurales que enfrenta
tanto en el plano económico como social.
De ahí que la preocupación
internacional por la crisis venezolana sea genuina. Sería estúpido pensar de
otra forma.
El colapso económico, y por
estas mismas razones, las altas probabilidades de un derrumbe definitivo en el
sector petrolero, tendrían serias consecuencias, no sólo para el futuro del
país, sino para la seguridad hemisférica en general.
La crisis en la frontera con
Colombia, como consecuencia de las distorsiones cambiarias y los controles de
precio, es socialmente cada vez más aguda. Pronto, el flujo migratorio
venezolano, el desplazamiento del comercio, el continuo declive de las remesas
y la capacidad de absorber a los mismos inmigrantes colombianos que se quieran
regresar a su país de origen, va a implicar tensiones crecientes que el
gobierno neogranadino va a tener dificultades para atender y que pudiesen comprometer
parcialmente muchos de los avances que han logrado.
Centroamérica y el Caribe es
otra fuente de preocupación. La dependencia energética de estos países y su
gran vulnerabilidad frente a un cambio en los niveles de subsidio y provisión
petrolera; plantea una profundización de la crisis tanto fiscal como externa,
que muchas de estas pequeñas islas y naciones están padeciendo. Si bien
Petrocaribe ha sido un mecanismo petrolero de cooptación diplomática por parte
del gobierno venezolano, no es menos cierto que los caribeños y
centroamericanos tienen que ver una resolución del caso venezolano como algo
estratégico, pues el chavismo por si solo ya no puede proveer tanta
filantropía. Esto supone una posición menos servicial y más constructiva por
parte de estas pequeñas naciones, que ya ven en los Estados Unidos y México
aliados mas confiables pero tampoco muy generosos.
Y un colapso social, sin que
el país pueda reestablecer el orden político, algo que no es descabellado
imaginarse, implica un fenómeno de gran desestabilización, pues la violencia,
el crimen organizado y las actividades ilegales del narcotráfico, el secuestro
y el lavado de dinero, encontrarían un contexto aún más atractivo para
continuar creciendo a tasas aún mayores.
Es obvio: el asunto venezolano
tiene ramificaciones insospechadas que son regionalmente relevantes.
Eso no quiere decir que el
desenlace se decida en ese espacio internacional.
Los factores domésticos, en
especial, las protestas populares, la profundización de la contracción económica,
el papel de las Fuerzas Armadas, la amenaza de una disolución arbitraria de la
Asamblea Nacional y la presión del referendo revocatorio, seguirán marcando el
destino de una coyuntura que está en un punto muerto por no decir irresoluble.
También es sencillo concluir
que el último esfuerzo de facilitación internacional, que lideró el
ex-presidente Zapatero a través de UNASUR, se tropezó con las mismas
limitaciones que han tenido este tipo de iniciativas en el pasado: la
imposibilidad de llegar a acuerdos bilaterales entre gobierno y oposición.
Este fracaso muy
probablemente obligue a elevar la mediación internacional hacia otras
instancias que trasciendan a América Latina, como lo puede ser el Vaticano,
para buscar alternativas.
Y muy posiblemente la ONU,
quizá con una secretaria general en manos de Argentina, quien sabe, también
pueda jugar un papel destacado.
Pero todo eso será más
adelante. La primera fase, que es facilitar la construcción de una agenda y un
espacio de diálogo y negociación, lo debe cumplir UNASUR. La OEA pareciera
haber quedado relegada a la espera de activar la Carta Democrática en caso que
la situación se continúe deteriorando. Luis Almagro mostró sus dotes morales
pero también su poca pericia política. Si bien la secretaría general de UNASUR,
en manos del ex-presidente Ernesto Samper, es una fuente de preocupación para
la oposición ante su generosidad discursiva frente al chavismo, también es
cierto que Brasil, Chile, Paraguay, Argentina, Colombia y Uruguay son una
fuente de control.
Sin embargo, la verdadera
disyuntiva para la comunidad internacional es si realmente hay alternativas
para resolver el asunto venezolano. ¿Existe algún acuerdo, más allá de lo que
cada uno los actores desean individualmente, que sea satisfactorio para ambas
partes?
Si somos honestos, semejante
opción no es implausible.
Sin embargo, esta
posibilidad, aunque remota, requiere de un acto de buena voluntad, un acuerdo
político, una reforma constitucional y un acompañamiento internacional para su
verificación.
Una opción de esa naturaleza
supone un chavismo que abdica definitivamente su pretensión hegemónica,
especialmente frente a la Asamblea Nacional, y consecuentemente, abandone el
control sobre los poderes públicos para restaurar el Estado de Derecho.
Un acuerdo semejante también
supone una oposición dispuesta a convivir con el chavismo como fuerza política
y a aplazar sus aspiraciones presidenciales inmediatas por un corto periodo de
tiempo.
El acto de buena voluntad
sería remover los obstáculos que el gobierno ha colocado a la convocatoria del
referendo revocatorio y permitir que la recolección de firmas continúe su
camino sin mayores dilaciones.
El acuerdo, en cambio,
estaría orientado a dar garantías mutuas para ambas partes y podría tener
clausulas como las siguientes:
1. Una reforma
constitucional votada tanto por chavistas como opositores para reducir el
periodo presidencial de seis a cinco años y prohibir la reelección de la
primera magistratura. Esta reforma sería aplicada retroactivamente.
2. Una extensión del periodo
de los gobernadores y alcaldes de cuatro a cinco años con una reelección
inmediata, también aplicada retroactivamente.
3. Una amnistía concebida en
términos muy amplios para chavistas y opositores y que se extienda al estamento
militar.
4. Una renovación de todos
los poderes públicos de acuerdo a los lineamientos constitucionales
establecidos.
5. La implementación de un
programa de estabilización económica y protección social con acceso inmediato a
financiamiento internacional.
6. El acuerdo debe ser
ratificado popularmente y la consulta realizada concomitantemente con el
referendo revocatorio en caso que logre ser activado.
7. La comunidad
internacional, a través del Vaticano, se encargaría de la verificación del
cumplimiento del acuerdo.
Esta negociación lograría
otorgar garantías mutuas a todos los grupos relevantes. Aseguraría la
alternabilidad electoral tanto a los chavistas como a los opositores y también
le permitiría al país una salida pacífica y rápida a la dramática situación económica
actual.
Para el chavismo, el acuerdo
permite que el efecto del referendo revocatorio no precipite unas elecciones
presidenciales, pues, al reducir a cinco años el periodo presidencial, ya se
habría pasado el umbral de cuatro años para su convocatoria. El chavismo, a
través del Vice-presidente (en caso que la oposición gane el referendo
revocatorio), mantendría el control del poder ejecutivo y contaría con poco más
de un año para estabilizar la economía en el marco de un acuerdo nacional. El
chavismo también lograría posponer las elecciones presidenciales, regionales y
locales hasta finales del 2017. El chavismo garantizaría, aún perdiendo las
elecciones presidenciales del 2017, que un presidente opositor no pueda optar
por la reelección, lo cual aumentaría significativamente sus probabilidades de
volver a controlar la presidencia en un futuro próximo.
La oposición también obtiene
grandes ganancias a través de este acuerdo. Garantiza que se active el
referendo revocatorio. Logra instaurar el Estado de Derecho y la independencia
de los poderes públicos, así como la libertad de los presos políticos. Le
permite adelantar la elección presidencial en más de un año. Y garantiza
adicionalmente las condiciones electorales para ganar la Presidencia de la
Republica por un periodo de cinco años. Adicionalmente, la prohibición de la
reelección para la presidencia, también le permitiría a los distintos lideres
de la oposición, frecuentemente enfrentados por ver quien lidera la transición,
contar con un mecanismo efectivo que aumente la alternabilidad entre ellos.
Sin embargo, el verdadero
ganador sería la sociedad venezolana. El país lograría resolver por mucho
tiempo su problema de gobernabilidad y aseguraría de este modo la estabilidad
democrática. El acuerdo le daría un nuevo marco institucional a la sociedad
venezolana para dirimir sus conflictos políticos, garantizaría el
funcionamiento del Estado de Derecho y adicionalmente generaría un acuerdo
nacional que permita abordar los enormes desequilibrios económicos con miras a
promover el crecimiento y proteger socialmente a los sectores más vulnerables.
Obviamente, una negociación
de este tipo, mediado por la comunidad internacional, es un acuerdo histórico
pero también uno que quizás sea un sueño.
La realidad es siempre más
dura y en el caso venezolano: mucho más rebelde.
16-06-16
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