Por Anabella Abadi y Carlos
García Soto
El 7 de septiembre, luego
de un mes de haberse instalado la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el
Presidente Maduro acudió al Palacio Legislativo para anunciar al país diversas
medidas económicas y presentar un conjunto de ocho proyectos de Ley, que
espera seanaprobados por la ANC.
Proyectos de Ley no plantean
soluciones
En líneas generales, las
medidas anunciadas no lograrán resolver o atenuar la crisis económica. Por el
contrario, reconocen la profundidad de la crisis y la agravará.
Se profundizará la pérdida del
poder de compra del bolívar. En vez de atender el problema de inflación
desmedida que atraviesa el país, el Ejecutivo Nacional decide seguir impulsando
un conjunto de medidas que han resultado completamente ineficaces para proteger
la capacidad de compra del bolívar: aumentos salariales, aumento de
asignaciones directas y controles de precios.
Por décimo séptima vez en su
gestión, Maduro aprueba un aumento de salario mínimo, acumulando un aumento de
más de 6.500% desde que asumió la presidencia en abril de 2013. El bono de
alimentación ‒conocido como Cestaticket‒ acumula un aumento de casi 16.000%.
Maduro también anunció un
aumento de 40% de la Tarjeta hogares de la Patria y un nuevo bono de Bs.
250.000 que 3 millones de familias podrán usar para la compra de útiles
escolares.
Todo esto impulsará aún más el
crecimiento de la liquidez monetaria, lo que en el actual contexto recesivo se
traducirá en una mayor inflación, pues habrá cada vez más bolívares
persiguiendo menos bienes y servicios.
Por su parte, aunque Maduro
reconoce que “los sistemas de control de precios que hemos
usado en el pasado se han agotado, no son efectivos, no son eficientes, no han
sido eficaces”, propone la Ley de Abastecimiento Soberano y Precios Acordados,
que pretende crear “un nuevo sistema de fijación de los precios máximos de
venta al público”.
No podemos sino inferir que el
objetivo de la “nueva” Ley es seguir promoviendo el control del Ejecutivo sobre
la economía y no será más que la continuación de un fallido sistema de fijación
de precios que en Venezuela cumple
78 años el 9 de septiembre de 2017.
No se atenderá el problema de
escasez de billetes. La llegada de billetes de mayor denominación al país
resultó insuficiente para atender la creciente pérdida del poder de compra del
bolívar. Los billetes, que se supone deberían facilitar las transacciones, son
cada vez más escasos y los sistemas electrónicos de pago no logran responder de
manera eficaz su creciente demanda.
Para atender el problema,
Maduro anunció que todos los servicios públicos serán pagados por medios
electrónicos. Además, a partir del 11 de septiembre estará vigente nuevamente
la reducción del IVA ‒en hasta cinco puntos‒ a las transacciones que se
realicen mediante pagos electrónicos. También se aplicará una rebaja del ISLR a
aquellas transacciones que se realicen por medios electrónicos.
Las medidas buscan incentivar
el uso de medios electrónicos de pago, cuando en realidad el problema es la
baja calidad de los mismos. La falta de divisas para la compra y mantenimiento
de cajeros automáticos y puntos de venta, así como la mala calidad de los
servicios de Internet y las fallas del servicio eléctrico, hace que el uso de
medios electrónicos sea más una complicación que una solución ante el problema
de escasez de billetes.
No se plantea una solución
efectiva para la escasez de dólares. Sabiendo que los precios de la cesta
petrolera venezolana no se han recuperado a los niveles deseados de entre US$
70 y 100, y que la producción del crudo sigue cayendo, el ingreso de dólares al
país sigue mermando. No sorprende pues que las reservas internacionales se
ubiquen en niveles cercanos a los de 1995.
La inversión extranjera
directa permitiría generar una entrada alternativa de divisas y de ahí la
propuesta de una Ley para la Promoción y Protección de la Inversión Extranjera
en Venezuela. Vale recordar que en 2014, en el marco de la Ley
Habilitante, el
Presidente aprobó una Ley de Inversiones Extranjeras para
supuestamente impulsar la entrada de nuevos capitales, pero la norma se tradujo
en mayores controles, restricciones y desincentivos para los actuales y
potenciales inversionistas.
Ante una marcada escasez de
dólares y usando las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos como
excusa, Maduro anunció la implementación de una canasta de monedas para la
ejecución de transacciones internacionales en monedas como la rupia, el rublo,
el yuan y el euro, para así evitar la realización de transacciones con el
dólar. Un día después, el
vicepresidente Tareck El Aissami agregó: “no vamos a
subastar más en dólares, ya se acabó la subasta en dólares”.
Maduro incluso convocó una
serie de reuniones con los tenedores de bonos por las próximas dos semanas.
Todo parece reflejar que el
Gobierno central no tiene expectativas, al menos en el corto plazo, de lograr
aumentar la entrada de dólares al país. Esto, por supuesto, genera particular
preocupación entre los tenedores de deuda soberana y de Pdvsa, y los
productores nacionales y sus proveedores internacionales a quienes se les
adeudan miles de millones.
La ANC ante los anuncios
económicos
El Ejecutivo Nacional presentó
a la ANC un conjunto de ocho proyectos de leyes económicas. Sin embargo, no
corresponde a la ANC legislar en materia económica. Por el contrario, tal
competencia corresponde a la Asamblea Nacional, conforme a la Constitución
vigente.
Es preciso recordar una y otra
vez que si bien la ANC fue convocada y electa al margen de la Constitución, aun
si hubiera sido convocada conforme a la Constitución de 1999, su única misión
es la de redactar una nueva Carta Magna. Por ello, toda “legislación” que dicte
la ANC debe ser considerada como un acto dictado por un órgano que ha sido
convocado y nombrado en contra de lo dispuesto en la Constitución venezolana
vigente. Toda decisión que dicte la ANC tendrá un problema de legitimidad
fundamental.
Lo que parece se pretende
desde el Ejecutivo es que con la “aprobación” de esas leyes en materia
económica las autoridades estatales comiencen a aplicar sus contenidos. Y por
esa vía “legitimar” políticamente a la ANC. En ese sentido, igualmente, el
Ejecutivo Nacional intenta apalancar el costo de tales medidas en la propia
ANC.
Vale decir, el conjunto de
medidas anunciadas distan mucho de los llamados
al diálogo realizados a través del Decreto Constituyente
mediante el cual se instaura un gran diálogo Nacional Constituyente para el
perfeccionamiento del modelo de economía productiva y diversificada que
requiere la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial Nº 41.226
del 31 de agosto de 2017).
Por otra parte, la ANC
usurparía la función legislativa de la Asamblea Nacional si pretendiera dictar
unas leyes que, conforme a la Constitución de 1999, sólo la Asamblea Nacional
puede dictar.
Un balance general
Las medidas económicas y los
ocho proyectos de Ley presentados por el Ejecutivo a la ANC parten de un mismo
supuesto: la creencia de que a través de más controles se superará la crisis
económica. Por el contrario, la
valoración que cabe hacer de lo señalado por el Ejecutivo acerca de esos ocho
proyectos es que agravarán la crisis venezolana, al restringir,
criminalizar y hacer más onerosa la actividad económica.
A su vez, el conjunto de
anuncios deben ser valorados no sólo desde la perspectiva económica o jurídica.
Los anuncios vienen a ser una respuesta a la crisis política que atraviesa al
país, y constituyen, además, un instrumento más para el control político de los
ciudadanos, precisamente a través de un control aún más arbitrario de la
economía.
De hecho, en la misma
alocución en la cual fueron realizados los anuncios, el Presidente llegaría
a afirmar que “lo quiero hacer por las buenas, pero si
tengo que hacerlo por las malas y convertirme en un dictador para garantizarle
los precios al pueblo, lo voy a hacer por las malas”.
La aplicación de estas medidas
no ofrecerán los mismos pésimos resultados de las casi dos décadas de políticas
económicas fallidas. En realidad, ofrecerán peores resultados.
10-09-17
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