Simón García 16 de septiembre de 2018
@garciasim
Aunque
Nicolás Maduro insista en llamar plan al conjunto de decisiones económicas que
ha adoptado, los economistas y expertos en políticas públicas expresan un
consenso: acciones parciales, desarticuladas y contradictorias que carecen de
consistencia para su éxito.
Pero
no es en la interpretación específicamente económica donde nos interesa
detenernos, sino más bien en su rebote social, que ya se está sintiendo en la
vida cotidiana de la mayoría y en el análisis de sus motivaciones y efectos
políticos.
No se
puede ignorar que las medidas fueron presididas por una, de alto contenido
progresista, como fue el aumento
inusitado del salario, en línea totalmente contraría a los convencionales
programas de ajuste que concentran la austeridad en reducir salarios.
Sorprendió una decisión, efectivamente dirigida a proteger a quienes viven de
su trabajo y que, por primera vez, ponía a los salarios a subir por el
ascensor. También por primera vez, el régimen parecía girar hacia una
superación de su vacía retórica de justicia social y daba una señal, de
valorización del trabajo, como una de las bases de recuperación del país. .
Pero
las buenas intenciones son insuficientes, si carecen de medidas estructurales
para frenar la hiperinflación y si una flexibilización económica no se
corresponde con la flexibilización del sistema político y una reconstrucción de
condiciones democráticas en materia de procesos electorales y en términos de
acatar los mandatos de la Constitución Nacional, cuya vigencia esta suspendida
de facto..
Respecto
a intencionalidad política habría que precisar: 1. Al adoptar las medidas,
Maduro reafirma su posición preminente en la macolla de intereses que conforman
el poder en Venezuela. 2. La flexibilización económica es un falso paso atrás,
porque en vez de iniciar algún viraje en el modelo, se propone reforzarlo por
otras vías.3. Se intenta consolidar la hegemonía y el control del régimen sobre
la sociedad destruyendo las bases que sostienen a la clase media y
empobreciendo a la mayoría de los trabajadores, fijados a un salario techo que
es el más bajo de América Latina y que está perdiendo aceleradamente su
capacidad de compra. 4. El envoltorio progresista del aumento salarial es
rasgado por una segunda intencionalidad autoritaria: liquidar lo que aun queda
de sindicalización y asociación independiente al régimen. 5. La aparente
flexibilización en las reglas económicas apareja una ofensiva contra los
centros de transmisión y producción de conocimientos que afectan gravemente a
las Universidades, instituciones culturales y a la libertad de formación e
información.
Un
hecho, a la vez esperanzador y preocupante, es que la reacciones concretas a la
intención conservadora de las élites en el poder; afanadas en ganar tiempo,
encontrar fuentes de financiamiento indiferentes al respeto de la Constitución
y a eludir el urgente cambio de modelo,
provienen del movimiento social. Allí se siente el golpe contra la cultura
democrática que anula la contratación colectiva en todo lo relativo a la
remuneración, no sólo como medio de reproducción de la existencia sino como
estímulo al desarrollo humano.
Los
partidos siguen dominados por un silencio que ojalá obedezca a debates
reflexivos y críticos. Sin su concurso unitario y adecuado a las modificaciones
producidas en las tecnologías autoritarias, el cambio será más lento e
incompleto. Pero cambio habrá.
Simón García
@garciasim
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