Provea 17 de agosto de 2020
@_Provea
Esta
histórica resolución abre un proceso de discusión sobre las mejores prácticas
para reforzar las políticas y estrategias nacionales destinadas a cumplir la
responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de
guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, por conducto de
los mecanismos nacionales y otras instancias interesadas. El proceso
involucrará todas las instancias y órganos de derechos del Sistema Universal de
la ONU, así como a la sociedad civil, y concluirá en septiembre de 2021 durante
el 28 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
Sectores
cercanos al gobierno de facto tratan de justificar el solitario e inexcusable
voto negativo a nombre de Venezuela, afirmando que la Responsabilidad de
Proteger se usó como excusa en la ONU para la ilegal guerra contra Irak en
2003. Se debe aclarar entonces que ninguna resolución de las Naciones Unidas,
ni en el Consejo de Seguridad ni mucho menos en la Comisión de Derechos Humanos
(predecesora del Consejo de Derechos Humanos), dio base legal alguna para la
ilegal guerra de Irak de 2003.
Fue
en 2005 que por primera vez se aprobó la Responsabilidad de Proteger, dentro
del documento final de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas (14 a 16 de
Septiembre), por unanimidad y con participación de Venezuela.
Se
estableció entonces: “La aceptación clara e inequívoca de todos los gobiernos
de la responsabilidad colectiva internacional de proteger a las poblaciones del
genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa
humanidad. La disposición a tomar medidas colectivas de manera oportuna y
decisiva para tal fin, por conducto del Consejo de Seguridad, cuando los medios
pacíficos demuestren ser inadecuados y las autoridades nacionales no lo estén
haciendo manifiestamente”.
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