MARÍA TERESA ROMERO 14 MAYO, 2014
La respuesta de Roberta
Jacobson da pie a que continúen los rumores interesados; las sanciones tienen
sentido siempre y cuando se tomen en el momento oportuno
Incomprensible y desacertado que la
secretaria de Estado adjunta de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados
Unidos, Roberta Jacobson, en su comparecencia del pasado 8 de mayo ante el
Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, haya señalado que a
petición de la oposición en Venezuela, el gobierno de Barack Obama descartaba,
por ahora, imponer sanciones a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro
involucrados en abusos y violaciones a los derechos humanos.
La Sra. Jacobson aseguró que “algunos
factores de la sociedad civil” habrían solicitado a Estados Unidos no tomar
acciones en contra del gobierno venezolano “todavía”, con el fin de no
entorpecer el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición propiciado
por una misión de UNASUR y que al día de hoy se encuentra suspendido. Jacobson
no dio nombres específicos, pero afirmó que la solicitud venía de algunos de
los que estaban negociando, es decir, los representantes de la Mesa de la
Unidad Democrática (MUD), añadiendo que había una gran división dentro de la
oposición venezolana.
¿Fue una “mentirita blanca” para
reforzar su argumento sobre la cautela que, en su opinión, debe tener la
administración Obama frente al gobierno venezolano? ¿O una verdad a medias, en
el sentido de que algunos miembros de la oposición lo hayan solicitado pero no
la MUD oficialmente? ¿O se tratará simplemente de un error de información o de
entendimiento de sus fuentes que no tendría que haber transmitido?
Difícil saberlo, pero lo que queda
claro es que fue un desliz diplomático que ha creado confusión y ha afectado
negativamente la imagen de su gobierno y la de la oposición venezolana, aun
cuando el secretario general de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, le salió de
inmediato al paso a estas declaraciones y en un comunicado fue enfático al
señalar que “ningún vocero de la MUD ha solicitado a funcionario norteamericano
alguno lo que hoy ha trascendido en los medios. Y si alguna organización o individuo
de la sociedad civil lo ha hecho es bajo su responsabilidad y debe asumirla”.
Para la MUD, aclaró, están bien las sanciones individuales, más no las que
afecten a todo el país.
La subsecretaria a su vez respondió al
comunicado de Aveledo con una escueta declaración en la cual apenas señala que
“la oposición no ha sugerido específicamente que nos abstengamos de sancionar a
individuos”.
Se trata de una respuesta insuficiente
y confusa que da pie a que continúen los rumores interesados en desacreditar a
la MUD y profundizar las divisiones opositoras que, en mi opinión, son más de
forma y relacionadas con visiones estratégicas diferentes, que de fondo. A la
hora de la verdad, todos los factores de la oposición tienen un interés común
—el retorno de la democracia, parar la destrucción nacional propiciada por el
régimen “revolucionario”, lograr que el gobierno de Nicolás Maduro salga del
poder de manera democrática— y un proyecto similar de modernización y
desarrollo nacional, aunque algunos se ubiquen más hacia la izquierda y otros
más hacia la derecha del espectro político opositor.
La subsecretaria Roberta Jacobson y en
general todo el gobierno del presidente Obama, deberían declarar con claridad,
sin ambages, la verdadera razón sobre su negativa a sancionar a funcionarios
venezolanos, que no es otra que el temor (hasta cierto punto entendible) que
les produce un posible efecto boomerang de las sanciones, o sea, que las mismas
sean contraproducentes para el alcance de los objetivos que se proponen.
Sí, ciertamente, aunque sean
“sanciones inteligentes” (medidas económicas y de supresión de visas dirigidas
a personas específicas, no a toda la población), podrían resultar
contraproducentes, frenar el impulso que tiene la oposición venezolana justo en
el momento en que la popularidad de Maduro se encuentra en su más bajo nivel
histórico, y brindarle al régimen la excusa perfecta para justificar el fracaso
del “socialismo del siglo XXI”, reforzando así a un régimen que está
debilitándose, como bien dice Adam Dubove en su interesante artículo publicado
en PanAm Post.
Pero todo depende del momento en que
se lancen esas medidas propuestas por un nutrido grupo bipartidista de
congresistas estadounidenses y que cuentan con el apoyo de una buena parte de
la población venezolana, que observa asombrada e indignada el recato que hasta
ahora ha tenido la administración Obama hacia la brutal represión, las torturas
y las violaciones a los derechos humanos de los venezolanos por parte del
gobierno de Maduro.
Si se toman en un momento preciso, las
sanciones podrían ser útiles, muy efectivas, para debilitar económica y
políticamente al régimen —aún más de lo debilitado que ya está— y ayudar a que
otros gobiernos apliquen las mismas medidas o similares. Después de todo, el tema
de los derechos humanos es universal y todos los gobiernos que se dicen
democráticos se han comprometido a hacerlos valer, a rechazar de alguna forma
sus violaciones.
Y el momento preciso puede estar cerca
ahora que la MUD acaba de congelar su participación en el diálogo con el
gobierno por su falta de seriedad y responsabilidad en este esfuerzo. A un mes
de iniciado el diálogo, el gobierno no ha dado ni una respuesta a las
peticiones opositoras.
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