Por Jesús Alexis González, 12/06/2014
La renta en un contexto
económico, ha de entenderse como el ingreso periódico percibido como
consecuencia de ser propietario de un bien; mientras que la renta nacional son las retribuciones
(rentas) recibidas por los factores de la producción por su participación en el proceso productivo, bajo la condición de
rentas de la tierra (alquileres), de
rentas del trabajo (salarios por
proporcionar su trabajo a la producción) y rentas
del capital (intereses y beneficio del empresario). El comportamiento de
estos tres factores determina la situación del producto interno bruto (PIB), ya
que está conformado por el valor de los bienes y servicios finales producidos
por un país durante un año.
El rentismo, que en general
está asociado con aquellos países que perciben rentas de los hidrocarburos,
puede definirse (Beblawi, 1987) como un país cuya economía se apoya en rentas
externas sustanciales que son generadas
únicamente por una parte minoritaria de la sociedad, y cuyo principal
receptor y distribuidor es el gobierno
de ese país; situación que se traduce en la estructuración de un Estado distribuidor y de una economía
rentista donde el desenvolvimiento de las variables macroeconómicas está
condicionado a la óptica
política-ideológica del sector partidista dominante, ante el obvio poder
del gobierno para gestionar, administrar y distribuir las rentas dentro del
país (y en algunos casos fuera de él), al margen del funcionamiento del “resto de la economía” cuyo comportamiento productivo le resulta
(al gobierno) de poca trascendencia para la generación del ingreso nacional,
pero sí muy importante desde el ángulo tributario y fiscal en aras del
incremento persistente del gasto público (complementado con la perversa emisión
de dinero inorgánico).
El dominio gubernamental sobre el “casi” único sector productivo
nacional, ha venido desde el año 1948 (con marcado recrudecimiento en el lapso
“revolucionario socialista”) propiciando implicaciones de características
particulares que condicionan el desenvolvimiento político-económico-social
nacional, desde la malvada negativa de
utilizar el petróleo para incentivar y diversificar el “resto de la economía”
en aras de sostener con vil intención subyacente la lógica rentista (asegurándose la “propiedad” del país); pasando por
la adopción de una mentalidad rentista en
el imaginario colectivo (somos ricos y merecemos todo!!), hasta una subordinación manifiesta de los agentes económicos
hacia la renta petrolera (y hacia el gobierno de turno). No resulta
entonces un mero infortunio, que
habiendo Venezuela recibido en los últimos 14 años algo más de US$ 800.000 millones,
en la actualidad ocupemos la posición 136 de 142 países en el Índice Mundial de Competitividad, el
último puesto entre 132 países en el Informe
Mundial de Comercio, el lugar 185 de
189 países en el Estudio Hacer Negocio,
la “economía” en 2014 dependa en un 98%
de las exportaciones petroleras; en un marco de relación Estado-sociedad notoriamente populista, que tengamos la tasa de inflación más altadel mundo
con un 56,2% al cierre 2013 (23% en los 5 meses 2014), y que según el
Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) reflejemos una tasa de homicidios por habitante de las mayores del mundoy que unos
11.960.000 venezolanos (41%) vivan entre
la pobreza y la pobreza extrema.
La inclusión social, es
definida por algunos académicos como un proceso que asegura que aquellos con
riesgo de pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y recursos
necesarios para participar completamente en la vida económica, social y
cultural disfrutando normalmente de un nivel de vida y bienestar. Tal
contextualización, nos facilita asumir que la inclusión social está vinculada
con el acceso ciudadano a los derechos
políticos (participación en el proceso de toma de decisiones) y a los derechos económicos y sociales (empleo
digno, junto con procesos de redistribución social); ambos apuntalados por los lazos sociales forjadores de un modelo
de integración ciudadana, lo cual es diametralmente distinto al asistencialismo que en mucho atrofia la capacidad emprendedora de los
ciudadanos.
Esta concepción del desenvolvimiento social, es alterada no sólo por la actuación totalitaria presente en todo
Estado rentista, sino muy en
complemento con la proliferación en la sociedad
rentistade la denominada “clase
ansiosa” (Ambrosini, 2009) más preocupada por defender sus propias
posiciones sociales (sálvese quien pueda), que de descubrir los vínculos que
les unen con los otros sujetos de las comunidades más amplias de las que forman
parte (el gobierno contribuye con ello al establecer una división imaginaria
entre ricos y pobres). Tal indeseable “clase social” debe ser neutralizada mediante
una masificación de los lazos sociales hasta
solidificar un tercer sector (distinto
al público y privado pero en intercomplementariedad con ellos) que como agente social reaccione y juegue un
papel trascendente, tanto en la lucha
por la inclusión social como por la
perfectibilidad de la democracia en una misión trascendente más allá del uso continuo de los eventos
electorales como forma de “legitimarla”. Al propio tiempo, debe
establecerse una política de Estado en
materia económica que tenga como norte un funcionamiento del mercado con
participación mixta (sector público y privado) y donde el Estado se limita a
intervenir al momento de corregir fallas de funcionamiento. Sólo así se podrá
garantizar una Venezuela mejor para
todos(76% de los entrevistados es de tal opinión, según la encuestadora
Datincorp del mes de abril 2014).
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